Los enemigos del rigor y los datos
«El ímpetu reformador del Gobierno responde a las exigencias de Bruselas y a los compromisos adquiridos con sus socios podemitas»
Yolanda Díaz y Pedro Sánchez. | Jesús Hellín (EP)
No dejes que la realidad estropee un buen titular. Es una broma que conoce cualquier plumilla pero que tiene un fondo de verdad. Sobre todo en estos tiempo de postverdad y agitación de las emociones. Algo parecido pasa con las políticas públicas en este país. No dejes que los datos te chafen una gran reforma que hará las delicias de tus correligionarios aunque no resuelva el problema de fondo, sea cortoplacista (hasta que cambie el color del Gobierno) o no cuente con el deseable consenso social y político. Ya sea la reforma de la reforma del mercado de trabajo ahora en trámite de negociación, la del sistema de pensiones recién aprobada o las subidas del salario mínimo aplicadas, la ideología sigue pesando más que la evidencia. Tras vivir dos colosales crisis en menos de doce años, que han dejado graves secuelas sociales y puesto en evidencia los déficits de nuestra economía, la evaluación de las políticas públicas es más necesaria que nunca. El regreso del Estado en forma de gasto masivo de dinero público, con la llegada de los fondos europeos, la hace aún más urgente.
El ímpetu reformador del Gobierno responde en parte a las exigencias de Bruselas pero también a los compromisos adquiridos con sus socios podemitas de Gobierno. Y cabe preguntarse si estas son dos motivaciones incompatibles. En el primer caso es una de las condiciones a cambio de recibir los 140.000 millones de euros que se ha asignado a España del fondo Next Generation. Su vinculación debería suponer una oportunidad para avanzar en las reformas, pero está aún por verse si las abordadas hasta ahora, en las que han acabo imponiéndose el criterio de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, frente a los presuntamente más ortodoxos de la vicepresidenta primera y ministra de Economía, Nadia Calviño, y el titular de Seguridad Social, José Luis Escrivá, están alineadas con las recomendaciones de la Comisión Europea.
La falta de una cultura de evaluación de las políticas públicas es un obstáculo para el buen uso de los recursos públicos y la prosperidad. Ya vimos lo que pasó con el informe del Banco de España sobre los efectos de la subida del salario mínimo interprofesional del 30% aprobada desde 2019. En él se reconocía que el incremento de esta retribución es un componente clave en la lucha contra la desigualdad, pero observaba un efecto mixto sobre el empleo, con repercusiones negativas en los colectivos de baja productividad, jóvenes o mayores de 45 años. Y aconsejaba que se compensaran esos efectos con políticas de formación a estos trabajadores para evitar su exclusión del mercado laboral. ¿La respuesta? Los sindicatos pusieron el grito en el cielo y en el Congreso un diputado de Unidas Podemos instó a «correr a gorrazos por impresentable» al gobernador Hernández de Cos.
De lo mismo adolece el debate en torno a la recién aprobada reforma de la pensiones que no ha sido respaldada por la patronal. La solución para financiar la hucha de las pensiones hoy vacía –una subida de 0,6 puntos de las cotizaciones sociales- no garantiza su sostenibilidad y no es ni mucho menos solidaria con las siguientes generaciones. Nos aleja además de lo que están haciendo otros países europeos que alargan el periodo de cotización y dan la opción de jubilarse más tarde en función de la esperanza de vida. Organismos de evaluación de gran solvencia como de nuevo el banco central, el BBVA o Fedea, han advertido en este sentido. Pero de nuevo en la decisión ha pesado más la cuestión ideológica. No importa si la reforma de verdad se aplaza de nuevo ni si para entonces, por la evolución demográfica y de las cuentas públicas, esta será más dolorosa.
En lo que respecta a la reforma de la reforma laboral, parece descartado que se contemple algún efecto positivo de la ley del PP. Si los ERTE de Fátima Báñez, el mecanismo que tanto criticó la izquierda cuando estaba en la oposición y ahora se ha apropiado sin pudor el Gobierno, han servido para proteger a 3,5 millones de trabajadores en el peor momento de la crisis provocada por pandemia, ¿por qué descartar otros efectos positivos de la reforma del PP sobre el empleo? Tal sería el caso, y con datos que lo corroboran, de primar los convenios de las empresas sobre los sectoriales para hacer frente a los choques de la demanda como los vividos en estas dos crisis que ha permitido a las empresas mejorar su capacidad de adaptación.
La asignatura pendiente sigue siendo la temporalidad que la última reforma no resolvió. ¿Podrá la reforma que se negocia ahora solucionar esta anomalía? La intención de regresar a una mayor rigidez en las relaciones laborales no apunta en el buen camino. Con más razón dado que España será este año el país desarrollado en el que más aumentarán las insolvencias empresariales. Un 24% más de empresas acudirán al concurso de acreedores.
De ahí la importancia de la llegada de los fondos europeos. Tras sobrevivir con respiración asistida gracias a los ERTE, los créditos directos y la hibernación de las suspensiones de pago, el relevo de las inversiones con dinero europeo resulta vital. Pero tampoco aquí el Gobierno está actuando con la rapidez que aconseja la inestable situación económica de España, cuyo crecimiento se ha estancado. De los 26.000 millones de euros procedentes de la UE e incluidos en los presupuestados para 2021 solo se ha asignado el 35% de los fondos. El importe no ejecutado se sumaría a los 27.600 asignados para 2022. Una cantidad importante que supone un reto colosal de administrar.
Para ser el país más rezagado de la UE en la recuperación económica, debería haber más debate en torno a un uso deficitario de unos recursos que darían el impulso que necesita el crecimiento. Y las señales de alarma proliferan. Varias grandes compañías internacionales han anunciado rebajas en sus proyectos de inversión por la falta de la esperada asignación de fondos a los que estaban vinculadas. La última en hacerlo ha sido la energética italiana Enel.
La única manera de asegurar el uso eficaz y transparente de estos vitales recursos y la eficacia de las reformas es la evaluación de las políticas públicas, hoy mayoritariamente desdeñada. La recuperación y modernización de la economía española depende en gran parte de ello. Frente a la ideología: evidencias. Mal que les pese a los populistas enemigos del rigor y los datos.
