Debajo de los rescoldos sigue habiendo fuego

La inflación supera por primera vez desde 1985 los dos dígitos en España: 10,2%. Entonces no estábamos en la Comunidad Europea y el Gobierno socialista de Felipe González, que llegó al poder en 1982, capeaba una grave crisis fruto de la reconversión industrial y hacía lo posible por doblegar los precios para presentar al país como un candidato solvente de cara a su ingreso en la unión. Los tipos de interés llegaron a superar el 14%. La deuda pública se situaba en el 42% del PIB en el y el déficit en el 4,7%. Y tales desequilibrios se identificaban como un serio problema: La enfermedad crónica del déficit público, titulaba el diario El País por esas fechas. Hoy, con una deuda pública que supera el 120% del PIB y un déficit en el 6,87% después de haber rozado el 11% hace un año, los tipos de interés están en el 0,25% o en el menos 0,50% para los bancos que depositan su dinero en vez de dar crédito. ¿La diferencia? Estar bajo el paraguas de la unión monetaria. Esto va para quienes desde el ala izquierda del Gobierno de coalición acusan al BCE de estar a punto de hacer terrorismo monetario por su decisión de subir los tipos de interés a final de este mes para contener la inflación, como por otro lado le obliga su mandato. Añoran, parece, la soberanía de la política monetaria que nos obligaría a elevarlos por encima de los dos dígitos. 

El otoño se presenta negro. Y, con una inflación galopante y unas previsiones de crecimiento mermadas, será socialmente explosivo. De poco le serivirá al Gobierno más progresista de la historia echar la culpa a un desalmado BCE. Es el momento de remangarse, ir más allá de la política de parches que no logra doblegar los precios y alcanzar un pacto de rentas y que los dos grandes partidos acuerden un programa de medidas económicas. Después de los achuchones, risas y abrazos a profusión dados y recibidos en la exitosa cumbre de la OTAN, a Pedro Sánchez le toca aterrizar en la prosaica realidad nacional. Mal que le pese.

El presidente se ha puesto muy institucional reclamando un pacto «por encima de las ideologías» para cumplir con la promesa hecha a sus socios atlantistas de subir el presupuesto militar al 2% del PIB. Un objetivo que le será imposible sacar adelante sin el apoyo del PP. Pero el Gobierno no hace nada por allanar el camino hacia el consenso. Más bien al contrario. Continúa con su huída hacia adelante sobre todo si arrecian los problemas. Frente al pésimo dato de inflación de junio y el escándalo, otro más, en torno al asalto a la dirección del Instituto Nacional de Estadística (INE) y el Consejo de la empresa de mayoría pública Indra, el Gobierno pacta con Bildu la redacción de la Ley de memoria Democrática. Una memoria selectiva que nos aleja del espíritu de concordia que marcó la Transición.  Y que le sirve para azuzar la división.

«El deterioro del bienestar económico de las economías avanzadas, especialmente las de la UE por su elevada dependencia energética de Rusia, va a intensificarse»

Así que lejos de buscar el consenso, seguimos en las mismas. Y el momento, pese a las buenas intenciones declaradas durante la reunión de la Alianza Atántica con respecto a la defensa de Ucrania, es delicado. El deterioro del bienestar económico de las economías avanzadas, especialmente las de la UE por su elevada dependencia energética de Rusia, va a intensificarse. Y a medida que se prolongue la guerra, crecerán las voces partidarias de alcanzar un acuerdo con Moscú para poner fin al conflicto. Y se eleva el riesgo de que el apoyo ciudadanos a sus compatriotas europeos ucranianos vaya en descenso. Aunque ello suponga una claudicación ante el genocida Putin. ¿Integridad territorial? ¿Respeto a la ley internacional? 

Es más fácil vestirlo de posibilismo bienintencionado. Sobre todo porque es infinitamente más complicado gestionar la crisis económica en ciernes. Especialmente si el Gobierno se empeña en hacerlo solo y con medidas improvisadas que no están ayudando a doblegar la inflación y benefician a quienes menos lo necesitan. Como por ejemplo, el descuento en el consumo de combustibles, que ha permitido a las petroleras aumentar sus márgenes una media del 23,7% por la venta de gasolina y gasóleo, como denunciaba recientemente la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia. Un dinero público que va a engordar su cuenta de resultados en lugar de ser utilizado para dar ayudas directas a los sectores más afectados (las industrias de uso intensivo de energía como el acero o la automoción, el transporte público o la distribución de mercancías, el sector agrícola o la pesca) y disuadir el consumo privado de combustible. Porque de eso se trata. Europa está en guerra, aunque las bombas cagan a 3.7000 kilómetros, y toca asumir un coste por defender nuestros derechos y libertades.

