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Pablo de Lora

Cháchara, púlpito universitario y enfoque de género

«Una universidad pública debe recelar de quienes trazan la linde de lo que se puede ‘pensar críticamente’»

Opinión
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Cháchara, púlpito universitario y enfoque de género

Dolores Vázquez. | HBO Max

Escuchaba recientemente a uno de esos «intelectuales públicos» nuestros referirse a la «gestión de la ignorancia» y a la «ilustración del desconocimiento» como las tareas que hoy esencialmente habría de afrontar la educación superior, y recordaba la anécdota del alumno que, atendiendo a un docto canonista debatir(se) sobre la «naturaleza jurídica de la comunión intravenosa» que pudiera administrarse al enfermo inconsciente, gritaba desde el fondo del aula: «Ensima un andamio te quería ver yo».

Yo también sufrí como estudiante –en el mundo de ayer- las embestidas del «Derecho canónico», una materia que casi nadie entonces entendía cómo seguía siendo obligatoria en los planes de estudios de la licenciatura en Derecho. Comprendíamos que aquel amigo del instituto que había optado por estudiar ingeniería en el ICAI (jesuitas) tuviera que alternar el cálculo diferencial con el «Pensamiento social-cristiano», pero, ¿nosotros? ¿En la Universidad-Autónoma-comprometida-con-lo-público?

A la mayoría de quienes profesaban y defendían que el Derecho Canónico (luego «Eclesiástico del Estado») no desapareciera de los planes de estudio no se les ocurría apelar a que «fomentaba el pensamiento crítico» o la adquisición de algunas «actitudes reflexivas transversales»; lo hacían por convicción o con la resignación (o el cinismo) que cataliza una nómina todos los meses y un número de registro de personal en las administraciones públicas. A la «resistencia» no le venía nada mal que el entonces Ministro de Educación perteneciera al cuerpo de Catedráticos de dicha materia.

Aún no había llegado el mundo de hoy, un mundo en el que sin estridencia ninguna, más bien con la jactancia de estar en la vanguardia académica, se pueden programar, por ejemplo, cursos universitarios de postgrado sobre «Estudios de Masculinidades». El de la Universidad de Castilla-La Mancha les permite adquirir la «competencia transversal» descrita como «capacidad de ser críticos y autocríticos». Les informo por si tienen interés y se notan carentes. De nada.

La mayoría de estas disciplinas, las que tienen que ver con las humanidades aplicadas a problemas políticos y sociales sobre los que reinan desacuerdos razonables y que no permiten ser zanjados científicamente, ofician como el púlpito de ayer; eso sí, con power pointsflip classrooms, tareas en Perusall y toda la artillería didascálica pintona, telemática y cibernética que se puedan imaginar. Pero la trama y la liturgia no distan mucho de la sinagoga o el confesionario. De nuevo en Castilla-La Mancha, en el mentado curso de masculinidades, a los estudiantes se les proporcionan «… herramientas para que puedan aplicar cambios en sus vidas que fomenten la igualdad entre hombres y mujeres» («objetivo formativo» de acuerdo con la propia propaganda oficial del curso). Ya están tardando amigos.

Cuando no es moralina de parte, las «nuevas masculinidades», «las humanidades ecológicas», los «estudios queer» o «teoría crítica de la raza» se fundamentan y consolidan como los ecos en una cárcava, en un circuito virtuoso de retroalimentación en el que toda la dificultad estriba en ver quién es el primero que dice: «¿Grado en Ciencias de la Distracción? Sujétame el cubata». Es por ello por lo que buena parte del temario en esas neo-catequesis está dedicado a leer y saber qué dicen los que estudian las nuevas masculinidades, parte de cuyo estudio consiste en conocer la literatura sobre las nuevas masculinidades que a su vez… Y así hasta el infinito. Y más allá. El equivalente curso de «Especialista en género, masculinidades y acción social» de la Universidad Complutense de Madrid (doy cuenta porque quizá les pille más a mano) «aporta conocimientos actualizados y rigurosos sobre los debates en torno a la construcción social de la masculinidad así como su relación con los feminismos». Parafraseando a Arquímedes, dadme un debate, una propuesta teórica, por bien absurda que sea, y moveré un vicerrectorado-de-lo-que-haga-falta.

Usted confía en que la educación superior proporciona conocimientos que pueden capacitarle para tareas complejas y que existe un conjunto de criterios o métricas compartidas que permiten desgranar el trigo. Quien haya estudiado los remedios de las flores de Bach bajo la promesa de poder ejercer en el servicio de oncología de un hospital se sentirá legítimamente estafado a la segunda que compruebe que ese añadido «Formación especializada: Flores de Bach» precipita su CV directamente al cubo de la basura.

El riesgo de la reclamación por fraude en los Estudios de Masculinidades se conjura con una lacerante dedicación de fondos y un dispositivo engranado de economía (esta sí bien «circular»), un trípode que cuenta con goznes perfectamente identificables: una normativa de compliance entendida en sentido amplio (reciclaje formativo, requisitos novedosos de acceso) fruto de algún rimbombante «pacto de Estado» o «Estrategia nacional»; un conjunto de «formadores» (la Universidad es su vivero principal al que se suman ONGS, fundaciones de crédito variable, think tanks de mucho tank y no tanto think) y un personal cautivo (funcionarios o asimilados a la caza de puntos promocionales) o por cautivar (aspirantes a la ayuda, beca, o contrato-programa). Rent-seeking lo llaman, en donde el rent es dinero público, por supuesto, que ya saben que ni se crea ni se destruye sino que sólo se transforma y surte desde el enhiesto bolsillo del contribuyente. Se llama primera ley de la dinámica populista.

