Es la inseguridad jurídica, estúpido

Si James Carville hubiera vivido estos tiempos preelectorales en España en lugar de en América con Bill Clinton en el 92, esa es la frase que le hubiera dado la notoriedad de que hoy disfruta, en lugar de la famosa «¡Es la economía, estúpido!».

Viene esta reflexión a cuento de la histeria gubernamental que ha provocado la decisión soberana del Consejo de Administración de Ferrovial de proponer a la Junta General de Accionistas de la compañía el traslado de su sede social a Ámsterdam, movimiento que, suponen fundadamente, beneficiará a la sociedad y por lo tanto a sus accionistas.

Tengo para mí que, de entre las múltiples razones que sustentan la decisión, destaca la imprescindible necesidad de disfrutar del marco jurídico adecuado para favorecer el proceso de expansión y crecimiento del grupo. Marco jurídico que no se da, y lo que es peor, puede empeorar, en la España actual. No es ésta una razón extemporánea de los rectores de Ferrovial. Múltiples autores, diversas instituciones, periodistas especializados en asuntos económicos, vienen advirtiendo hace años sobre los muy negativos efectos producidos por los cambios normativos, la alteración de las reglas del juego o las ocurrencias implementadas «por la puerta de atrás» por el Gobierno de España. Yo señalo las advertencias que me son más cercanas, por haberse producido en el entorno del Círculo de Empresarios, siempre atento a la defensa de la calidad de las instituciones y de la obligatoria seguridad jurídica en nuestra democracia liberal:

• «Es preciso que la iniciativa privada y la aportación de las empresas sean respetadas y tenidas en cuenta…» (John de Zulueta, presidente del Círculo de Empresarios en la presentación del libro «Cómo salvar las democracias liberales», 18 de junio de 2020)
• «La situación actual, hostigada por provocaciones que provienen incluso de miembros del Gobierno, y no desautorizadas, es una seria amenaza para la economía… España proyecta hoy una imagen de inseguridad jurídica y debilidad institucional que socava la confianza internacional» (Círculo de Empresarios: Declaración en defensa de la Democracia, 28 de septiembre de 2020)

• «Esto se hace mediante la argucia legal de recurrir a su tramitación como proposición de ley… evitando así los trámites previos, a costa de la seguridad jurídica y de la calidad normativa. Una gran mayoría de empresarios encuestados (80%) valora muy negativamente… el deterioro de la seguridad jurídica, la inestabilidad regulatoria y la falta de calidad de las normas». (Toma de posición del Círculo de Empresarios, 3 de octubre 2022)
• «La seguridad jurídica, la certeza de unas reglas de juego conocidas, es uno de los activos más importantes de los que dispone un país para asegurar su desarrollo económico. Sin ella…las inversiones desde el exterior desaparecen y las ya existentes se congelan.  Y esa seguridad jurídica representada por unas instituciones sólidas, valor seguro para cuantas empresas se planteaban invertir en España, está desapareciendo en nuestro país a los ojos de analistas cuya opinión pesa en los consejos de administración de los inversores, nacionales e internacionales». (Yo mismo: «La Corona y la Seguridad Jurídica» en THE OBJECTIVE, 19 de mayo de 2022)

Ruego al lector disculpe esta autocita, pero estas menciones y muchas más como el informe de FEDEA «La seguridad jurídica en España», de 10/05/2021, «Inseguridad jurídica de un plan sin consenso» (editorial de El Mundo de 9 de agosto de 2022) o artículos como «Los inversores pierden interés en España por la creciente inseguridad jurídica» de Fernando Cano en THE OBJECTIVE del 29/11/2021, mencionando el «hachazo» a las energéticas, los costes de la transición ecológica, los crecientes impuestos a las tecnológicas o la reforma laboral, «La inseguridad jurídica y económica de Sánchez» (José Mª Rotellar en Expansión del 16 de diciembre de 2022)… inacabable relación cuyo mero enunciamiento sobrepasaría el espacio razonablemente disponible para esta reflexión, se han venido produciendo durante los últimos cinco años con insistencia digna de la mejor causa.

Embebido en su autocomplacencia habitual, el Gobierno no ha prestado la más mínima atención. Y ahora, después de tanta advertencia de «¡Que viene el lobo!», comprobado el desahogo con que altos cargos del Gobierno mencionan por su nombre a algunos de los más relevantes empresarios de España y demonizando al colectivo empresarial, cuando una empresa razona el traslado de su sede mencionando la necesidad de «un marco jurídico estable», «mayor seguridad jurídica», «la estabilidad política de los Países Bajos…», el Gobierno reacciona, una vez más, reiterando el señalamiento, atribuyendo falsas razones, proclamando inexistentes intereses y no probadas intenciones al presidente de la compañía, su más relevante accionista. Lo que no hace sino confirmar lo ajustado a la realidad que resultaban las advertencias y comentarios mencionados más arriba.  

Es la inseguridad jurídica… y no os habéis enterado. ¿O sí?

P.S. Para olvidadizos, artículo 9.3 de la Constitución Española: «La Constitución garantiza… la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos».

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David Mejía