¿Por qué no quieren que paguemos con efectivo?

Escribir me genera estrés. No exactamente escribir, sino tener que escribir con periodicidad. A veces tengo tantos temas sobre los que vomitar mis ideas que me resulta difícil elegir. Otras veces (mucho más a menudo) me sucede lo contrario: no tengo ni puñetera idea de sobre qué quiero hablar. Ayer empecé a angustiarme al acercarse la «fecha y hora guillotina» en la que entregar mi artículo semanal. Creo que hasta he tenido pesadillas sobre el tema. 

Por razones de trabajo, hoy me encontraba a 400 kilómetros de casa, disfrutando del calentamiento global en un rincón cualquiera del Mediterráneo. A la hora de hacer el check out, en el mostrador del hotel he visto un cartel con la siguiente leyenda: «El artículo 7 de la Ley 7/2012, de 30 de octubre, establece que a partir de la entrada en vigor del mismo (20/11/12), queda prohibido realizar transacciones en metálico cuyo importe sea igual o superior a 1.000 euros». Y se me ha encendido la luz.

La limitación de pagos en efectivo en comercios se estableció, en efecto, en 2012, con el Gobierno de Mariano Rajoy, siendo Ministro de Hacienda Cristóbal Montoro. Como siempre, esa limitación se estableció «por nuestro bien», en este caso para evitar el fraude fiscal. El límite establecido entonces fue de 2.500 euros para residentes en España, y de 15.000 euros para no residentes. 

En noviembre de 2018, la Secretaría de Hacienda del Gobierno de Pedro Sánchez (ese que no para de «ampliar nuestros derechos», ya sea aplicando un toque de queda nocturno durante 6 meses, ya sea no permitiendo que los niños puedan estudiar en lengua española en aquellas regiones cuyos representantes políticos así lo exijan para prestarle su apoyo), solicitó a través del Banco de España un dictamen al Banco Central Europeo sobre un proyecto de Ley que pretendía reducir la limitación de pagos en efectivo a 1.000 euros en comercios (a 10.000 euros para no residentes).

El dictamen del BCE, emitido el 1 de febrero de 2019, mencionaba entre otros los siguientes puntos:

• «Debe tenerse presente que la posibilidad de pagar en efectivo sigue siendo muy importante para ciertos sectores sociales que, por diversas y legítimas razones, prefieren usar el efectivo en lugar de otros medios de pago. El efectivo también se aprecia en general como medio de pago porque es ampliamente aceptado y rápido y porque permite al pagador controlar sus gastos. Además, es un medio de pago que permite a los ciudadanos liquidar operaciones al instante, y el único medio de pago en dinero del banco central y a su valor nominal que no conlleva la posibilidad legal de cargar una comisión por su uso. Asimismo, el pago en efectivo no requiere una infraestructura funcional técnica y siempre puede usarse, lo cual es muy importante en caso de interrupción de los pagos electrónicos. Por otra parte, el pago en efectivo facilita la integración en la economía del conjunto de la población, al permitirle liquidar de esta forma cualquier tipo de operación financiera».

• «El BCE considera que bajar a 1.000 euros la limitación de los pagos en efectivo en operaciones en las que el pagador actúa en calidad de empresario o profesional es desproporcionada si se considera su posible repercusión adversa en el sistema de pagos en efectivo. Ciertamente, esta limitación dificulta la liquidación de operaciones legítimas usando el efectivo como medio de pago, por lo que pone en peligro el concepto de curso legal establecido en el Tratado 13. Además, como enseña la experiencia en la Unión, ciertos medios de pago sin efectivo pueden sufrir interrupciones temporales, pues se basan en la infraestructura técnica manejada por proveedores de servicios de pago. Ante tales contingencias, puede ser preciso efectuar operaciones en efectivo que excedan las limitaciones a los pagos en efectivo».

• «En cuanto a la limitación de 10.000 euros para los pagos en efectivo de personas físicas que no actúan en calidad de empresarios o profesionales y que no tienen su domicilio fiscal en España, a personas que actúan en calidad de empresarios o profesionales, la aplicación de una norma distinta a los pagos hechos por no residentes no parece justificada, y discrimina a los pagos hechos por residentes«

• El régimen sancionador previsto por el proyecto de ley parece excesivo y, concretamente, la multa del 25% del importe pagado parece desproporcionadamente elevada. De hecho, en plena pandemia y aprovechando la misma, el PSOE presentó una proposición no de ley en el Congreso en la que se abogaba por «la eliminación gradual del pago en efectivo, con el horizonte de su desaparición definitiva».

