España estrena presidencia de la UE sin plan fiscal y con la cuarta economía más endeudada

A partir del 1 de julio, España presidirá durante seis meses el Consejo de la Unión Europea. El Gobierno de Pedro Sánchez llega a esta cita sin los deberes hechos, al menos, sin ese plan de consolidación fiscal que organismos como el Banco de España, la Airef o Fedea, entre otros, han instado al Ejecutivo para poner freno a la situación actual de nuestra economía. España lidera los peores puestos en déficit público y en deuda, máxime cuando además nuestra deuda depende más del resto de países por el excesivo volumen de deuda externa.

Sobre este asunto, y sobre el retorno a las reglas fiscales en Europa, ha puesto la lupa estos días el Consejo General de Economistas, órgano que recuerda que, en el marco de cogobernanza Económica de la Unión Europea, es prioritario que los distintos miembros mantengan una estructura de las finanzas públicas sólidas, así como alcanzar estos objetivos sin olvidar la estabilidad de los precios.

Es de sobra conocido que, en la actualidad, las reglas fiscales de la UE establecen para los Estados miembros el máximo déficit público, que se define como el exceso de los gastos del sector público de un país sobre el total de sus ingresos, que pueden tener anualmente, fijándose en un 3% y, por otra parte, el máximo nivel de deuda pública, que es la acumulación del déficit o superávit público anual del país, sobre el PIB nacional que pueden sostener, fijado en el 60%. España hoy tiene un déficit del 4,8% del PIB y una deuda del 113%.

En líneas generales -redunda un informe del Servicio de Estudios del CGE, que dirige Salvador Marín- la actual foto fija del déficit y de la deuda pública de nuestro entorno pone de manifiesto, como podemos ver en el siguiente gráfico, que hay muchos países de la zona euro que no los cumplen. Eso sí: es importante ver cómo algunos países que tienen la deuda muy alta no tienen, sin embargo, el déficit tan elevado. Por eso resulta curiosa esta tabla que arroja muchas lecturas, y que, por encima de todo, traslada a la sala de urgencias a economías como la belga, la francesa, la italiana y la española.

La deuda de los países del sur

En una segunda lectura del gráfico, vemos que, en efecto, destacan especialmente los datos de deuda pública de los países del sur de Europa, estando a la cabeza Grecia, con un 171,3% de deuda pública sobre el PIB, pese a una reducción de este dato en el último año del 23,3% (déficit del 2,3%), seguida de Italia con un 144,4% (déficit del 8%).

España también sobrepasa con creces los límites establecidos por la Comisión Europea, con una deuda del 113,2% (1.502.543 millones de euros) al cierre del último año, siendo además el país de la UE que más ha aumentado su deuda sobre el PIB desde 2019 en puntos porcentuales. También encontramos a Bélgica, Francia y Portugal entre los países cuya deuda pública supera el total de su PIB. Por el contrario, el mejor dato lo ostenta Estonia con un 18,4% seguido de Bulgaria con un 22,9% y Luxemburgo con un 24,6%.

Con motivo de la pandemia, la Unión Europea activó la cláusula general de salvaguardia del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, que prevé una desviación temporal de los requisitos presupuestarios que normalmente se aplican en caso de grave recesión económica. No obstante, y pese a lo anterior, muchos de los países que están en cabeza de los incumplimientos ya venían manteniendo esa situación antes de la pandemia.

Pero es ahora cuando surge la polémica, porque si bien la UE quiere recuperar las reglas fiscales, precisamente después de esta pandemia que por motivos obvios ha endeudado a buena parte de los países miembros, la división, o la diferente manera de abordar esa recuperación fiscal plantea dos visiones contrapuestas: por un lado, la que defienden franceses e italianos proponiendo una recuperación a medida, y por tanto, que las medidas no sean excesivamente restrictivas; y de otra parte, la línea liderada por Alemania, y que reclama objetivos numéricos y comunes para todos los países de la Unión, priorizando
la consolidación fiscal. Por ejemplo, proponen medidas como una rebaja anual obligada de la deuda del 1% sobre el PIB en aquellos países con niveles de endeudamiento superiores.

¿De dónde viene la deuda?

Y en ese debate sobre la consolidación fiscal, cuya resolución por parte de la UE está a la vuelta de la esquina, el Gobierno de España sigue sin concretar una consolidación fiscal para reducir déficit y deuda pública, con el PIB recién salido de los niveles precovid. Además, y en nuestras previsiones, aparece un horizonte de envejecimiento de la población española, que como advierte la Airef, dificultará la sostenibilidad de las cuentas públicas, sin olvidar que, como también señala Caixa Bank, pronostica que en 2025 la factura por intereses para España podría ascender a más de 41.000 millones de euros

En el caso español, la deuda pública procede de cuatro grandes fuentes que van en este orden de importancia: la Administración Central, las comunidades autónomas, la Administración de la Seguridad Social y las corporaciones locales.

En ese reparto de la deuda pública, la Administración Central acumula el 80% del total de la deuda; seguida del 23,7% de las CCAA y del 7,8% total de la deuda española de las administraciones de la Seguridad Social y, en menor medida, del 1,7% de las corporaciones locales, habiendo llegado al 4,4% entre 2012 y 2013.

Tareas esenciales

En línea con los deberes pendientes del Gobierno y de cara a unas próximas elecciones, el Consejo General de Economistas también han editado unas recomendaciones para fortalecer nuestras cuentas públicas, señalando entre otros aspectos la reducción de la deuda y la obligación de un déficit por debajo del 3%.

En cuanto a la deuda, relata el CGE, desde 2007, momento en el que la ratio de deuda pública sobre PIB registró su cota más baja
desde el ingreso en la UE (35,8%), hasta el primer trimestre de 2023, el endeudamiento del sector público se ha multiplicado por 3,2 veces en términos nominales y ha aumentado en 77,2 puntos en términos de PIB. En estos últimos años hemos gozado de una situación excepcional, con tipos de interés muy bajos, que hemos aprovechado para financiarnos a largo plazo y a costes reducidos.

Sin embargo -advierte-, y ante la amenaza de que la partida de los intereses de la deuda supere el 3,5% del PIB en 2024, parece razonable detener cuanto antes el crecimiento nominal de la misma (y reducir más rápidamente su peso en el PIB) para no generar un efecto «bola de nieve» en el futuro inmediato.

Finalmente, y en cuanto a las tareas a abordar sobre la sostenibilidad de las cuentas públicas respecto al déficit público, el Consejo General de Economistas mantiene un hecho clave, que es sin duda la recuperación del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, suspendido en los últimos años por motivo de la pandemia. Así -defiende el informe- tener unas cuentas públicas saneadas y un déficit estructural cercano al 0%4 evita una competencia entre el Estado y el sector privado a la hora de captar financiación en los mercados (máxime cuando los tipos de interés seguirán subiendo y la liquidez irá escaseando en los próximos meses), además de acumular un margen de maniobra que es necesario en los momentos de crisis.

«Por ello, nos parece razonable -defienden- ser ambiciosos e ir más allá del objetivo de déficit del 3% del PIB para 2024, mediante una revisión tanto de las políticas de gasto como de la fiscalidad, convirtiendo ambas en herramientas que ayuden a la competitividad de las empresas, al ahorro familiar y a la sostenibilidad económica de los servicios públicos esenciales, siempre buscando ensanchar las bases imponibles y la gestión pública competitiva».