La economía para desviar el foco político
«Las elecciones autonómicas y municipales de mayo servirán para medir el rechazo ciudadano a la deriva iliberal del Gobierno de Sánchez»
La economía para desviar el foco político.
Queda un año para las próximas elecciones generales. ¿Amainará la tormenta política que ha desatado el último asalto del Gobierno de Sánchez al Estado de Derecho? No es descartable. Ya ha ocurrido varias veces en esta legislatura. Normalmente porque a un escándalo le sucedía otro. ¿Será esta vez diferente? Como señalaba ayer en El Mundo Elisa de la Nuez, abogada del Estado y secretaria general de la Fundación Hay Derecho: «No siempre es fácil identificar con precisión el momento exacto en el que un Estado democrático de derecho empieza a alcanzar un punto de deterioro que puede llegar a ser irreversible». Las elecciones autonómicas y municipales de mayo servirán para medir el rechazo ciudadano a la deriva iliberal del Gobierno de Sánchez. Mientras, prepárense para las fenomenales maniobras del presidente para poner el foco en lo que él cree es la buena marcha de la economía. Sin descartar el anuncio de nuevas medidas populistas de gasto.
Presumir de la gestión económica para evitar que le pase factura electoral la amnistía de facto concedida a los líderes independentistas catalanes condenados por el 1-O o la reforma de las reglas de elección de los magistrados del Constitucional para poder colocar a dos de ex altos cargos del Gobierno arrinconando al CGPJ. Dispuesto a reformar el Código Penal a la medida de su socio parlamentario ERC a cambio de su apoyo a los presupuestos generales, como ha alardeado Gabriel Rufián, la derogación del delito de sedición deja desprotegida a la Constitución y la reforma del delito de prevaricación supone un preocupante paso atrás en la lucha contra la corrupción. Para un Gobierno que se dice el máximo defensor de lo público, es notable la facilidad con la que acepta que el dinero de todos los contribuyentes pueda ser desviado con fines políticos, ya sea para financiar el golpe al orden constitucional dado por los independentistas o para asegurarse un voto cautivo con los ERE en Andalucía.
Pero volviendo a la economía, ¿tiene Sánchez razones para sacar pecho? Que si la inflación es la más baja de la Unión Europea, que si España va a ser uno de los pocos países europeos que tenga crecimiento positivo en 2023, que si los datos de empleo muestran la resistencia de la economía española a la crisis, que el déficit se está reduciendo rápidamente… se nos dice desde el Gobierno. Las previsiones más moderadas de organismos multilaterales como el FMI o la OCDE, del Banco de España o de la AIRef no empañan su optimismo. Veamos los datos macro que presume el presidente. Y también de los que evita hablar.
Empezando por la inflación. El tope impuesto al precio del gas ha permitido a España empezar a doblegar la inflación antes que el resto de Europa. En noviembre, el IPC cayó al 6,8%, muy por debajo de la media del 10% en la eurozona. Pero esta intervención no ha sido sin costes. Los usuarios de la red eléctrica la pagan en forma de cargos normativos en su factura mensual. El tope del gas también ha generado externalidades negativas como que el mercado ibérico genere más energía a partir del gas y de manera más ineficiente además de aumentar las exportaciones a Francia han subido hasta máximos (recibe el 4% de la energía total producida en España) en un momento de escasez energética. El IPC, por otro lado, no refleja los precios del mercado libre de la electricidad (el 60% de los contratos), cuyas tarifas han subido muy por encima de las del regulado desde el estallido de la crisis energética.
«Para un Gobierno que se dice el máximo defensor de lo público, es notable la facilidad con la que acepta que el dinero de todos los contribuyentes pueda ser desviado con fines políticos»
Por otro lado, si nos fijamos en la inflación subyacente, esa que no tiene en cuenta los precios de la energía y los alimentos y marca la tendencia estructural de los precios, España no sale tan bien parada con respecto a sus competidores europeos. En noviembre aumentó una décima hasta el 6,3% mientras que en la eurozona ese situó en el 5%. Aun así, el gobernador del banco de España destaca la buena noticia de que al menos hasta el momento los efectos de segunda ronda sobre la inflación (notablemente las subidas salariales) se han evitado y la subida se puede atribuir más al aumento de los márgenes de beneficios de algunos sectores. De nuevo, un pacto de rentas como el alcanzado en Portugal sería deseable para repartir más equitativamente el coste de las subidas de precios.
