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«Para presumir de que redistribuye rentas, Sánchez nos arruina a todos»
EP
Hace pocas semanas conjeturaba aquí mismo que el Gobierno tenía ya poco margen para dañar la economía española. Por desgracia, sus últimas medidas desmienten un juicio tan optimista. Es representativo el impuesto a los supuestos beneficios extraordinarios de la banca, con el que espera recaudar 3.000 millones de euros en dos años, cuyo anuncio ha causado pérdidas ingentes a los accionistas de todos nuestros bancos. Según se considere o no la corrección de los días posteriores, esas pérdidas suman entre 8.131 y 10.581 millones de euros.
La diferencia entre ambos conjuntos de cifras pone de relieve la verdadera naturaleza del Gobierno: su papel destructivo. Sánchez promete redistribuir una pequeña cantidad de recursos cobrando un impuesto adicional a quienes, según dice, «se aprovechan de la situación» para, también dice, entregarlo a los más necesitados. Doble mentira. En realidad, no hay tal conducta aprovechada y el efecto redistributivo del impuesto sería regresivo si su recaudación se destinase, como parece, a subvencionar los billetes de tren a quienes viajemos de vacaciones. Pero, con todo, lo más grave no es el engaño sino el simple hecho de que anunciar ese impuesto ha destruido mucha más riqueza que la que pretende redistribuir.
Observe, de entrada, que el hecho de que los bancos obtengan beneficios, o el que estos varíen en ambos sentidos con los cambios que se puedan producir en los tipos de interés, no tiene nada de extraordinario. En competencia, los beneficios son el justo premio a la eficiencia; y es misión del estado y su Gobierno asegurar que haya competencia. Además, los márgenes bancarios no han dejado de deteriorarse durante la pandemia. Tampoco está claro cómo van a aguantar nuestros bancos la próxima ola de insolvencias, a sabiendas de que su tasa media de solvencia es notablemente inferior al promedio de los bancos de la eurozona. Y, por lo demás, según la propia Hacienda, el tipo efectivo medio que pagaron los bancos en el Impuesto de Sociedades fue en 2019 el 24,7 %, 3,4 puntos superior al general del 21,3 %. Acusarles de «aprovecharse» de la situación es insólito y augura otra ola de ataques a las bases del sistema financiero.
Por todo ello, Sánchez miente doblemente al posar como Robin Hood. Recuerde que éste desposeía al Sheriff de Nottingham, un recaudador de impuestos. En España, gracias a la inflación, quienes sí se aprovechan de la actual debacle inflacionaria son quienes compran votos con los ingresos extraordinarios de Hacienda. Una inflación que, dicho sea de paso, ha exacerbado el propio Gobierno con su insostenible política de gasto público. ¿A qué obedece, si no, la tasa diferencial de inflación que padecemos respecto a nuestros vecinos europeos?
Además, sabemos que los 1.500 millones anuales que pretende recaudar son una grosera exageración. Lo dicen los expertos y lo confirman los rotundos fracasos de este mismo Gobierno con las tasas Tobin y Google. Si es que llega a aplicarlo, el impuesto extra a los beneficios bancarios recaudará mucho menos, quizá entre la cuarta y la quinta parte. Una cifra que se acercaría así, por cierto, a los 356 millones de euros que ya nos ha costado a los contribuyentes la minusvalía provocada por el solo anuncio del impuesto en la participación que aún ostenta en CaixaBank el antiguo Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB).
«Lo más grave no es el engaño sino el simple hecho de que anunciar ese impuesto ha destruido mucha más riqueza que la que pretende redistribuir»
La supuesta redistribución también es falaz porque, como coste común a todo el sector, gran parte del impuesto sería repercutido a depositantes y deudores mediante mayores comisiones y tipos, así como a los empleados bancarios en cuanto se revise su convenio colectivo (enhorabuena, Sr. Sordo). Como siempre, la ceguera del Gobierno y de sus secuaces los lleva a ignorar que dos partes no contratan si una no quiere, por lo que cobrarle un impuesto a una de ellas no implica que sea esa parte la que cargue con su coste; y ello por mucho que la ley pretenda prohibirlo.
Por cierto, este fenómeno también pone de manifiesto el error en el que incurre mucho ciudadano sin acciones, cuando cree que la caída de la Bolsa no le concierne. Se equivoca, porque la pérdida de los accionistas suele ir acompañada de pérdidas mucho mayores para los demás agentes económicos: en este caso, sobre todo, para los depositantes, los deudores y los empleados de banca. La única diferencia reside en que las pérdidas accionariales son más visibles, fruto tan sólo de que las acciones cotizan diariamente en Bolsa, al contrario que las posiciones económicas de depositantes, clientes y empleados. Pero el que éstas no coticen y, por tanto, sean menos visibles no implica que sus valores no se hayan derrumbado, quizá incluso en mayor medida.
En todo caso, lo gigantesco de estas pérdidas, junto con lo exiguo de la recaudación y esa previsible repercusión del impuesto hacia clientes y empleados demuestran la ruina a la que nos aboca el Gobierno. Para que Sánchez haya podido sacar pecho en el Congreso jugando a un Robin Hood tan falso como su sonrisa, ha destruido una cantidad muy superior de riqueza. Prometió recaudar 3.000 millones, de los que logrará recaudar, con suerte, unos 600; pero tan sólo a los accionistas les ha provocado pérdidas de entre 8.131 y 10.581 millones; pérdidas éstas que, si suponemos un reparto al 50% del impacto total, se duplicarían al sumar las que sufrirán depositantes, deudores y empleados. En ese caso, para redistribuir unos 600 millones, Sánchez habría destruido del orden de 16.262 a 21.161 millones de euros, entre 27 y 35 veces más. Un típico negocio podemita.
Por supuesto que estos números son estimados, y que las valoraciones bursátiles son volátiles. Pero también es cierto que en ellas la gente opina con su cartera, no de boquilla ni con pólvora ajena; y que el orden de magnitud de esas cifras, con una proporción de 1 a 27-35, concede mucho margen de error. Un margen más que suficiente para pensar que las cifras indican bien las consecuencias de la senda neopopulista que ha tomado el Gobierno, al prender en la sociedad una hoguera distributiva que nos empobrece a todos.
