A la espera de un reformista

Después de todos estos años de agitación sectaria y activismo legislativo, sería natural que una mayoría de españoles quisiera una etapa de calma chicha, de ese sopor apacible y gestión rutinaria que solía ser propio de las democracias consolidadas. No es eso, sin embargo, lo recomendable en las circunstancias por las que atraviesa nuestro país, necesitado, urgido más bien, a emprender reformas profundas y, a ser posible, pactadas, si no queremos que toda esa arquitectura del Estado del bienestar que tantos elogios recibe en Twitter se derrumbe pronto sobre nuestras cabezas.

España es un país estancado. En lo económico, el PIB actual es prácticamente el mismo de hace una década, un periodo en el que Francia, por ejemplo, ha crecido alrededor de un 10%. En lo político, nuestro sistema ofrece síntomas inequívocos de agotamiento, que se reflejan en el desprestigio institucional, el deterioro de la convivencia y el incremento de la desigualdad y la falta de oportunidades.

Nos hemos resignado a cifras de desempleo insólitas en cualquier país de nuestras características y a niveles salariales muy inferiores a los de economías como la nuestra. Al mismo tiempo, otros problemas más recientes amenazan el bienestar de las familias, el progreso de los jóvenes y el futuro de todos. Los expertos han advertido de la insostenibilidad del modelo de pensiones y no es preciso serlo para comprobar a diario el daño que sufre nuestro sistema público de salud. Por encima de todo eso, persiste un modelo educativo que se ha demostrado ineficaz para permitir a nuestra sociedad competir en el mundo actual.

Llevamos casi una década desgastándonos en batallas ideológicas y tribales que han relegado la solución a todos esos problemas. Los últimos años de Gobierno de una coalición denominada de izquierdas no sólo no ha tratado de buscar remedios, sino que, en la mayoría de los casos, ha agudizado las dificultades, con medidas dogmáticas y populistas orientadas a la mera propaganda. Ninguna de las leyes aprobadas en el último lustro tiene realmente el valor de una reforma política -si se exceptúa, tal vez, la de eutanasia-. Se legisla, en gran parte por decreto, con un mero objetivo coyuntural, se añade regulación innecesaria a leyes ya existentes y se impone a todo el país legislación de fuerte sesgo ideológico condenada a su revocación una vez que el Gobierno esté controlado por un partido de signo distinto.

«Una de las tareas más urgentes del próximo Gobierno, en el caso de que no se repita el actual, debería ser la de deshacer gran parte de la maraña legislativa tejida estos años»

Una de las tareas más urgentes del próximo Gobierno, en el caso de que no se repita el actual, debería ser la de deshacer gran parte de la maraña legislativa tejida estos años. Algunas de las leyes son tan desafortunadas que el mismo Gobierno que las redactó ha empezado ya a corregirlas. Está ocurriendo con la del «sólo sí es sí», pero no sería sorprendente que tuviera que ocurrir también pronto con la ley que reduce el delito de malversación, sobre la que la Unión Europea ya ha puesto objeciones. Algunas son tan peligrosas para nuestra democracia que es imperativo una rectificación cuanto antes, como la ley que elimina el delito de sedición. Y otras son tan sectarias que obligarán inevitablemente al partido contrario a redactar otra en su sustitución, como la ley de educación o de universidades.

De manera que todo indica que ahí nos veremos a comienzos de 2024 en el mismo punto en el que estábamos en 2012, con los mismos problemas estructurales que impiden el despegue de nuestro país, aunque mucho más divididos, más desanimados y mucho más cínicos.

Entramos en un largo ciclo electoral que, sin duda, acentuará la división y la fatiga actuales. Sería reconfortante un periodo de descanso con el próximo Gobierno. Pero, por el contrario, lo que necesitamos es un periodo intensivo de reformas, necesitamos un Gobierno de ambiciosos reformistas, verdaderos reformistas, con la valentía para acometer los cambios necesarios y con el patriotismo de hacerlo con vocación de servicio, en beneficio de la mayoría, con voluntad de perduración y, por tanto, con el mayor consenso posible.