La toma del Constitucional y la demolición del Estado de Derecho
«El sanchismo está haciendo peligrar el orden constitucional sin necesidad de emprender un proceso de reforma de la Carta Magna»
Pedro Sánchez. | TO
La degradación y colonización institucional provocada por el sanchismo es inabarcable. Pero el presidente es consciente de que su repercusión electoral es más bien escasa, no sólo porque haya una masa de votantes socialistas dispuestos a tragarse sus propios vómitos con tal de que no gobierne la derecha, sino también debido a que los ciudadanos no alcanzan a comprender la trascendencia de muchas de las decisiones que se están adoptando, ni de varias de las leyes que se están aprobando. Y por algún extraño motivo, el principal partido de la oposición ha decidido no presentar batalla respecto de estas cuestiones con la intensidad y determinación que las excepcionales circunstancias merecen.
Desde esta humilde columna, me van a permitir el atrevimiento de pedirles que me concedan unos minutos de su valioso tiempo para explicarles los motivos por los que el sanchismo está haciendo peligrar el orden constitucional sin necesidad de emprender un proceso de reforma de la Carta Magna. Para ello, voy a utilizar un símil.
Imaginen nuestro Estado democrático y de derecho como una obra de grandes dimensiones. Nosotros, los españoles, seríamos los promotores de ese gran edificio constitucional, cuya ejecución encargaríamos a distintos constructores, los diputados y senadores, empleando como principal material la ley. El gobierno haría las veces de capataz que planifica y dirige el buen hacer de los obreros y supervisa el avance de los trabajos. El rol de los técnicos formados e independientes que expiden los certificados sobre la correcta ejecución de la obra correspondería a los jueces y magistrados del poder judicial. Pero quien resolvería en última instancia sobre la calidad de los materiales empleados y expediría la licencia de habitabilidad sería el Tribunal Constitucional, cuyos miembros deben reunir una serie de requisitos.
Pues bien, el gran problema al que se enfrentan los españoles es que el encargado de la obra al que escogieron hace tres años no ha venido a construir, sino a destruir. El sanchismo es una potente empresa de demolición institucional y democrática que ha ido colocando a su personal de confianza en puestos que exigen neutralidad e independencia.
«El sanchismo inició su trasiego en las institucionales colocando como Fiscal General del Estado a su exministra de Justicia, Dolores Delgado»
Claro que los anteriores gobiernos españoles, tanto socialistas como conservadores, adoptaron decisiones reprobables, pero lo de este Gobierno carece de precedentes. La última barbaridad es colocar como magistrado del Tribunal Constitucional, que es el que resuelve sobre la legalidad de las medidas sanchistas, a quien hasta julio del año pasado fue su ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, y a la exdirectora general del Ministerio de la Presidencia, Laura Díez. Como ha publicado este periódico, es la primera vez que un exministro entra en el Alto Tribunal en la misma legislatura en la que abandonó el gobierno. Un hecho inaudito que revela el menosprecio que siente Sánchez por los contrapesos del sistema constitucional para fiscalizar su labor al frente del Ejecutivo.
Cierto es que los antecedentes no permitían presagiar nada bueno: el sanchismo inició su trasiego en las institucionales colocando como Fiscal General del Estado a su exministra de Justicia, Dolores Delgado. Situó en el CNI a su vicepresidente de asuntos sociales, Pablo Iglesias, aprovechando un decreto de medidas urgentes para frenar la pandemia. Entregó el CIS a un miembro de la ejecutiva del PSOE para que, en lugar de investigaciones sociológicas, propague invenciones socialistas. Y así, un largo etcétera.
Pero ojo, es que Campo no es un ministro cualquiera: es el muñidor de la impunidad para los golpistas catalanes sobre los que se sostiene el gobierno sanchista. Efectivamente, el escogido por Pedro para ocupar plaza en el Constitucional no sólo no cumple con los requisitos de experiencia para serlo, sino que además es el que preparó los indultos a los golpistas catalanes y diseñó en sus etapas iniciales la reforma del delito de sedición. Dos medidas cuyo encaje legal acabará dilucidando el mismo tribunal del que este señor va a pasar a formar parte. Da auténtico pavor. Y eso que no he mencionado que es la pareja de la actual presidenta del Congreso, Meritxell Batet. No sé si poner de manifiesto las relaciones sentimentales del exministro con la tercera autoridad del Estado es también violencia política de corte machista, pero asumo al riesgo dado que la alternativa, autocensurarme, es incompatible con mi idiosincrasia.
En lo que respecta a Laura Díaz, es menos conocida, pero amén de su condición de alto cargo de Moncloa -era miembro destacado del equipo de Simancas hasta que la cesaron esta pasado mes de abril- conviene no olvidar que por sus manos han pasado muchas de las controvertidas leyes aprobadas por el Ejecutivo durante esta legislatura y ha sido asesora de varios gobiernos de la Generalidad de Cataluña, como los de Pujol o Maragall. Especialmente relevante es, a mi juicio, que coordinara los estudios jurídicos de reforma del Estatuto de Autonomía entre los años 2002 y 2004.
No es casualidad que en la hoja de servicios de los escogidos por el divino dedo sanchista para ocupar un sillón en el Constitucional destaque su especial vinculación y experiencia en los «asuntos catalanes», ni que la decisión preceda a la derogación del delito de sedición. Algo se está cociendo en las altas esferas monclovitas y no tengo pruebas, pero tampoco dudas, de que afecta a la estructura jurídica y territorial de nuestro país. Lo advirtió en septiembre el periodista Carlos Herrera en un artículo denunciando los planes perversos de Sánchez.
«Las libertades constitucionales consagradas en el texto del 78 son el bien más preciado que poseemos los españoles»
Lo que está sucediendo en nuestro país trasciende al politiqueo habitual con el que nos desayunábamos hace años. Sánchez está empeñado en pasar a la historia por reivindicar «el vínculo luminoso con nuestro mejor pasado», refiriéndose a la II República. Que el referente histórico que el presidente del Gobierno se empeñe en rememorar sea el de los acontecimientos que desembocaron en la guerra civil y no el marco político y social de la transición debería preocuparnos. Mucho.
Las libertades constitucionales consagradas en el texto del 78 son el bien más preciado que poseemos los españoles, ya que sobre ellas se asientan las bases de la convivencia democrática. Son éstas y no otras las que deberían ser propagadas y exaltadas desde las instituciones. Pero, lamentablemente, son desdeñadas y relegadas por nuestros actuales gobernantes, empeñados en generar fractura social y división con el único fin de aferrarse al poder. El precio del destrozo no lo van a pagar ellos, sino ustedes.