¿Puede el Gobierno permitirse seguir improvisando medidas e ignorar las propuestas económicas de un partido de la oposición claramente reforzado por la victoria de este último en Andalucía? Hay tres motivos por los que podría seguir haciéndolo. La fuerte subida de la recaudación por IVA debido a la subida generalizada de los precios al consumo, que ha elevado a 97.000 millones de euros los ingresos fiscales hasta mayo, un 19% más. La entrada de dinero de los fondos europeos NextGen, aprobados para superar los efectos de la pandemia, y que suponen un ingreso extra de 77.000 millones de euros en ayudas directas y 70.000 en forma de créditos blandos. Y la voluntad mermada de los habituales países acreedores y más rigurosos fiscalmente, con Alemania a la cabeza, de ejercer el control sobre el gasto de esos fondos, desbordados como andan con la gestión de su potencial desabastecimiento de gas ruso, del que su economía depende en casi un 65%, y con la inflación en unas tasas insoportables para el país europeo con más fobia al aumento de los precios dado su pasado reciente.  

 «Hay mucho dinero para gastar y poco tiempo», decía la semana anterior la ministra portavoz del Gobierno y ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez. Más allá del riesgo que esta declaración entraña al poder perder España la oportunidad de transformar su economía con el maná europeo, es el mensaje opuesto que debe lanzar el Gobierno a unos mercados financieros que se han están deshaciendo de los bonos soberanos de los países periféricos con mayores desequilibrios fiscales. El resultado ha sido una subida de interés de los tipos a los que el Estado español financia su déficit. El BCE, mientras, intenta desesperadamente evitar una nueva fragmentación de la eurozona. Su presidenta Christine Lagarde trata de imitar a su predecesor, Mario Draghi y anuncia también que hará whatever it takes para evitar esa divergencia. Pero el contexto inflacionista limita su margen de maniobra y mercado espera aún una fórmula que dé credibilidad a su advertencia.

Estar bajo el paraguas de la UE nos permite estar en una situación mucho más amable que la de hace 37 años. Pero los desequilibrios amenazan con seguir creciendo. Como demuestra la evolución de la inflación subyacente, que es lo peor del dato publicado esta semana por el INE. Está en el 5,5% (seis décimas más que en mayo y 3,1 puntos más que en enero). Es la tasa que marca la tendencia de los precios, al margen de los componentes más volátiles como la energía y los alimentos y que será más difícil de doblegar sin riesgo de entrar en una recesión. 

¿Corregirá la inflación su tendencia? Juan Manuel Rodríguez de Poo anunció esta semana su dimisión al frente del INE después de que el Ejecutivo cuestionase los datos del IPC y el PIB. ¿Bajará el primero y subirá el segundo a partir de ahora? No es descartable que los nuevos responsables introduzcan algunos retoques en el cálculo de estos índices. Es lo que ha venido reclamando el Gobierno al Instituto desde que los datos publicados por el mismo sobre el crecimiento y la inflación le resultan adversos. La tozuda realidad ha de amoldarse a sus intereses. En ese empeño, ¿qué otras entidades u organismos pueden estorbarle aún? ¿La AIReF? ¿El Banco de España presidido por un Pablo Hernández de Cos que es constante blanco de las críticas de los socios podemitas?

Unos socios que ya han avisado que no apoyarán el aumento del presupuesto en el gasto de defensa que persigue Sánchez. Ante sus socios de la OTAN, el presidente se ha presentado España como un miembro leal y fiable. Pero el martes se sentará en un Consejo de Ministros con varios miembros contrarios a la Alianza y al envío de ayuda militar a Ucrania. Ni siquiera la adhesión voluntaria al pacto atlantista de dos países progresistas como Suecia y Finlandia, les baja de la burra. No. Es preferible seguir con la pretensión, bastante obscena ante el genocidio del pueblo ucraniano, de ser los guardianes de la moral cuando son los campeones de la polarización. El general Gutiérrez Mellado ya se lo advirtió a Felipe González: «Debajo de los rescoldos sigue habiendo fuego». Y desgraciadamente, políticos que hoy lo siguen explotando. Son los responsables de que los pactos necesarios para capear unidos el otoño negro que se avecina estén más lejos de lo que desea y merece una ciudadanía, quiero pensar, mucho más razonable que su clase política.