Guía (antifascista) para reducir ilegalidades en microcréditos para Iglesias

Supongamos que Podemos quiere no volver a cometer ninguna ilegalidad -ni irregularidad- en la financiación de su campaña electoral para el 4 de mayo. Supongamos que, por supuesto, quiere evitar otra “Neurona” en la contratación de sus proveedores imaginarios. Y supongamos, además, que quiere cumplir -esta vez sí- con las indicaciones del Tribunal de Cuentas en la gestión de esos microcréditos que ya ha pedido a sus partidarios. Puestos a suponer, supongamos también que las irregularidades en las que -quizá involuntariamente- incurrió Podemos en anteriores convocatorias electorales obedecían a la ausencia de la experiencia de Gobierno que ahora ya tienen tantos en esa formación, empezando por su cabeza de lista.

¿Cómo explicar que todo un exvicepresidente Iglesias pudiera cometer las irregularidades del activista Iglesias en el cumplimiento de la legalidad con los microcréditos para Podemos?

Es verdad que Podemos olvidó comunicar al Tribunal de Cuentas las cuantías recabadas como microcréditos en las elecciones de 2019, pero hay que entender que Unidas Podemos es un conglomerado de partidos y quien pidió esos microcréditos fue solo Podemos. ¡Cualquiera se hace un lío!

También es verdad que, advertido por el órgano fiscalizador, el partido de Iglesias envió la documentación, y ahí el Tribunal de Cuentas vio que bastantes partidarios habían superado -en un sorprendente exceso de generoso entusiasmo- el límite de 10.000 euros que, como máximo, permite la ley en concepto de microcrédito individual. Y 10.000 euros no es poco: es casi el salario mínimo de todo un año.

La semana pasada, Podemos informó a la opinión pública de que, en solo 24 horas, había recaudado más de medio millón de euros en microcréditos para la campaña del 4 de mayo. Nada menos que 576.000 euros en un solo día, del total de dos millones de euros que pretende mostrar por esa vía. Informar a la opinión pública de un récord momentáneo es voluntario. Dar información completa posterior al Tribunal de Cuentas es obligatorio.

Como esto es una guía (por supuesto, antifascista), ahí van algunas sugerencias para esa obligada información posterior:

Los microcréditos no son una donación. El partido Podemos deberá reintegrarlo a sus partidarios. Para hacerlo correctamente, antes deberá recabar por escrito la identificación completa de los aportantes (nombre, domicilio, DNI), la cantidad prestada, los intereses pactados y el plazo de devolución acordado. Todos estos datos deben enviarse, convenientemente listados, al Tribunal de Cuentas. Que un listado así será muy prolijo… pues depende. Con aportaciones de 10.000 euros, el listado de donantes sería solo de 200 personas para los dos millones que se ha puesto Podemos como objetivo. Prolijo o no, el listado es obligado.

Lo normal -y lo procedente- es que el reintegro se produzca en el momento en el que el partido recibe la subvención acorde al número de escaños obtenidos. ¿Y si el número de escaños es cero, porque Iglesias no alcance el 5% del voto de los madrileños? O, sin ser cero, ¿qué pasa si el número de escaños es tan pequeño que la subvención no llega a esos dos millones de euros que Iglesias exhibirá en forma de microcréditos? Pues, como la donación es imposible, Podemos tendría que devolverlo con cargo a los ingresos de su contabilidad ordinaria.

El Tribunal de Cuentas sugiere que ese plazo máximo de devolución, si los resultados electorales fueran adversos, sea de un máximo de 12 meses desde las elecciones, como también sugiere que se eviten los préstamos en efectivo, en aras de la necesaria transparencia. Aparentemente, Podemos ha asumido esas recomendaciones en el folleto con el que informa de sus microcréditos a sus inscritos.

El tipo de interés que ha ofrecido Iglesias a sus partidarios es cero. Habrá que ver qué opina de eso el Tribunal de Cuentas pues la legislación electoral prohíbe tajantemente tipos de interés inferiores a los de mercado en los créditos bancarios a los partidos para cubrir sus gastos electorales. Aunque quizá la ausencia de una ley reguladora de los microcréditos deje hueco a un tipo de interés tan ventajoso. Además, la Caja de Ingenieros tiene acreditada experiencia en tipos extremadamente reducidos para su cliente Iglesias.

Elaborar una norma que regule los microcréditos es una petición expresa que el Tribunal de Cuentas ha trasladado al Gobierno a través del Congreso de los Diputados. Pide una regulación sencilla, y acorde con la financiación bancaria que obtienen los partidos para las convocatorias electorales. Solo tendría que recoger media docena de cláusulas: la cuantía máxima del microcrédito por persona (para no olvidar que son 10.000 euros); la garantía de que, con o sin microcréditos electorales, ningún dadivoso partidario pueda superar al año el límite máximo de aportaciones privadas a un partido político; que el ingreso de los microcréditos se haga siempre en cuentas bancarias electorales; que no se acepte nunca dinero en efectivo; que el plazo máximo de devolución no exceda en ningún caso de los 12 meses desde las elecciones; y que quede regulada la prohibición expresa de condonación de microcréditos de partidarios, como lo está la de los créditos bancarios.

Seguro que a Pablo Iglesias todo esto le parece fenomenal, no vaya a ser que alguien dude del origen de los fondos de tan magnánimos prestamistas entre sus inscritos.