Un embudo de 326 millones de euros

Que la ley del embudo existe y se aplica es un hecho verificado. Se demuestra, por ejemplo, en los minutos de telediario que han dedicado todos los informativos de este fin de semana a explicar y detallar los 13 contratos sospechosos, con siete empresas inverosímiles y por importe total de 326 millones de euros, que la Fiscalía Anticorrupción va a investigar, tras una denuncia presentada por el PP en Madrid a cuenta de la contratación Covid del Gobierno de Pedro Sánchez al inicio de la pandemia.

El importe que Anticorrupción investigará no es pequeño: 326 millones de euros. Los motivos para incoar diligencias tampoco son desdeñables: posible malversación y quebranto para las arcas públicas debido a elevados sobrecostes, a dinero cobrado sin que se produjera la entrega de la mercancía contratada, a irregularidades en la adjudicación, a relaciones familiares o de amistad con los adjudicatarios, a empresas inhabilitadas para contratar con la Administración… 

Hay una miríada de ingredientes que dotan de indudable atractivo periodístico al relato de hechos. Pues ni por esas.

Quizá si los ingredientes berlanguianos de las sorprendentes adjudicaciones covid a empresas con algún grado de cercanía a los exministros Salvador Illa y José Luis Ábalos (principal, pero no exclusivamente) se hubieran producido en alguna Administración pública gobernada por el PP, el asunto sí habría tenido un detallado seguimiento. Lamentablemente, no ha sido el caso, con lo que no hemos podido disfrutar de ocurrentes chanzas a cuenta de tan ingeniosos contratos de urgencia covidiana. Ni tampoco de indignadas, compungidas y pormenorizadas explicaciones de todas las sospechas de corrupción que exudan las inverosímiles contrataciones del Gobierno de Sánchez al abrigo del Covid.

Motivos para la rechifla trufada de indignación hay unos cuantos. Ahí va un puñado, a modo de ejemplo. 

¡Cómo nos hubiéramos reído si un ministro (o un consejero) de Sanidad del PP hubiera recurrido a una empresa dedicada a la fabricación de yesos para pedirle 144 dispositivos de ventilación mecánica invasiva para pacientes de covid ingresados en UCIs!

El suceso ocurrió, pero el ministro Salvador Illa no es del PP. ¡Vaya! Es un eximio miembro del PSC, hoy líder de los socialistas en Cataluña. La empresa yesera (Hyperin Grupo Empresarial) cobró por adelantado, pero luego se dio cuenta de que no podía entregar algo tan alejado a su actividad. Eso sí, la Administración del Estado aún no ha podido recuperar 1,8 millones de euros de la yesera. 

¡Cuánto nos habríamos indignado si ese ministro o consejero (no progresista) hubiera comprado batas desechables a precio de traje! Pues eso mismo ocurrió, por importe total de 10,12 millones de euros, en el Ministerio del señor Illa. 

Encontraron un proveedor chino, Weihai Textile, que les dejaba las batas desechables a 16,7 euros la unidad, cuando las empresas españolas (en esas mismas fechas) las estaban ofertando a 0,32 o 0,27 euros. El departamento del ministro Illa las compró a 55 veces el valor de otros oferentes, pero eran ‘Weihai’, ¡nada menos! 

¡La de risas que habríamos compartido si a ese ministro o consejero (eso sí, de la derecha) se le hubiera ocurrido comprar guantes desechables, carísimos, a una empresa con nombre de grupo de rock! ‘Member of the Tribe’, se llamaban, y se embolsaron 9,44 millones de euros por guantes a 0,10 euros la unidad, cuando otros proveedores, en esa misma fecha, los cobraban a 0,02 euros la unidad. Pagar cinco veces más por cada guante… pues tampoco es para enfadarse.

