El ruido y la furia

No puede disimularse la muy peligrosa situación por la que pasan las instituciones públicas en nuestro país, agravadas por el ruido constante que provocan los responsables políticos y por la furia de los mensajes que trasmiten los más sectarios medios de comunicación. 

Este martes, la conocida conductora del programa matinal de la SER Ángels Barceló sostuvo en uno de sus tuits lo siguiente: «El Tribunal Constitucional ha consumado su ataque a la democracia. Los jueces conservadores se han colocado ya, definitivamente, fuera de la ley». Si ello fuera cierto, habría que adoptar las medidas extraordinarias que la Constitución prevé en su defensa. En concreto, con toda probabilidad, habría que declarar el estado de excepción.

Afortunadamente,  creo que no es necesario. La situación es grave pero no llega a estos extremos. La ignorancia es atrevida. Ángels Barceló es una hooligan de la radio que cada día quiere hacer méritos ante los suyos y, por desgracia, al ser líder de audiencia a primera hora de la mañana, con demasiada frecuencia envenena el ambiente del día.

Tan alocada es la carrera emprendida por políticos, informadores y columnistas, que los dos líderes de los grandes partidos intentaron calmar los ánimos ayer por la mañana. 

Feijóo pronunció palabras contundentes al condenar las últimas decisiones del Gobierno en el ámbito parlamentario, pero también hizo una llamada a la prudencia y al entendimiento.

Más sorprendente aún fue la declaración institucional del presidente Pedro Sánchez que, con un tono y un fondo muy distinto al de sus constantes apariciones públicas de la semana pasada, también pidió destensar las relaciones entre los partidos y dar confianza a los ciudadanos para que pueda encontrarse una salida a la situación. Ya veremos si ello es posible dada su debilidad parlamentaria, siempre dependiente del apoyo de partidos (UP, ERC, Bildu, entre otros) que quieren destruir sin tapujos nuestra carta fundamental convencidos de que a río revuelto, ganancia de pescadores. También Sánchez puede estar influido por las críticas internas formuladas por miembros de su propio partido, quizás también por las advertencias privadas de alguna alta autoridad del Estado en cumplimiento de sus funciones constitucionales, o por los dirigentes de la Unión Europea.

En todo caso, quizás debamos deslindar los hechos que han provocado estas tensiones y ceñirnos al ámbito que nos ocupa. Lo que resolvió el lunes el TC fue la admisión a trámite de un recurso de amparo y, a pesar de que no se ha publicado el auto en el que se dan las razones para fundamentarlo, ni tampoco los votos particulares de los magistrados discrepantes para poder opinar con pleno conocimiento, algunas observaciones pueden hacerse.

La admisión a trámite de un recurso de amparo no es una resolución sobre el fondo de la cuestión planteada sino, simplemente, la constatación de que se han cumplido los requisitos requeridos en la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional para que dicha cuestión deba ser examinada por este órgano. Simplemente es eso. Una vez admitido este recurso en defensa de los derechos fundamentales, el Tribunal Constitucional deberá estudiar las cuestiones planteadas y responder en derecho si se ha vulnerado algún derecho fundamental. 

Por tanto, no es cierto, como ha sostenido el disparatado editorial de El País de este martes, que el TC «ha decidido interrumpir el trabajo legislativo del Senado», sino que se ha limitado simplemente a atender la demanda de un grupo parlamentario -el del PP – que ha considerado vulnerado su derecho fundamental a la participación política consagrado en el art. 23 de la Constitución. Algo que entra dentro de la normalidad democrática y no es ni un golpe de Estado ni un complot de los jueces contra el Gobierno, tal como dijeron la semana pasada relevantes personalidades gubernamentales.

Entonces, ¿por qué tanto revuelo? Por una sencilla razón de carácter puramente político: porque ERC, uno de sus más importantes socios parlamentarios, exige que se apruebe una ley orgánica de reforma del Código Penal para que se suprima el delito de sedición y se reforme el de malversación para librar del cumplimiento de sus penas respectivas a responsables de la insurrección de 2017 en Cataluña que están todavía procesados o investigados por los jueces. 

A esta ley orgánica de reforma del Código Penal se han añadido, en el último momento, las reformas de la ley del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional por el cauce de presentar enmiendas, a pesar de que tales enmiendas no tienen conexión alguna con la materia penal, algo que infringe no sólo el procedimiento parlamentario, sino que atenta al principio constitucional de seguridad jurídica. 

En definitiva, que además de ser en técnica jurídica una chapuza impresentable, vulnera el derecho fundamental de los diputados y senadores a participar y debatir en el Congreso y el Senado. Por tanto, a primera vista esta situación reviste visos de ser inconstitucional y merece ser examinada por el TC para dictar la sentencia que debe decidir sobre su validez jurídica. En consecuencia, nada jurídicamente anormal. 

«La salud de las instituciones públicas es imprescindible para solucionar todos los demás problemas con los que nos enfrentamos en los campos económico y social»

Sólo está el pequeño detalle de que políticamente hay prisas, muchas prisas,  porque todo esto lo exige ERC antes de aprobar el Presupuesto del Estado para 2023. En otras palabras, la supervivencia del Gobierno Sánchez está por encima de los derechos fundamentales y los principios y valores que debe garantizar la Constitución. Este es el verdadero núcleo de la cuestión que ha agitado estos días y estas semanas la actualidad política, el ruido y la furia que nos tiene sobrecogidos y justificadamente asustados. 

Si la moderación del discurso de Sánchez ayer significa un cierto giro respecto a la semana pasada, será una buena noticia. Feijóo le ha ofrecido un acuerdo global y aceptar una negociación es el único camino para salir de este maldito embrollo en el que está metida la política española desde la moción de censura de 2018. 

Cuatro años y medio de inestabilidad son muchos años. La salud de las instituciones públicas es imprescindible para solucionar todos los demás problemas con los que nos enfrentamos en los campos económico y social. No se trata de  cuestiones que sólo interesan a juristas más o menos exquisitos: son el fundamento, las bases mismas, para que el Estado sea respetado, en España y en los países extranjeros. Responsabilidad es lo mínimo que debemos pedir a nuestros dirigentes políticos, es decir,  un nuevo panorama de acuerdos razonables que nos permitan confiar en el futuro. Sin ruido ni furia.