Poca broma, en el fondo, y me perdonarán que termine con notas trágicas. En muchos dominios estamos aceptando mercancía metodológica, epistémica y sustantivamente averiada, cuya confiabilidad no tiene credencial alguna, un producto al que en ocasiones no hay quien le hinque el diente pues se reviste con el sello de la mejor denominación de origen posible (la igualdad entre hombres y mujeres). Pero está trufado de ideología y se sirve a un precio muy alto, tan alto que, bien por miedo, bien por horror subvencionis vacui, o, lo que es peor, por puro fanatismo, no nos atrevemos ni a mensurar.

Me refiero ahora a lo que a buen seguro vienen oyendo mencionar hasta la náusea: al calor de alguna decisión judicial que no complace a alguien que es parte de un litigio en el que se ventila algún interés de una mujer, se invoca la «falta de formación en perspectiva de género» como causa del desaguisado. El sintagma – de cuyo análisis no cabe ocuparse ahora en profundidad- agrupa sentidos diversos y algunos de los esfuerzos que invoca son loables: evitar los sesgos o al menos ser conscientes de los mismos. ¿Quién podría no apostar porque dispongamos de mejores estrategias para conjurar los prejuicios machistas, como cualesquiera otros, a la hora de resolver los conflictos interindividuales? Pero también se trafican otras cosas con esa suerte de papelina teórica mal cortada: invertir la carga de la prueba en relación con aquellos delitos en los que la presunta víctima sea una mujer, o una interpretación de las normas jurídicas y de las acciones que le sea en todo caso más favorable, a veces bajo el expediente implícito de que ellas son inhábiles para el mal o que todos los hombres actuamos movidos por el afán de dominación. La violencia vicaria es siempre masculina, el síndrome de alienación parental no se detecta porque yo lo decreto, y, si la mujer mata a sus hijos y luego se suicida, lo que transpirará a los medios es un «suicidio familiar» en concurso con una «única alternativa ante un padre que, o ha maltratado, o maltratará». Anímense ustedes simplemente a tratar de encontrar buenos datos desagregados en España sobre violencia en el ámbito familiar (con perdón) que permita conocer mejor la realidad del filicidio. Comparen su búsqueda con los datos de «violencia de género».

¿Tenemos los arrestos de calcular qué consecuencias trágicas han podido producirse por llevar a término los postulados del «enfoque de género»  que equivale al «hermana yo sí te creo» en los casos en los que se privó de custodia al padre, o no se atendió a sus intentos de modificar el régimen otorgado pese a que había indicios de maltrato por parte de ella, o se tomó como «testigo privilegiado» a la víctima de una violación resultando que el condenado era inocente? ¿Echamos bien la cuenta de las consecuencias de prescindir de un estándar de prueba exigente cuando se trata de condenar por delitos graves?

España se conmovió en 1997 cuando todo falló en el caso de Ana Orantes, finalmente asesinada por su marido pese a sus muchas denuncias por maltrato. Una sociedad donde prevalecían un buen número de «malos enfoques de género», un desdén machista en las instituciones, impidió un buen tratamiento del caso. Vean el documental sobre Dolores Vázquez y comprobarán cómo operó una evidente lesbofobia en el juicio paralelo que probablemente intoxicó la instrucción y el veredicto del jurado.

Pero piensen ahora en el espantoso crimen del niño Lucio Dupuy de cinco años que desgarra estos días a Argentina. Lucio murió de una paliza presuntamente a manos de su madre y de su pareja. El padre de Lucio, que sospechaba de los malos tratos que las dos mujeres podían estar infligiendo a su hijo, había tratado en varias ocasiones de que le fuera concedida la custodia única. No tuvo éxito. ¿Ha podido influir un imaginario colectivo en el que día sí día también los hombres somos presuntamente malos padres, maltratadores natos o culturalmente construidos? ¿Ha sido determinante para que el guardia civil Álvaro Area haya tardado 6 años en poder ver a su hijo con regularidad después de que la madre llegara a simular la muerte del niño en el parto para privarle de su paternidad? Son preguntas genuinas.

Conviene repetirlo aún a riesgo de resultar banal: las causas profundas del comportamiento humano nos siguen resultando ignotas y la prevención de las agresiones – pese a los cacareos de la Ministra de Igualdad- imposibles las más de las veces. Que se lo pregunten a profesionales acreditados de la salud mental como Juan José Jambrina, a quien 30 años después aún desconcierta y desasosiega el mayor filicidio del que se tiene registro en España (el de María Jesús Jiménez que arrojó al mar a sus cuatro hijos desde La Peñona, en Salinas).

El exrector de mi universidad y actual Defensor del Pueblo acostumbraba a decir que a la universidad «se venía llorado». Hoy urge añadir que se deber venir «rezado y/o concienciado». Ni escuela de formación profesional para activistas, ni púlpito para la diseminación de la buena nueva del evangelio de la justicia social al modo en que lo entienda la facción política dominante. En una sociedad plural, una universidad pública que se costea gracias a los esfuerzos de los ciudadanos y que se precia de su misión debe recelar de quienes trazan la linde de lo que se puede «pensar críticamente» justo en el perímetro que permite a su apuesta teórica y práctica sobrevivir frente al viento de los mejores argumentos y la marea de lo demostrable. 

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