El fantasma de la estanflación

Hay una Academia Norteamericana de la Lengua Española (ANLE) cuyo cometido es incluir los estadounidismos en el Diccionario de la Real Academia Española (DRAE). Con más de 55 millones de ciudadanos de origen hispano, Estados Unidos es el segundo país en el mundo en número de hispanohablantes. Se han ido incluyendo términos en español que reflejan la idiosincrasia nacional (la estadounidense, claro) y a las que se han debido habituar los hispanohablantes de EEUU. Entre ellas, aplicar, con el significado de solicitar, departamento para referirse a un ministerio, parada para designar un desfile o estanflación, del inglés stagflation, que sirve para definir una situación de estancamiento económico, con aumento del paro y de la inflación.

Y la cosa va de esta última. La estanflación. Pues es hoy el fantasma que se sienta en la mesa de los consejos de los principales bancos centrales del mundo y que por miedo a la misma comienzan a revertir sus estímulos monetarios. También trae de cabeza a los gobiernos de las grandes economías, embarcados en colosales programas de gasto público, que en la mayoría de los casos se han apenas empezado a implementar. La idea de ambas políticas, monetaria y fiscal, era recuperar cuanto antes los niveles de crecimiento previos a la pandemia y minimizar el coste social en términos de desempleo y de destrucción de empresas. Pero hoy los datos económicos son inquietantes, hasta el punto de obligar a repensar los estímulos que hasta hace semanas eran incuestionables. De la euforia hemos pasado a una moderada pero extendida preocupación. Por mucho que algunos, véase nuestro propio Gobierno, intenten mantener el optimismo.

La subida de la inflación, que cada vez es menos transitoria ante el imparable encarecimiento de las materias primas y de las fuentes de energía, junto con la caída de la oferta de algunos bienes manufacturados y el debilitamiento del crecimiento económico tras un vigoroso primer trimestre del año, no apuntan en la buena dirección. En España, el INE este jueves rebajó el entusiasmo del Gobierno con sus últimos datos: el PIB creció un 1,1% en el segundo trimestre. Una corrección traumática con respecto al 2,8% que había estimado el instituto, que aleja el objetivo oficial de recuperar el nivel de crecimiento anterior a la pandemia a finales de año y que sitúa el aumento del PIB a un 5% a finales de año, lejos del 6,5% al que aún se agarra el Ejecutivo.

Lo cierto es que son tantas y tan excepcionales las medidas tomadas en los últimos 18 meses para salir del shock económico provocado por la pandemia que hubiera sido un milagro conseguirlo sin crear distorsión alguna en la economía. Y hoy toca sortear los desequilibrios creados por las políticas de estímulo, principalmente los monetarios, y los efectos contractivos de la desglobalización en la oferta a causa de la interrupción de las cadenas de producción que ha provocado la pandemia. Si la liquidez de dinero sigue creciendo más que la producción de bienes, la inflación está servida. Y si ya se están trasladando las subidas de precios de las materias primas y la energía a los productos finales y los alimentos, ¿cuánto tiempo aguantarán los salarios sin subir? Es la pregunta del millón. Porque entonces no habrá vuelta atrás.

Pero sería una pena que fallaran las recetas expansivas puestas en marcha. Frente al dolor social causado en la anterior crisis financiera de 2008-13 por las políticas de austeridad fiscal, tiene que haber otra respuesta. Porque en situaciones excepcionales, se agradece que al igual que Mario Draghi al frente del Banco Central Europeo sorteó el mandato de la institución para salvar al euro y superar la crisis de la deuda, se tomen medidas excepcionales. Pero la política monetaria, que lo ha dado todo desde el principio de la pandemia, situando los tipos de interés en tasas negativas y reactivando sus programas de compra de bonos y activos financieros en los mercados para fomentar el crédito (por 80.000 millones de euros mensuales el Banco Central Europeo y 120.000 millones de dólares la Reserva Federal estadounidense), no puede seguir ignorando el inquietante panorama de la inflación, que supera el 3% en la UE y el 5% en EEUU. Siendo el objetivo de ambas instituciones mantener los precios en el 2%.

Y por eso el BCE presidido por Christine Lagarde como la Fed dirigida por Jerome Powell han anunciado en los últimos días que reducirán gradualmente sus compras de bonos y otros activos en los mercados financieros. En cuanto a los tipos de interés, han avisado que comenzarán a subir a partir de la segunda mitad de 2022. Ambas instituciones han sido capaces de sortear el llamado Tapering Tantrum, cuando en 2013 el anuncio de Ben Bernanke al frente de la Fed de que la institución empezaría a recortar sus inyecciones el mercado provocó un descalabro tal en los mercados financieros que puso al mundo de nuevo al borde de la recesión. Hoy el miedo a que la inflación arruine el crecimiento con una subida indeseada de los tipos de interés a corto plazo es mayor que la pérdida de un acceso permanente a una barra libre de liquidez.

¿Puede la política fiscal tomar el relevo? Porque esto se trata de quitar estímulos para rebajar las presiones inflacionistas sin descarrilar la recuperación. Hasta ahora la política fiscal de la mayoría de países se ha concretado en un dopaje sin precedentes a la actividad económica en forma de ERTEs o ayudas directas a las empresas o a los contribuyentes. Todo ello a costa de incrementar el déficit y la deuda públicos a niveles insospechados. Es hora de que lleguen los fondos de reconstrucción tras la aprobación de unos colosales paquetes de gasto público en la UE y, sobre todo, en EEUU. Y que, en el caso de la UE, ha sentado un esperanzador precedente de solidaridad. Tanto en la decisión de financiarlos parcialmente con la emisión de deuda común, que se ha demostrado muy exitosa en su primera subasta, como en la aceptación de conceder la mitad de las ayudas a fondo perdido.

Pero estos fondos, que servirían para impulsar todos los componentes de la demanda, no sólo el consumo si no también la inversión, aumentando así la capacidad de producción de la economía, no terminan de llegar. Y el calendario es ajustado. Según el INE, la inversión en España ha retrocedido un 3,1% en el segundo trimestre. Un dato preocupante que revela que las decisiones empresariales se están viendo frenadas por el retraso en la llegada de la ayuda europea. Sin inversión, el rebote del crecimiento se retrasará. Y mientras la deuda crece y las presiones sobre la oferta se mantienen y los precios suben, ¿cuánto tiempo pueden aguantar los tipos de interés sin subir?

Hay otro dato que en el caso de la UE puede acelerar el repliegue de la política monetaria expansiva: la preocupante evolución de la inflación en Alemania. Esta se sitúa en el 3,4%. Un nivel insólito para un país alérgico a la misma, por su traumática historia reciente (la hiperinflación en la república de Weimar que precedió a la ascensión del régimen nazi), y con una sobresaliente propensión al ahorro de su población. Con unos tipos de interés negativos y una inflación en esos niveles, es cuestión de poco tiempo que los pensionistas y los ahorradores del país se rebelen. A las puertas de un cambio de Gobierno en el país locomotora de la UE tras las elecciones generales de este fin de semana, ninguna opción que se haga con el poder se salvará de dar respuesta a esta creciente inquietud.

Los bancos centrales y los Gobiernos de las economías avanzadas convergen en su interés por evitar el calamitoso escenario de un crecimiento estancado con inflación. Pero las políticas para frenar el incremento de los precios dañan el crecimiento y las que impulsan el crecimiento pueden aumentar las presiones inflacionistas. En la UE no todos los países están alineados en sus prioridades. Y en EEUU, con la renovación del presidente de la Fed a principios de 2022, tampoco hay un consenso claro. El panorama es cuando menos inquietante.