Hasta aquí nos trajo Sánchez
«Por encima de la polarización destructiva de algunos y de los errores e indolencia de otros, la justicia española y la europea han hecho lo que tenían que hacer»
Carles Puigdemont.
La justicia europea saca la cara por la española. En una sentencia que corrige malas decisiones y deja al descubierto una nefasta ausencia del Gobierno español, el Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) desestimó el pasado martes los recursos presentados por el fugado presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y sus exconsejeros Clara Ponsatí y Toni Comín, contra las decisiones del Parlamento Europeo de suspender su inmunidad.
Este denigrante espectáculo, que dura ya varios años, tiene varios responsables. Obviamente, los primeros son los fugados y su cohorte, que no han ahorrado manipulaciones, mentiras e intoxicaciones para presentarse como víctimas de la degradación democrática y jurídica de España. Los que les acompañaron en sus lamentos jeremíacos quedan retratados como ellos en su triste circo ya casi sin espectadores: situados en la última final de la Eurocámara, al lado de la ultraderecha, a la espera de prorrogar unos meses más esta ridícula peregrinación.
Pero el guiñol ha necesitado otros personajes para llegar hasta aquí.
Necesitó, tristemente, al fallecido presidente del Parlamento Europeo, el socialista David Sassoli, que desoyó los consejos recibidos y concedió graciosamente el acta a los fugados de manera fraudulenta. Estaba muy claro: la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (Loreg) impedía adquirir la condición plena de eurodiputado al que no cumpliera todas las exigencias planteadas por la ley española para acceder al cargo. Y ese era el caso de los fugados. Sassoli lo ignoró.
Y este guiñol que ha querido y quiere embarrar la justicia, la democracia y las instituciones españolas necesitó de la ausencia del Gobierno español: del abandono de sus funciones de manera clamorosa. Cuando, el año pasado, los servicios jurídicos del Parlamento Europeo certificaron que los tres fugados habían recibido su acta de manera fraudulenta, como habíamos repetido una y mil veces, quedó en evidencia el error de Sánchez de no recurrido en su momento la equivocada decisión de Sassoli, censurada por los propios juristas de la Eurocámara. Dejó pasar tranquilamente el plazo de dos meses de brazos cruzados.
«¿Es excesivo pensar que ha habido cálculos políticos que se han impuesto a los intereses democráticos españoles?»
¿Por qué? ¿Hubo alguna negociación, como se ha sugerido? No lo sabemos todavía, pero ¿es tan difícil imaginar que esa pasividad pudo ser el precio de una estrategia política coherente con la cacareada pacificación del independentismo, en la misma línea que la anulación de la sedición y la rebaja de la malversación en el Código Penal, con los patéticos y falsos argumentos que trataban de justificar las medidas en ejemplos de la justicia europea? ¿Es excesivo pensar que ha habido cálculos políticos y electorales que se han impuesto a los intereses democráticos españoles?
Sánchez se comprometió en 2019, sin ninguna necesidad –no era su tarea, aunque se entiende la confusión en el que no gusta de la separación de poderes— a detener y traer a Puigdemont a España. Luego dejó pasar la oportunidad de hacerlo de manera consciente, más preocupado por los equilibrios internos de la mayoría Frankenstein. A la hora de la verdad, no hizo lo que tenía que hacer para que la justicia pudiera cumplir su tarea.
Yo me comprometí, cuando asumí la presidencia del Comité Jurídico del Parlamento Europeo, a garantizar un proceso imparcial, riguroso y transparente sobre el asunto de los huidos de la justicia española. He recibido muchos ataques por eso, pero mantuve mi palabra. Me comprometí a escuchar a todas las partes y, con ayuda de eurodiputados de distintas familias políticas, es lo que he cumplido: respetar la ley y cumplir con las normas, porque el Estado de derecho es la base de la libertad y de la democracia.
Por mucho que ahora los fugados estiren su esperpéntica excursión hacia ninguna parte con recursos en busca de medidas cautelares y aplazamientos, por mucho que estiren la función, esto ya no da más de sí. A nadie se le persigue por sus ideas en España: lo dije hace tres años, y lo repito ahora, orgulloso por el respaldo de la justicia europea. Por encima de la polarización destructiva de algunos y de los errores y la estudiada indolencia de otros, la justicia española ha hecho lo que tenía que hacer, y seguirá haciéndolo.
