Claudicación constitucional

Que los dos candidatos del Gobierno para magistrados del Constitucional superaran el control previo de idoneidad no era descartable, pero que hayan contado con el beneplácito unánime de los actuales togados no sólo es descorazonador, sino que apesta a una componenda tan hedionda como inadmisible.

Con la llegada de Juan Carlos Campo y Laura Díez se sienta un precedente intolerable y se consolida una politización del Tribunal Constitucional insoportable, dado que se ha allanado el camino a que cualquier Gobierno coloque a dedo a sus ministros y altos cargos despreciando los requisitos de experiencia y prestigio que la ley exige como premisa de independencia en el desempeño de sus funciones.

Tras los acontecimientos críticos de los últimos días, en los que por momentos pareció que el Estado de Derecho había puesto en funcionamiento los mecanismos que permiten a la democracia defenderse de sí misma para repeler los embates de un Ejecutivo embarcado en un proceso de colonización institucional, la sensación que deja esta vergonzante claudicación final es que para ese viaje no se necesitaban alforjas. O dicho de otra manera, que nos han tomado el pelo.

Efectivamente, uno se queda con la impresión de que, si el partido socialista insiste en algo es mejor dárselo por las buenas, para evitar que lo acabe consiguiendo por las malas. La crisis institucional abierta por el empeño sanchista de asaltar dos contrapoderes se ha saldado cediendo prácticamente a todas sus exigencias y avalando tanto su falaz relato sobre el bloqueo por parte de los populares del CGPJ y el tribunal de garantías, como su peligrosa retórica populista y pseudo totalitaria. 

El Estado ha respondido al pulso de Sánchez como él lo ha hecho al de los independentistas catalanes: cediendo. Se va evidenciando así que ese principio de legalidad que somete a todos los ciudadanos, incluido a los poderes públicos, a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico (art. 9.1 y 9.3 CE), presenta no sólo matices, sino también notables excepciones: cuando es un gobierno el que se echa al monte, ya sea el español o el catalán, el cumplimiento de la ley se descarta como respuesta y la cesión o la claudicación son la norma. Parece que hemos olvidado que, cuando juegas con el populismo, siempre pierdes.

Para quienes necesiten una guía para entender el porqué de mis anteriores conclusiones, lo primero que deben recordar es que, además de despenalizar los referéndums secesionistas no violentos y de rebajar sustancialmente las penas a quienes distraigan dinero público para cuestiones como consultas independentistas, el Ejecutivo estaba dispuesto a intervenir tanto el Consejo General del Poder Judicial como el Tribunal Constitucional. Iban a rebajar el sistema de mayorías y eliminar el control previo de idoneidad mediante la introducción de dos enmiendas en la última fase de la tramitación legislativa de la reforma del Código Penal. El objetivo: situar como magistrados en este último a tres personas estrechamente vinculadas a Moncloa y a los asuntos catalanes. 

«En España necesitamos sin demora la puesta en marcha de una agenda reformista que profundice en la neutralidad e independencia de las instituciones»

Dos de esos candidatos lo son directamente a propuesta del Gobierno: Juan Carlos Campo, el exministro de justicia que pergeñó los indultos a los procesistas y la derogación de la sedición; y Laura Díez, asesora de la Generalidad de Cataluña y partícipe activa de la reforma del Estatut. Al tercero lo intentaron colar entre los dos que propuso el CGPJ: el favorito del denominado «sector progresista» era José Manuel Bandrés, partidario de la inmersión lingüística en Cataluña. 

El Partido Popular recurrió en amparo este intento fraudulento de aprobar por las bravas unas modificaciones legislativas de tanto calado, pues con el procedimiento escogido para su aprobación se sustraería la reforma del debate parlamentario, vulnerando tanto los derechos de los diputados en minoría como los de los ciudadanos. Motivo por el cual solicitó también la suspensión cautelarísima de la votación de las dos enmiendas en las Cortes. Tanto el Gobierno como la izquierda político-mediática reaccionaron acusando a la oposición y a los magistrados del Constitucional de intentar un golpe de Estado amordazando al Parlamento. Un pulso al orden constitucional sin precedentes.

Muchos sentimos un alivio inmenso cuando el Constitucional accedió a la suspensión y admitió el recurso de los populares. También aplaudimos que el CGPJ convocase un pleno de urgencia del que resultaron elegidos unánimemente dos magistrados, uno de ellos del ala progresista con una trayectoria profesional intachable y entre los que no estaba Bandrés. Creímos estar asistiendo a la reacción institucional frente al ímpetu colonizador del Ejecutivo. Pero el resultado final es que el Constitucional, que ya era un órgano politizado en exceso, ahora podría haberse convertido definitivamente en un satélite del Ejecutivo.

Que dos personajes con la trayectoria política y profesional de Campo y Díez obtengan el plácet de la totalidad de los todavía magistrados del Tribunal carga de razones a Sánchez para acometer las ansiadas reformas. El control previo de idoneidad no sólo queda desnaturalizado, sino que han confirmado que no sirve para nada, dado que no se atiende a parámetros de mérito, experiencia o capacidad, sino puramente políticos.

Aunque Pedro ha tenido que renunciar a Bandrés, la actual composición del Constitucional arroja mayoría progresista: siete a cuatro. Es cierto que los dos magistrados elegidos a propuesta del CGPJ no tendrían por qué alinearse con los sanchistas y que queda una vacante por cubrir tras renunciar el pasado julio Alfredo Montoya, la cual corresponde a los conservadores y dependería del Senado. Pero, para que vean cómo son las cosas, el mismo PSOE que amenazó con tomar por las bravas las instituciones con el pretexto de garantizar el funcionamiento de un CGPJ y un Constitucional «bloqueados por el PP», no tiene problema ahora en bloquear él ese nombramiento si los populares no acceden también a renovar el CGPJ (se entiende que tragando con los vocales que le impongan los socialistas). 

Si a un chantajista le das lo que pide, no sólo no pondrás fin al chantaje, sino que conseguirás que redoble la apuesta. Por eso Pere Aragonés habla ya de referéndum y Pedro Sánchez exige su trozo de carne en el CGPJ. Pase lo que pase, el Constitucional sale de ésta muy tocado. Igual o más que la confianza de los españoles en la independencia de sus instituciones. Luego habrá quién se extrañe ante la apatía ciudadana. Visto lo visto, no sólo la comprendo, sino que casi también la comparto. En España necesitamos sin demora la puesta en marcha de una agenda reformista que profundice en la neutralidad e independencia de las instituciones, incluidos el CGPJ y el TC. El hedor es insoportable.