Impuestos y valores

Se acerca una década definida por un elevado gasto público y con el consiguiente incremento en los impuestos. En nuestro país, un comité de expertos debate cuál será el perfil de esta subida, aunque ya se pueden intuir algunos de sus rasgos: menores bonificaciones fiscales; mayor imposición verde –del diésel al pago de tasas por circular en vías rápidas–; una regularización al alza de impuestos como el de patrimonio, sucesiones o donaciones; cuotas de autónomo más ajustadas a los ingresos reales; seguramente, una subida en sociedades y en los tramos más altos del IRPF; quizás más ajustes sobre el IVA e impuestos sobre las bebidas azucaradas, y así un largo etcétera.

En alguna ocasión, el gobierno ha hablado –como objetivo– de aumentar en noventa mil millones de euros la capacidad de recaudación de las administraciones públicas, lo cual vendría a cubrir la brecha que nos separa de los principales países de la Unión –una cantidad significativa que supone entre el ocho y el nueve por ciento del PIB nacional. Con este nuevo marco fiscal, Europa (y España en particular) aspira a modernizar la economía en algunos de los campos claves para el futuro –la inteligencia artificial, la robótica, la transición ecológica, la informática cuántica, el sector aeroespacial y el biosanitario o la digitalización–, sin dejar de lado la modernización del Estado del bienestar ni de hacer énfasis en la equidad social.

Sin embargo, Tyler Cowen, en un interesante artículo publicado la semana pasada en Bloomberg, se preguntaba acerca del impacto de este nuevo escenario –refiriéndose a los Estados Unidos– sobre los valores y las creencias morales de la ciudadanía. Dicho de otro modo, ¿qué mensajes se mandan con el alza de los impuestos y la expansión presupuestaria? Y su lectura resulta poco optimista a largo plazo. Porque los impuestos y los presupuestos estimulan determinados valores a costa de otros y, para Cowen, nada hay tan urgente en estos momentos como estimular el incremento de la riqueza, el ahorro individual y el crecimiento demográfico. Un país más joven, más rico y más saneado mandaría el mensaje de que vivimos en una sociedad donde el esfuerzo y la formación valen la pena; mientras que lo contrario –un país envejecido, subsidiado y endeudado– refuerza el mensaje opuesto: que hay lugares mejores en los que desarrollar nuestro proyecto de vida.

Es posible que, en parte, sea así. En España se da, por supuesto, un problema de escasez de oportunidades que nace de circunstancias estructurales. La severa erosión industrial que se ha vivido en estas últimas décadas sería el ejemplo más evidente. Pero, al mismo tiempo, hay un problema obvio, profundo, de escaso dinamismo social; de falta de empuje –diríamos–, en su sentido más positivo. En lugar de impulsar una espiral virtuosa y ascendente, a través de la cual los autónomos se conviertan en pequeñas y medianas empresas y éstas en grandes, se choca con las dificultades fiscales y regulatorias que tienen los negocios para crecer y mirar hacia mercados cada vez mayores. Un marco impositivo favorable no sólo estimula la captación de capital internacional en forma de inversiones extranjeras, sino que además propicia los proyectos locales y consolida los patrimonios nacionales –llamando a su vez a la libertad y a la independencia–; mientras que los subsidios puede tener el efecto opuesto: invitar a sus beneficiarios a una ineludible dependencia del Estado. Sea así o no, lo único cierto es que nos enfrentamos a un auténtico impasse que sólo el tiempo dirimirá.