Como es marca de la casa Sánchez, nuestro Presidente se pasó el dictamen por el forro de sus caprichos, y el 9 de julio de 2021 entraba en vigor la nueva Ley 11/2021, que no modificaba ninguno de los aspectos criticados por el BCE. 

Naturalmente, si algún periodista le preguntase en rueda de prensa, él no hablaría de limitación de libertades, sino de «europeizar nuestras leyes». Sin embargo, un breve repaso a la situación de pagos en efectivo en los diversos países europeos, nos permitirá ver que no solo muchos de ellos no tienen limitación alguna (Austria, Reino Unido, Alemania o Suecia, entre otros), sino que aquellos que la tienen, en su inmensa mayoría, permiten una cuantía mucho mayor. Tan solo Grecia (500 euros), Italia (1.000 euros) o Francia (1.000 euros en comercios, aunque entre particulares, por ejemplo al comprar un coche, ese límite desaparece) tienen valores similares al español. Y, hasta donde yo conozco, es también España el país donde las multas por incumplir esta ley son más elevadas (el 25% de la cantidad pagada en metálico ilegalmente). Huelga decir que, en EEUU, tampoco hay ningún tipo de restricción al pago en efectivo. Dinero en efectivo que, recordemos, ha sido emitido por los Bancos Centrales para su uso por parte de los ciudadanos.

«La pandemia ha sido un peligrosísimo ejercicio de poder por parte de las autoridades sobre los ciudadanos que, desgraciadamente, les ha permitido comprobar hasta qué punto estos son dóciles»

Vivimos tiempos oscuros para la libertad. La pandemia ha sido un peligrosísimo ejercicio de poder por parte de las autoridades sobre los ciudadanos que, desgraciadamente, les ha permitido comprobar hasta qué punto estos son dóciles, especialmente si las normas que se les exige cumplir son «por su bien». Estoy íntimamente convencido de que, si el Congreso lo hubiera aprobado como Ley, multitud de ciudadanos habrían ido a la pata coja con una mano en el bolsillo para protegerse de los contagios de la covid. No solo eso, sino que muchos de ellos habrían denunciado a las autoridades a aquellos vecinos díscolos que hubieran osado caminar utilizando las dos piernas y con las manos al aire sin poseer un documento justificativo que, excepcionalmente, les permitiera hacerlo. 

Recientemente, Christine Lagarde, hablando de las hipotéticas criptomonedas a emitir en un futuro más o menos cercano por parte del Banco Central Europeo que preside, dijo que «el anonimato total, como el que ofrece el dinero en efectivo, no es, en mi opinión, una opción viable». Vamos, que su objetivo es conocer todas y cada una de las transacciones que realizamos los europeos (por nuestro bien, por supuesto; siempre por nuestro bien). Como por nuestro bien la Dirección General de Tráfico podrá saber en todo momento dónde están nuestros vehículos. Como por nuestro bien unos pórticos se encargarán de saber por qué carreteras transitamos para pagar las cantidades correspondientes como peajes.

Nos acercamos cada vez más, en Europa y particularmente en España, al modelo chino de ciudadanía. Es decir, a un mundo de súbditos controlados, no de ciudadanos libres e iguales. En el que tendremos un carné digital según el cual, siempre por nuestro bien y conociendo perfectamente nuestra situación financiera y las compras realizadas en todo momento, se nos podrá restringir, por ejemplo, que compremos más carne, subamos el termostato o adquiramos un dispositivo digital. Al fin y al cabo, lo harán para salvar el planeta. O sea, por nuestro bien. 

Nunca he sabido si es cierta la historia de que es imposible hervir una rana sumergiéndola en agua a 100 grados pues saldría dando saltos, pero sí lo es metiéndola en agua tibia y calentándola poco a poco, pero estoy empezando a sentirme un poco batracio, y mis ancas comienzan a calentarse peligrosamente. Aunque sé que tengo pocas probabilidades de salir de la olla que empieza a humear al fuego del control digital, y teniendo en cuenta que el argumento que utilizarán los pedrosánchez de este mundo para prohibir el dinero en efectivo es que «casi no lo utiliza ya nadie», he decidido que, aunque sea únicamente ejercer mi derecho al pataleo («ancaleo»), mi primer propósito para el año que ya asoma y que deseo maravilloso para todos los lectores de THE OBJECTIVE y para los que (aún) no lo son, será realizar todas las compras que pueda en metálico.   

La ciudad de los 15 minutos. Confinamiento climático

Velarde Daoiz