Los numerosos damnificados de la reforma de Escrivá
«Es evidente que, cuando una reforma legal perjudica a prácticamente todos, su contenido es erróneo. Y así lo es, salvo para la obsesión electoralista de Sánchez»
El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá. | Europa Press
Mira que durante su mandato y en múltiples áreas de su gestión el Gobierno Sánchez ha adoptado decisiones claramente perjudiciales para España. Pero la reforma del sistema público de pensiones con el Decreto-Ley que se prevé convalidar mañana en el Congreso de los Diputados constituye probablemente uno de los más sonados, galardón a la que es acreedora por dos motivos. El primero por carecer del atenuante que tienen otros errores de Sánchez, en los que podría alegar en su descargo la obligada connivencia con sus socios podemitas de Gobierno y con sus estrambóticos socios parlamentarios para poder mantenerse en el poder. El segundo porque, careciendo de la citada justificación, la gravedad del contenido de la reforma la convierte en plenamente dañina para el propio sistema en general y resulta particularmente perjudicial -con perjuicios diferentes- para la práctica totalidad de los españoles.
El daño ocasionado al sistema público de pensiones es evidente. Lejos de garantizar su sostenibilidad, que era su objeto, con la reforma se garantiza que el sistema no será sostenible. Así lo ha manifestado la AIReF en un informe impecable que ha venido a desnudar los postulados de Escrivá que ha quedado retratado como un descomunal irresponsable. Primero subió el gasto en pensiones -cerca de un 10% de aumento- sin saber cómo iba a financiarlo, decisión que le habría supuesto el despido fulminante si trabajase en una empresa privada, pero ya se sabe que él dispara con pólvora del Rey. Después, puesto ya a buscar las medidas para financiar su primera medida, ha omitido las que él mismo dijo que habían de adoptarse -prórroga de la edad de jubilación y aumento del periodo utilizado como cómputo de las cotizaciones- y ha adoptado la que él mantenía que no debía ser adoptada -incrementar los costes laborales-.
Estas flagrantes contradicciones también le hubieran supuesto ser despedido si desarrollara sus funciones en una entidad cuya permanencia depende de su cuenta de resultados. Con todo, lo peor es que, como ha señalado la AIReF, los gastos derivados de la reforma crecerán a un ritmo que casi dobla al que seguirán los ingresos que genere, con lo que lejos de lograr la sostenibilidad perseguida se aumentará la insostenibilidad del sistema, descarrilándole por la senda del déficit permanente y creciente y, por lo tanto, de la constante elevación de su deuda. En este caso, no es ya que cualquier empresa privada hubiera despedido a Escrivá, es que además le demandaría por daños y perjuicios requiriéndole el pago de la correspondiente indemnización.
«Disminuirá la renta disponible de todos los trabajadores y consecuentemente su calidad de vida»
Repasando los grupos de españoles que van a ser víctimas de la reforma Escrivá-Sánchez, procede empezar por aquellos que actualmente disponen de un puesto de trabajo. Todos ellos verán aumentar sus cotizaciones sociales debido al mantenimiento aumentado del Mecanismo de Equidad Intergeneracional -MEI- que, introducido por Escrivá hace aproximadamente un año con la promesa de ser temporal, se ha convertido en definitivo con la reforma y aumentará progresivamente su dimensión hasta duplicarse. Con ello, disminuirá la renta disponible de todos los trabajadores y consecuentemente su calidad de vida. Junto a lo expuesto, dentro de los hoy empleados habrá un segmento que sufra un sobre perjuicio, pues junto al citado MEI, habrán de soportar dos aumentos adicionales en su cotización al sistema, el provocado por el llamado «destope» y el debido a la denominada «Cuota de Solidaridad» que se introduce en la reforma. En definitiva, todos los trabajadores en activo se verán perjudicados existiendo un grupo cuyo perjuicio será mayor.
Por su parte, la reforma provocará un aumento más que significativo de los costes laborales de empresas y empresarios por el efecto conjunto de las tres medidas que han sido reseñadas en el párrafo anterior: MEI, «destope» y Cuota de Solidaridad. Este encarecimiento tendrá dos efectos ciertamente perversos. Uno, reducirá el margen de cualquier actividad empresarial, disminuyendo la rentabilidad de aquellas que actualmente lo tienen más holgado, expulsando del mercado a las que lo tienen en una situación límite y aumentando el umbral necesario para iniciar la andadura de cualquier nueva empresa. Dos, afectará negativamente a la competitividad exterior de la empresa española, pues si ahora mismo soporta un coste social superior en un 6% del salario bruto al soportado por sus homónimas de la Unión Europea, con la reforma verá aumentar dicho diferencial negativo. Ergo, por todos los motivos expuestos, la actividad empresarial se verá perjudicada en España por el contenido de la reforma.
«El perjuicio a la actividad empresarial va a provocar un descenso en la futura oferta de empleo»
Lo anterior conduce inevitablemente a otro grupo de víctimas de lo acordado por Sánchez y por Escrivá que es el formado por aquellos que actualmente se encuentran a la búsqueda de un puesto de trabajo. No puede caber duda alguna, el reseñado perjuicio a la actividad empresarial va a provocar –ceteris paribus que decimos los economistas- un descenso en la futura oferta de empleo dificultando las opciones de que lo encuentren los actuales desempleados. Este hecho es grave en sí mismo por afectar a un sector de la población especialmente vulnerable como son los parados, pero su gravedad aumenta si se tiene en cuenta la dimensión que ha alcanzado el paro juvenil en España -más del 30%-, por lo que los jóvenes resultan especialmente agraviados por la reforme Escrivá. No debe olvidarse que perjudicando el empleo se están perjudicando los ingresos del sistema y, consecuentemente, su sostenibilidad que era el objetivo de esta segunda fase de la reforma.
Pues bien, afectando negativamente a los trabajadores en activo, a los que están en paro, especialmente a los jóvenes, y también a las empresas, cabría pensar que cuando menos los actuales pensionistas sí salieran beneficiados por la reforma aprobada. Ni siquiera es así, dado que sobre los actuales importes de las pensiones pende, y a corto plazo, la incertidumbre que genera un sistema en el que los gastos van a seguir superando a los ingresos, circunstancia que difícilmente se podrá aguantar en cuanto recuperen su vigencia las reglas fiscales que la Unión Europea mantiene aún suspendidas.
No hay sistema que resista una reforma que provoca que el aumento de su gasto casi duplique al esperado en sus ingresos, tal como ha acreditado la AIReF. En esas condiciones, la promesa del Gobierno de aumento anual de las pensiones de acuerdo con la evolución del IPC será financieramente inviable diga lo que diga cualquier ley. No habiendo dinero en la caja, de nada valen ni las previsiones legales ni las promesas gubernamentales, por lo que también los actuales pensionistas se ven perjudicados por la fallida reforma.
Es evidente, cuando una reforma legal perjudica a prácticamente todos es que su contenido es erróneo. Y así lo es, salvo para la obsesión electoralista de Sánchez que ya ha demostrado sobradamente que entre resolver un problema y aspirar a ganar las elecciones elige siempre esta segunda opción. La cuestión es si será capaz de engañar a tantos como necesita para lograr su objetivo.
