En Alemania se habla alemán y en Cataluña, catalán

El post-procés catalán resulta más esclarecedor que el propio procés. Si en el procés el debate giraba en torno al llamado «derecho a decidir», a cuestiones de democracia directa, autodeterminación o «radicalidad democrática» (eso de que votar, aunque sea en tu junta de vecinos o en una urna de juguete, mejora la democracia), en el post-procés el debate es sobre la lengua. Y el catalán, no solo para el independentismo sino para todo el nacionalismo y el catalanismo, no se toca. Es tabú.

En Ucrania se suele decir que un liberal ruso deja de serlo cuando se le menciona Ucrania. Entonces se vuelve un nacionalista. Algo parecido le ocurre al catalanismo moderado cuando se abre el debate lingüístico, especialmente el de la inmersión y la educación catalana. Rápidamente olvida su temperamento pactista y moderado y se radicaliza. El debate sobre el catalán es la «amenaza normativa» del catalanismo, por usar el concepto de Karen Stenner, que explica qué debates o cuestiones activan y radicalizan a determinada población, que cree que son una amenaza contra su estilo de vida y valores.

Durante el procés, el nacionalismo radical se escindió del moderado. La deriva autoritaria del independentismo más fundamentalista provocó el rechazo de muchos catalanistas (los que seguían siéndolo a esas alturas), que creían que el camino de la autodeterminación unilateral era inviable y catastrófico. Pero en el post-procés, el independentismo y el catalanismo están aliados. Su objetivo común es defender el catalán siempre en detrimento del castellano. El post-procés es esclarecedor porque ha demostrado que el autor intelectual del independentismo siempre ha sido el catalanismo, es decir, el nacionalismo moderado del PSC y aledaños.

El consenso amplio sobre el catalán en la sociedad, del que tanto hablan los políticos nacionalistas, es en realidad un consenso parlamentario: hay un pacto amplio y tácito entre los partidos políticos catalanistas (es decir, excepto Ciutadans, PP y Vox) para no tocar el catalán. Ese consenso parlamentario tan amplio, completamente ajeno a la realidad catalana, no existía durante el otoño del 2017, cuando los independentistas duros se quedaron solos. Y si hoy existe, es gracias al esfuerzo durante décadas de, sobre todo, el PSC.

Como escribió en este periódico Xavier Pericay, «Si en los albores de la autonomía el PSC no hubiera convencido a CIU de arrumbar el modelo del PNV por el que apostaba –o sea, el de las tres líneas determinadas por la lengua o las lenguas vehiculares libremente escogidas– en favor de uno de línea única, donde el catalán debía tener un peso preponderante, dudo mucho que hubiésemos llegado, 41 años más tarde, a lo que conocemos.» El proyecto de construcción nacional pujolista tiene la mayor parte de la culpa, pero el PSC lleva décadas defendiendo una visión esencialista y nacionalista del catalán como alternativa (paradójicamente) al nacionalismo: en vez de adaptarse la política a la realidad catalana, es la realidad catalana la que tiene que adaptarse al catalanismo.

Ese discurso caló en una parte de la sociedad catalana, en determinados círculos intelectuales y mediáticos. Pero también se extendió a una parte de la sociedad española: la lengua de Cataluña es el catalán como el danés es la lengua de Dinamarca o el alemán la lengua de Alemania. Y si uno vive en Dinamarca, ¿cómo no va a escolarizar a sus hijos en danés? ¿Cómo no va a defenderse el uso exclusivo del alemán en Alemania? Es decir, el castellano es una lengua extranjera en Cataluña. Que los castellanohablantes lo hablen en privado, como hablan su idioma en casa los alemanes de origen turco.

El post-procés es más esclarecedor que el procés porque en él no solo participan freaks fundamentalistas sino gente de orden a la que le han tocado lo suyo, lo verdaderamente suyo. Es una reacción nacionalpopulista: piensan que dar derechos a los que no los tienen (como permitir a los castellanohablantes escolarizar a sus hijos en su lengua) es una amenaza contra sus derechos.