Desprecio del tumulto

Hace unos días, a cuenta de los disturbios que están teniendo lugar en la comunidad catalana tras hacerse pública la sentencia sobre el procés[contexto id=»381726″], Amador Fernández-Savater hacía un «elogio del tumulto» como mecanismo popular para la desactivación de injusticias y la producción de leyes más justas. La tesis principal del autor es que el 15M primero y ahora la movilización contra la sentencia del Tribunal Supremo constituyen vivificadoras llamadas de atención de los desposeídos, que nos impelen a transformar de una vez nuestros mal llamados «sistemas democráticos». No hay justicia sin conflicto, ni conflicto sin tumulto. Se sobreentiende que las manifestaciones de la ultraderecha alemana contra la inmigración musulmana no gozarán de favor alguno, mientras que quienes reclaman pasar por encima de la voluntad de la mayoría de los catalanes -y españoles- para forzar la secesión unilateral de una región rica será aceptado como «factor de cambio histórico». Así que hay tumultos buenos y tumultos malos: primera lección para procedimentalistas timoratos.

Pero no es mi propósito responder al autor, que solo se refiere indirectamente a la situación catalana y más bien la aprovecha -el Pisuerga pasa por Valladolid- para presentar la tesis de que «solo el tumulto, el conflicto que viene de abajo, da lugar a la generación de nuevas leyes y a la libertad política». Yo quisiera más bien mostrar que las razones aducidas en favor del tumulto no son en absoluto aplicables al caso catalán. Me limitaré a presentar dos argumentos, el segundo de los cuales sirve no obstante como refutación general de la idea de que el tumulto -cuya ocurrencia periódica es seguramente inevitable- sea un fenómeno político que debamos abrazar.

De una parte, se habla de un sistema donde los dominados no tienen más remedio que salir a la calle para hacer frente a sus dominadores. Sin embargo, ¿quién domina aquí a quién? Bien sabemos que la minoría partidaria de la independencia se corresponde, con las debidas excepciones, con los ciudadanos de mayor nivel de renta. Y que quienes son sistemáticamente ignorados por el gobierno autonómico son los catalanes que quieren seguir siendo también españoles. Nos encontramos aquí entonces con el peculiar caso de unos tumultos alentados y quizá orquestados desde el poder autonómico, que además ha creado el necesario caldo de cultivo para su estallido tras décadas de intoxicación nacionalizadora en escuelas y medios de comunicación públicos. También señala el autor, alineándose con los postulados de los teóricos agonistas, que el consenso democrático es un opiáceo que priva de toda energía a las comunidades políticas. Pero si de Cataluña hablamos, el único consenso vigente ha sido y es el consenso nacionalista: ese oasis catalán que el procés se ha llevado por delante. Así que la plantilla habitual de la teoría de la resistencia, según la cual quien se echa a la calle es el oprimido, no es aquí de aplicación. Hemos de vérnoslas, por el contrario, con el insurrecto obediente: bonita paradoja.

De otra parte, es natural que en el texto de Fernández-Savater se hable de Maquiavelo y de Roma; como lo es que el nacionalismo insista en dibujar la democracia española como un franquismo disfrazado. Y digo que es natural porque el encomio del tumulto solo posee razón de ser en contextos autoritarios: allí donde el poder carece de legitimidad democrática y nadie disfruta de derechos políticos. O sea: donde nadie tiene voz para intentar persuadir a los demás de la justicia o razonabilidad de sus demandas. En las democracias representativas que cumplen unos mínimos estándares de calidad (como es el caso de la española, guste o no a sus enemigos), el tumulto es una aberración. No hablo de la movilización colectiva per se ni tampoco de la protesta pacífica (que por lo demás no tiene razón solo por el hecho de ser protesta ni por serlo pacífica), sino de esa rebelión a la que tantos dan la bienvenida si ejerce de ariete contra la aburrida democracia burguesa.

Dicho de otra manera: si uno tiene la capacidad de presentar sus argumentos y de votar a partidos que los representan, pero fracasa a la hora de imponerlos, ¿acaso le asiste el derecho a alzarse violentamente contra el poder establecido? Me temo que no. Y lo mismo vale para el acatamiento de sentencias judiciales en el marco de un Estado de Derecho. Esa reacción no es legítima: toca aceptar deportivamente el resultado en lugar de salir a quemar la ciudad. Aunque quemar la ciudad resulte -¡dónde va a parar!- mucho más entretenido.