¡Cuánto no habríamos sospechado si una Administración de -digamos- el PP hubiera elegido a una empresa con facturación cero en el año anterior, y con presunta especialidad de trabajos «de apoyo a la ingeniería en Angola», como proveedor de mascarillas! Ah, pero se dice que tenía buena relación con el ministro Ábalos. Pues no se hable más. De cero a 40 millones de euros de facturación gracias al lápiz mágico. Dice llamarse Soluciones de Gestión, y ése es un bonito nombre. 

El gran contrato, en todo caso, se lo llevó otra empresa. FCS Select, se llama. Ofrece servicios de «fabricación de productos de artículos de marketing para el sector de bebidas alcohólicas». ¿Hay mejor especialidad que ésa para ser proveedor de mascarillas? Seguro que no. Además, parece que eran conocidos del ministro Illa. Consiguieron una serie de pedidos del Ministerio de Sanidad por importe total de 263,1 millones de euros. Y sin tener que hacer marketing de ninguna bebida alcohólica… que luego te pillan conduciendo y das positivo. Por cierto, un detalle no-menor que destaca la Fiscalía Anticorrupción en su decreto de apertura de diligencias: «La administradora de la empresa [FCS Select] fue condenada en 2016 por un delito de estafa». 

¿Quién da más? Pues sí, hay más. 

Resulta que la vicepresidenta Nadia Calviño está felizmente casada con un señor que, entre otras muy relevantes ocupaciones, es (o era) director de marketing de una empresa inhabilitada para contratar con la Administración por tener una abultada deuda con el Estado. La empresa se llama Beedigital y, ¡casualidades de la vida!, consiguió un contrato para la gestión de la imagen digital y la reputación online de la Seguridad Social… Sí, precisamente el organismo público al que debía 421.000 euros. El importe del contrato permitía saldar la deuda: ascendía a 532.400 euros, IVA incluido. Pero la empresa decidió no saldarla entera. Eso no fue óbice (ni cortapisa) para que el Ministerio de Inclusión, que dirige José Luis Escrivá, ampliara el contrato. Sorprendentemente, no se hizo la pertinente comprobación de las deudas de la empresa con la Administración antes de contratarla. 

La fiscalía Anticorrupción, en el decreto con el que abre diligencias de investigación sobre estos hechos, apunta lo siguiente: «La adjudicación del contrato [a Beedigital en 2019] se realizó cuando la adjudicataria tenía deudas con el Estado por un importe de 1,6 millones de euros. Cuando se prorrogó el contrato en 2020 la deuda con el Estado ascendía a 884.000 euros». 

Un fallo así lo tiene cualquiera… Pues hay más. 

Los padres del señor presidente del Gobierno son emprendedores. Y eso está muy bien. Como tales, parece que habrían podido quizá beneficiarse (indirectamente, eso sí) de 14 ayudas del ICO, en forma de avales, por importe total de 896.000 euros, lo que equivale a una ayuda de  64.959,82 euros.

Esto último, junto al asunto de la empresa del marido de la vicepresidenta Calviño, lo va a investigar personalmente Alejandro Luzón, el fiscal jefe de la Fiscalía Anticorrupción. Los restantes asuntos, agrupados en 11 apartados (uno por empresa afectada) los investigará el fiscal Luis Pastor Motta. Así consta en el decreto que el viernes hizo público el fiscal jefe en respuesta a la denuncia presentada por el Grupo Popular en la Asamblea de Madrid, e impulsada por Isabel Díaz Ayuso.

El asunto, según resume el decreto de la Fiscalía Anticorrupción, es investigar «la vinculación de cada una de las sociedades con las distintas administraciones públicas y la falta de comprobación de la concurrencia de los requisitos mínimos para la formalización de los contratos. Estas conductas (…) pudieran constituir, según el denunciante, los delitos de prevaricación, negociaciones prohibidas a los funcionarios, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos».

Eso sí: escándalo mediático, ninguno. Son solo 326 millones de euros y hay que cumplir la ley del embudo.