Con respecto a las perspectivas de crecimiento, es cierto que España será uno de los países europeos que crezca por encima del conjunto de la UE en 2022: un 4,5% frente al 3,3% de media, aunque lejos del 7,9% de Irlanda o el 6,6% de Portugal. También y a diferencia de socios como Alemania, eludirá entrar en recesión en 2023, aunque su PIB avanzará a una tasa muy moderada, un 1%, según la Comisión Europea y no un 2,1% como prevé el Gobierno y sobre el que ha basado sus partidas de ingresos y gastos para el presupuesto del año que viene. Pese a tener un crecimiento más dinámico que la media de nuestros competidores, el PIB de España lograra hasta 2024 recuperar su nivel prepandemia.
Si se amplía la foto, antes de que se sucedieran las tres crisis vividas en algo más de una década, la financiera de 2008-13, la de la pandemia y la provocada por la invasión rusa de Ucrania, la economía española permanece estancada en comparación con otros países europeos. Entre 2005 y 2021, el PIB irlandés creció un 79%, el de Alemania un 18,7%, el de Portugal un 7,5%, frente al cero de España. Entonces la economía española pesaba un 1,87% del PIB mundial. Hoy representa un 1,37%. Son datos ofrecidos por el catedrático de Economía en la Universidad de Pennsylvania, Jesús Fernández Villaverde. ¿Por qué no somos capaces de crecer como los demás? Las reformas pendientes, ya sea la fiscal, la de las administraciones públicas, pueden tener mucho que ver. Pero no parece que sea una pregunta que se haga el Gobierno.
En cuanto al empleo, el mercado de trabajo aguanta pese a la ralentización económica y la crisis energética. Los datos de contratación indefinida son alentadores. Pero se mantiene la controversia en cuanto a cómo contabilizar los trabajadores fijos discontinuos (que rozan los dos millones), un cálculo que muchos expertos sostienen debe clarificarse porque podría no estar engordando las cifras de ocupados. Y ampliando de nuevo la foto: el desempleo en 2005 afectaba al 9,1% de la población activa. Hoy al 15,37%. En esos 16 años, el número de españoles trabajando sólo ha subido en 400.000.
Seguimos por el déficit. España tiene el déficit estructural (ese que no depende del ciclo) más elevado la Unión Europea, el 4,5% del PIB. Pese a que Hacienda ingresará 30.000 millones de euros extra por la subida de la inflación vía IVA e IRPF, los gastos comprometidos por el Gobierno en el presupuesto (sobre todo la subida en el 8,5% de las pensiones) hacen imposible la consolidación fiscal que exige la Unión Europea. Si el déficit ha bajado del 10,13% del PIB en 2021, año aún en el que la actividad económica se vio afectada por los confinamientos contra la pandemia, al 6,87% que se espera cierre 2022, ha sido gracias al fuerte aumento de los ingresos vía impuestos y no a esfuerzo alguno para reducir este desequilibrio. Si a ello añadimos el aumento inevitable del coste de los intereses de la deuda por el giro restrictivo de la política monetaria, el margen para corregir el déficit se estrecha.
Porque esa es otra: el colchón extraordinario con el que ha contado Europa para salir de la crisis de la pandemia en forma de compras masivas de bonos soberanos y otros activos financieros a los Tesoros nacionales y entidades financieras se acabó en junio. Y desde entonces los tipos de interés del banco Central Europeo han subido en tres ocasiones y de forma contundente, pasando de estar en negativos al 2%. Un cambio que repercutirá en el coste de financiación de la deuda soberana, cada vez más abultada en términos absolutos (1,504 millones de euros en octubre, 12.609 millones más que el mes anterior) aunque el crecimiento del PIB le haya permitido reducir su peso con respecto al mismo: un 116% frente al 120% de finales de 2021.
Pedro Sánchez dice que Alberto Núñez Feijóo ahora no quiere hablar de economía. ¿Quién puede culpar al líder de la oposición con la que está cayendo en el frente político? Pero no porque no haya motivos para cuestionar, como hacen regularmente las organizaciones multilaterales, muchas de las previsiones económicas del Gobierno o para dejar de exigir las reformas que necesita España para salir de un estancamiento que amenaza con condenarla a una posición económica cada vez más irrelevante en la economía mundial.
