Cómo saber a quién votar

Pensando en la encrucijada que suponen las elecciones generales del 23 de julio, el pasado jueves este periódico nos convocó a cuatro economistas con sensibilidades políticas diferentes a debatir en una mesa redonda sobre qué reformas necesita España. En el debate, que puede seguir en este vídeo y del que Carmen Obregón ha escrito una excelente crónica, se constató un alto grado de consenso en cuanto a las condiciones y a la orientación e incluso al contenido de muchas de las reformas. 

Respecto a las condiciones, creo que compartimos la necesidad de respetar, como corresponde en democracia, la voluntad política de la ciudadanía en cuanto a qué servicios públicos debemos proveer y en qué cantidad y calidad, incluyendo desde unas pensiones más o menos cuantiosas a una mejor o peor garantía del derecho a la vivienda. 

Creo que también compartimos la necesidad de racionalizar los medios para proveer esos servicios, desde reformar el sistema fiscal (con atención a los incentivos perversos que suele generar) a liberalizar muchas actividades económicas, así como acometer numerosas reformas estructurales. 

En resumen: sea cual sea la voluntad política acerca de un estado del bienestar más o menos grande y garantista, conviene que los ciudadanos sepamos cuánto cuesta, para valorar hasta dónde queremos desarrollarlo; y que lo organicemos del modo más eficiente posible, para lo cual es necesario comparar alternativas reales en vez de basarnos en clichés ideológicos y apriorismos idealizados.  

«¿Algún partido ha empezado siquiera a explicar los peajes que, gane quien gane, pronto empezaremos a pagar cuando queramos circular por autovía?»

Esta diferenciación es esencial a la hora de considerar distintas opciones políticas, que en última instancia se concretan en decisiones de voto como las del próximo 23 de julio. Idealmente, las propuestas de los partidos políticos de cara a las elecciones deberían tratar de ambas cuestiones: fines, y medios, beneficios y costes; pero me temo que con frecuencia tienden a poner más énfasis en los beneficios que en los costes. Esto es, tienden a prometer más y mejores servicios públicos —pensiones, vivienda, dependencia, carreteras— sin explicar cuál es su coste ni cómo y quiénes van a pagar por ellos. ¿Algún partido ha empezado siquiera a explicar los peajes que, gane quien gane, pronto empezaremos a pagar cuando queramos circular por autovía?

La consecuencia de esta ocultación es que acabamos tomando decisiones erróneas o contradictorias. Mencionaré dos de los tipos principales. Por un lado, si escondemos el coste, es más probable que tendamos a apoyar aumentos excesivos de gasto, superiores al beneficio obtenible, o a redistribuir los recursos de manera opuesta a nuestras intenciones declaradas. ¿No le parece que la calidad «hotelera» de muchos de nuestros servicios públicos es muy superior a la del domicilio privado medio? ¿Y qué opina de que subamos las pensiones a costa de los jóvenes? No se extrañe. En el fondo, es eso lo que acaba de hacer el Gobierno, pues, al financiar esa subida con deuda, sólo traslada su coste a las generaciones futuras, empeorando la ya precaria situación de nuestros jóvenes. 

Sucede algo parecido, por otro lado, cuando aplicamos políticas sociales generosas en beneficio de personas necesitadas o vulnerables; pero, en vez de financiarlas recaudando impuestos, optamos por pasarle la factura a terceros. Abundan los ejemplos recientes de este altruismo hipócrita. En vivienda, no sólo hemos protegido a los okupas a costa de los propietarios, sino también a los inquilinos y deudores morosos a costa de los arrendadores y los acreedores, a quienes impedimos desahuciarles. Pero también hacemos igual en muchos otros contratos. Por ejemplo, históricamente, ha resultado tentador para mucho gobernante otorgar nuevos «derechos» laborales a los trabajadores… casi siempre a costa de las empresas que los empleaban.

Todos estos casos tienen en común que benefician a quienes están en esa posición supuestamente débil en ese momento, pero perjudican a quienes aspiran a estarlo en el futuro. El inquilino actual sale beneficiado si al propietario le impiden subir la renta, lo mismo que el empleado con contrato fijo al que conceden un nuevo derecho laboral, incluido el de paternidad. Pero es probable que quienes en el futuro aspiren a alquilar o a ser empleados resulten perjudicados. El motivo es que propietarios y empleadores tendrán en cuenta las nuevas condiciones y actuarán en consecuencia, contratando menos o modificando el precio. Dos partes no contratan si una de los dos no quiere hacerlo. No es casualidad que España sufra una tasa crónica de desempleo, ni que, tras varios años de ataques populistas al alquiler de viviendas, la oferta de pisos en alquiler haya caído de forma estrepitosa, a la vez que subían las rentas de los nuevos contratos. 

Tales casos comparten también otra característica que todo político conoce bien: los perjudicados son mayoría pero ni se enteran ni quieren enterarse, y, por ello, puede que incluso apoyen esas medidas. Por tanto, debemos pensar que estas ocultaciones no son sólo culpa de los políticos, que en realidad suelen ser muy serviciales a nuestros deseos, por desinformados que éstos sean. 

En todo caso, tanto si la ocultación de costes es fruto de una mala oferta política como de una deficiente demanda ciudadana, lo práctico es tomarla como un dato, un hecho de la vida. Aunque sin resignarnos. Además de entender las consecuencias, deberíamos, sobre todo, esforzarnos por entender las diferencias que existen entre los distintos partidos. Sería propio de votantes perezosos excusarnos en que «todos los partidos son iguales». Son muy diferentes, y es justamente esa pereza del votante lo que los lleva a parecerse. Siendo pragmáticos, lo esencial es que votemos por quien mejor explique el coste de sus promesas: cuánto cuestan, y quién y cómo las va a pagar.