Vamos a contar mentiras
«A la incertidumbre que supone la posible revisión de los datos macroeconómicos, se suman otras que pueden complicar la acción del futuro Gobierno»
El Banco Central Europeo. | Shan Weiyi (Europa Press)
José Luis Rodríguez Zapatero dejó dos puntos y medio de déficit público oculto a Mariano Rajoy. Poco antes de abandonar su cargo, el ex presidente socialista aseguró a Bruselas que este desequilibrio cerraría 2011 en el 6% del PIB. Cuatro meses después de acceder Rajoy al poder, la oficina estadística comunitaria, Eurostat, certificó que el déficit público español se situaba en el 8,5% del PIB. Un legado fiscal que complicó la posterior gestión del Gobierno popular en una Europa que apostó entonces por la austeridad como única receta para salir de la crisis.
A la difícil digestión de la burbuja inmobiliaria que había puesto contra las cuerdas a las cajas de ahorro y parte del sector bancario, rescatados luego por la UE con 50.000 millones de euros, se sumó la exigencia de reducir los desequilibrios fiscales con impopulares recortes y subidas de impuestos. Esos dos puntos y medio ocultos dificultaron enormemente la tarea y agravaron el coste del ajuste social.
«La falta de rigor estadístico es una irresponsabilidad democrática»
No parece descabellado preguntarse si el Gobierno de Pedro Sánchez, que hace un año destituyó al presidente del Instituto Nacional de Estadística (INE) tras las críticas de sus ministros a los cálculos del organismo sobre el PIB y la inflación, sospechosamente más amables después, puede haber dejado alguna sorpresa similar a la que legó Zapatero a Rajoy. Una circunstancia que, en el caso de que haya relevo de Gobierno tras las elecciones generales del 23 de julio, complicará la gestión de los que vengan después.
Pero no se trata sólo de la gestión. La falta de rigor estadístico es una irresponsabilidad democrática. Como bien señalaba Josu de Miguel, catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad Autónoma de Barcelona, en un artículo de imprescindible lectura recientemente publicado en El Mundo: «Sin buena estadística no hay Estado ni democracia que lo fundó: se desvanece la seguridad jurídica y los ciudadanos votan sobre una realidad simulada por el propio poder».
La interferencia política en organismos como el INE ha disparado las alarmas de los asesores estadísticos de la Comisión Europea, que han advertido que esta socava la credibilidad de los datos. El descrédito, como advierte De Miguel, ha alcanzado al empleo, donde la figura de los fijos discontinuos pone en cuestión los datos de paro, o al Ingreso Mínimo Vital (IMV), que según la AIReF ha llegado al 35% de los 800.000 hogares que podrían recibirlo, en contra de la gestión exitosa que se atribuye el ministro José Luis Escrivá, otrora leal y riguroso fiscalizador de la política económica del Gobierno como anterior director del citado organismo.
A la incertidumbre que supone la posible revisión de los datos macroeconómicos, se suman otras que pueden complicar la acción del futuro Gobierno y de las que los candidatos a presidirlo harían bien en hablar. El más intenso de lo esperado crecimiento en el primer trimestre y probablemente en el segundo también ha llevado a una revisión al alza de la previsión de crecimiento para todo 2023: de una tasa del 1,6% al 2,3%. El abaratamiento del gas, la resolución de los cuellos de botella en los procesos productivos, la estabilización de los mercados financieros, el dinamismo de los servicios gracias al turismo y el soporte del sector público a la actividad explican esta mejora. Sin embargo, esta tendencia puede verse truncada en la segunda mitad del año y sobre todo en 2024. Así lo cree el Banco de España, que en su último informe identifica varias posibles fuentes de inestabilidad.
La principal es la intensidad del impacto sobre la actividad económica del endurecimiento de las condiciones financieras. En un año, el Banco Central Europeo, que decide la política monetaria de los 19 países miembros del euro, ha incrementado en ocho ocasiones los tipos de interés: de estar en menos 0,5% a situarse en el 3,5% hoy. Y no hay que descartar que vuelva a subirlos en su próxima reunión de julio hasta situarlos en el 4%. Es un obstáculo al crédito que seguirá lastrando el ritmo de expansión del gasto en hogares y empresas. Así lo demuestra la fuerte caída del consumo privado: del 4,4% que avanzó en 2022, la autoridad monetaria prevé un crecimiento del 0,6% en 2023.
Otro desafío será la transmisión de las reducciones de los precios de la energía y materias primas a la inflación. El Índice de Precios al Consumo (IPC) descendió en junio al 1,9%, muy por debajo del 5,5% de la UE. Pero la evolución no es tan positiva en lo que se refiere a la inflación subyacente, la tasa que excluye los precios más volátiles (precios energía y alimentos no elaborados) y que marca la tendencia de fondo, que se situó en el 5,9%. Es un índice que incorpora los efectos de segunda ronda como un aumento de los márgenes de las empresas o las subidas salariales, más intensos los primeros que las segundas, es la que costará más doblegar.
La evolución futura de las tensiones geopolíticas puede condicionar también el crecimiento. La agresión rusa a Ucrania sigue siendo una fuente potencial de inestabilidad económica ante posibles nuevos shocks. Las tensionadas relaciones entre Estados Unidos y China, también. Asimismo, el ritmo de ejecución de los proyectos asociados al programa Next Generation puede ayudar, en el caso de agilizarse, a compensar los efectos de la política monetaria restrictiva, o a agravarlos si sigue sin llegar al sector privado. Y luego cabe añadir los efectos que el parón económico en parte de Europa, con Alemania en recesión, tendrá sobre el sector exportador de la economía española, motor hasta ahora de la salida de la crisis.
A todo ello se suma el más que probable restablecimiento de las reglas de rigor fiscal de la Unión Europea, suspendidas desde que colapsaron las economías europeas tras el estallido de la pandemia. La consolidación fiscal para un país como España, con una deuda en el 113% del PIB y uno de los déficit públicos estructurales más altos de la UE, exigirá un ajuste fiscal del que apenas se habla.
La gestión económica de todas estas incertidumbres por parte del Gobierno que resulte ganador en las urnas no será fácil. Y si se alterna el poder, no hay que descartar que haya algún dato sorpresa que la venga a complicar, a la vista de los antecedentes y del asalto a la independencia de los organismos estadísticos. Lo sabremos tras el 23-J.
