Los vaivenes del PP

Cuando van ganando, muchos equipos de fútbol suelen ponerse nerviosos al final del partido. En sus esfuerzos para conservar el resultado, acaban por ponerlo en peligro. Al Partido Popular tal vez le sucede algo parecido. Por eso, en pocos días le hemos visto renegar de Vox en Extremadura tras pactar con él otros gobiernos autonómicos. 

Lo preocupante es que también se perciban dudas y vaivenes en asuntos cruciales que competen a su dirección. Alarman, en especial, las repetidas declaraciones de su vicesecretario de Economía acerca de su intención de mantener el impuesto a los supuestos beneficios, supuestamente extraordinarios, de los mayores bancos y empresas energéticas. Al concretar su idea en una entrevista posterior prometió que, en caso de gobernar, su importe de 2023 lo consideraría firme por estar «ya devengado» y que lo recaudado en 2024 llegaría «directamente» a las familias hipotecadas. 

Tras su mutación en Robin Hood, este exinspector de Hacienda parece prestar nula atención a que se trata de un gravamen probablemente inconstitucional, tanto por ser retroactivo, al estar determinado por hechos acaecidos en 2019; como indeterminado, por no definir si obliga a los no residentes; y discriminatorio, por gravar sólo a las empresas más grandes. Amén de que atenta contra la libertad de empresa, al prohibir su repercusión, e incluye sanciones sin atisbo de proporcionalidad. En lo económico es, además, un impuesto insólito porque no gira sobre beneficios y ni siquiera existen tales beneficios extraordinarios, como bien sabe cualquiera que se haya molestado en observar la pobre evolución bursátil de esas empresas. 

«Dada su falta de compromisos, esta claudicación preventiva al populismo antiempresarial pone en duda si el actual equipo directivo del PP es consciente de a qué situación se enfrenta y cómo debe afrontarla»

Algunos pensarán que, en todo caso, los bancos tienen pocos amigos o que el caso tiene poca importancia comparado con la reconstrucción institucional que habrá de acometer el Sr. Feijóo si llega a gobernar. Pero, dada su falta de compromisos, esta claudicación preventiva al populismo antiempresarial pone en duda si el actual equipo directivo del PP es consciente de a qué situación se enfrenta y cómo debe afrontarla. 

Un informe de JPMorgan Chase nos recordaba hace poco cómo, pese a su dopaje con fondos europeos, la inversión ni siquiera ha recuperado en España el nivel previo a la pandemia, a diferencia de Alemania, Francia, Italia o Portugal. Late detrás de ese frenazo inversor la desconfianza que genera nuestro largo proceso de demolición institucional, acelerado por los ataques regulatorios y fiscales del actual Gobierno a la propiedad y la empresa privada. Su asalto a la caja de bancos y energéticas es uno de sus exponentes más graves. 

El informe de JPMorgan confía como escenario más probable en una victoria del PP que le permitiría formar gobierno con el apoyo o incluso en coalición con Vox. Ese futuro gobierno pondría las bases para una economía más próspera, sin graves riesgos en ningún caso de aventuras populistas o euroescépticas. Pero la gran pregunta, hoy como en 2011, es qué pueden esperar los inversores de ese futuro gobierno del PP. 

Creer que dicho gobierno «sería positivo desde el punto de vista económico, dada la tradicional posición proempresa del PP» parece simplista. El programa económico e institucional del PP permanece indefinido, con lo cual éste pide al votante un cheque en blanco que recuerda el clásico ramoniano de «nosotros o el caos». Y para una vez que lo concreta siembra más dudas. Únase a ello la creciente confusión que exhibe su posible socio de gobierno, y entenderá que mucha empresa y más de un votante con posibles considere si debe irse a otro país o al menos trasladar su sede y su patrimonio.  

La situación es similar a la de 2011 y, como entonces, gran parte del PP da muestras de vivir en un injustificable estado de complacencia, entusiasmado con la posibilidad de gobernar pero sin molestarse en pensar qué políticas deberá aplicar si accede al poder. 

Parece no haber aprendido de su experiencia previa de gobierno. En los primeros seis meses de 2012, el Gobierno del Sr. Rajoy se limitó a subir los impuestos, aceptar a regañadientes una reforma torpe del mercado de trabajo y postergar el rescate de las cajas de ahorros. La frustración de las expectativas de cambio disparó la prima de riesgo, lo que acabó exigiendo medidas adicionales. Fueron esas reformas —de las que muchos presumen tras haberse resistido a adoptarlas— las que hicieron posible nuestra posterior recuperación económica. 

Necesitamos acometer reformas de igual calado pero se traslucen síntomas similares de pasividad y continuismo. De confirmarse la dolencia, y en caso de que llegue el cambio de gobierno, es de temer una similar frustración de expectativas. Con el agravante de que ahora ni siquiera contamos con la señal que en 2012 proporcionaba la prima de riesgo, hoy silenciada artificialmente por el BCE. Por eso, a corto plazo, lo notaríamos en que se mantendría, si es que no se agrava, la sequía de inversiones. 

Como consecuencia, en lo económico seguiríamos flojeando a corto plazo y perdiendo posiciones a largo respecto a nuestros vecinos europeos. En el plano político, también aumentaría la dependencia respecto a nuestros socios. 

Aunque no lo haga por generosidad cívica, el PP debería recapacitar si aspira a sobrevivir en el Gobierno. En caso contrario, su duración será efímera. Sin contar con el apoyo de los mercados, quedaría al albur de la benevolencia europea. Con una oposición atrincherada en sus leyes-mina, el Gobierno fruto del 23 de julio sería así uno de los más triviales y quizá uno de los más breves de la democracia.