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Guadalupe Sánchez

El Rey como contrapeso

«Cualquier contrapoder al sanchismo, llámese autonomía, llámese monarquía, se me antoja necesario e insuficiente»

Opinión
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El Rey como contrapeso

El rey Juan Carlos I, durante su visita a Sanxenxo. | Gtres

No soy monárquica por convicción, pero confieso que la actual coyuntura política me ha convertido en una firma defensora de la monarquía parlamentaria como forma jurídica del Estado español. Cierto es que, aunque desde una perspectiva jurídico-filosófica, me sigue generando un lógico rechazo que una persona ostente la jefatura del Estado por vía hereditaria. La realidad y la historia evidencian que, además de ser un sistema perfectamente compatible con los regímenes democráticos, el Rey actúa como un contrapoder simbólico en lo referente a la unidad y permanencia de la nación, pero también como árbitro y moderador respecto al regular funcionamiento de las instituciones. 

Tampoco era una convencida valedora del actual sistema autonómico y mi opinión cambió radicalmente durante la pandemia, cuando el arrojo y la determinación de la presidenta de la Comunidad de Madrid recordaron a España y al mundo que, en época de crisis, los estados de alarma deben implementarse en garantía de los derechos y libertades de los ciudadanos y no de las necesidades políticas de los gobernantes. Sin la oposición de Ayuso hubiésemos estado a merced de los designios y delirios de la corte de Sánchez y, lo que es peor, sumidos en la creencia de que no existía alternativa posible.

Cualquier contrapoder al sanchismo, llámese autonomía, llámese monarquía, se me antoja necesario e insuficiente. Tras algo más de cuarenta años de experiencia democrática, puedo afirmar con total convencimiento que el sanchismo ha impulsado un proceso de degeneración institucional sin precedentes desde que iniciásemos esta andadura constitucional.

Eso no significa que el Gobierno de Sánchez haya puesto en peligro la democracia hasta el punto de impedir la celebración de unas nuevas elecciones, pero sí que ha corroído las entrañas del sistema de forma que las secuelas pueden ser irreversibles. Lo cierto y verdad es que nuestro ordenamiento jurídico se blindó contra quienes pretenden el asalto revolucionario al poder, pero no prevé mecanismos para frenar a quien utiliza los resortes del propio sistema para desmembrarlo y desnaturalizarlo: presupuso a los gobernantes una lealtad institucional de la que el sanchismo carece.

Así que hoy veo en el Rey a una de las figuras que recuerdan a Pedro Sánchez y a los titulares de los 22 ministerios que conforman su Gobierno que ellos son contingentes. Que otros ocuparán los despachos y pisarán las moquetas que ahora ellos ocupan y pisan. Que sus aspiraciones autocráticas y tendencias despóticas no arribarán a buen puerto, porque en nuestro país hay servidores públicos que impedirán que ese barco amarre. Los ceses de Pérez de los Cobos, José Antonio Nieto, Edmundo Bal y de la de, hasta hace unos días, directora del CNI, Paz Esteban, dan buena cuenta de lo que digo.

Cuando ministros del actual Ejecutivo llaman delincuente al anterior Rey y padre del actual monarca, no lo hacen porque consideran vergonzoso que la inviolabilidad que amparaba a Juan Carlos durante su reinado impida que determinadas actuaciones de éste se sometan al escrutinio judicial, sino porque creen que solo a ellos las urnas los han designado merecedores de tal prerrogativa y los han investido con la potestad de conceder la gracia de la inmunidad.

Así es como ellos conciben el indulto: una forma de demostrar tanto a sus socios de gobierno como al conjunto de la sociedad que el poder ejecutivo puede pisotear y menospreciar al judicial siempre que las necesidades políticas e ideológicas de Sánchez así lo requieran. Miren a Irene Montero, que mientras los suyos critican la inviolabilidad del Rey, ella la predica para las que tilda de «madres protectoras», como María Sevilla, María Salmerón o Juana Rivas, que no son más que delincuentes condenadas que instrumentalizaron a sus hijos para vengarse del padre.

No deja de ser curioso que el mismo Gobierno que no dudó en acusar de vengativo al Tribunal Supremo por condenar a los líderes independentistas como autores de un delito de sedición por intentar subvertir el orden constitucional en Cataluña, pida ahora explicaciones al Rey Juan Carlos por unas presuntas comisiones que no habría declarado al fisco de nuestro país, aunque parte de ellas se regularizasen a posteriori. Y ello a pesar de que la investigación fue archivada por la Fiscalía.

La inviolabilidad real y la prescripción de los delitos en las que se sustenta el archivo son figuras jurídicas contempladas en nuestra legislación -de esta última se han beneficiado no pocos políticos tanto de izquierdas como de derechas, por cierto-, así que el anterior monarca no tiene por qué explicarle nada a nadie. Su presunción de inocencia sigue incólume y cualquier otra consideración se mueve en el terreno de los deseos o de la opinión, pero no en el de los hechos.

Muchos son los que afirman que la actuación de Juan Carlos en su ámbito privado no ha sido ejemplar y ha provocado un enorme daño a la institución de la monarquía. Pero lo cierto y verdad es que el padre de Felipe VI jamás enfrentó la institución a la que representaba al resto de poderes del Estado, algo que el sanchismo ha convertido en su sello personal: el Gobierno como institución ha sido fagocitado por los partidos de los políticos que lo integran.

Cierto es que el uso de las instituciones con fines propagandísticos y partidistas no está tipificado como delito, pero el daño que estas actuaciones provocan a las mismas es superior en grado y gravedad al generado por la presunta evasión fiscal del rey Juan Carlos. No se trata de jugar al «y tú más», sino de ponderar la actuación de unos y otros en su justa medida. Para exigir ejemplaridad a los demás, qué menos que haberla predicado primero.

Por cierto, España no es la única monarquía parlamentaria en la que el Rey goza de inviolabilidad: otros países cuya calidad democrática supera a la del nuestro en todos los rankings, como Holanda o Dinamarca, contemplan en sus legislaciones esta prerrogativa real. De lo que no me cabe apenas dudas es de que en estas naciones sus máximos dirigentes no calumnian a quienes fueran jefes de Estado, ni llaman prevaricadores a los magistrados que integran el poder judicial, ni consideran ilegítimo a cualquier gobierno que no esté integrado por fuerzas de izquierdas ni antidemocrática cualquier forma de Estado distinta a una República con ellos al frente. Me consta que en aquellos lares dimiten ante acusaciones de plagio de la tesis doctoral, mientras que  tengo dudas razonables de que nuestro presidente se haya ni tan siquiera leído la suya.

Con este panorama, entenderán que deje a un lado mis razonables objeciones a la institución de la monarquía: cualquier contrapeso a lo que comportan el sanchismo y sus socios independentistas y filoetarras me sabe a poco. Ni súbdita ni cortesana: simplemente pragmática.

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