Un escudo social abollado
«Del escudo social oiremos hablar en la campaña. Es una de las bazas electorales de Sánchez. ¿Oiremos hablar también de sus abolladuras?»
El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, durante una reunión con los diputados y senadores socialistas, en el Congreso de los Diputados, a 30 de mayo de 2023. | EP
El Ingreso Mínimo Vital (IMV), la protección de los salarios mediante los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) que habilita a una empresa a reducir o suspender los contratos de trabajo en caso de un shock externo, el aumento del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), la actualización de las pensiones con el índice de precios al consumo (IPC). Estas son, en definitiva, todas las medidas estrella del escudo social del que presume haber puesto en marcha por el Gobierno de Pedro Sánchez. Es muy probable que la mayoría de los contribuyentes españoles, que me atrevo a afirmar cree en que la sociedad sólo avanza cohesionada, firmaría todas y cada una de ellas. Con una pequeña salvedad: sirven si están bien ejecutadas, si son sostenibles y si no se convierten en una carga para las futuras generaciones.
Vayamos por partes. El IMV salió adelante el 10 de junio de 2020 sin ningún voto en contra en el Congreso. Cuesta creerlo en estos tiempos de cansina e impostada trinchera. De una maldita división de bloques que en las últimas legislaturas ha impedido cualquier pacto para avanzar en las reformas necesarias. Y que han hecho de España un país detenido. Pero ocurrió. Todos los grupos parlamentarios votaron a favor. Y Vox se abstuvo. El proyecto de Ley garantizaba a las familias vulnerables un ingreso desde 462 a 1.0515 euros mensuales. Se suponía que iba a beneficiar a 850.000 hogares. ¿Cómo lo ha gestionado el Gobierno?
Pues hace escasos días la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), uno de los pocos organismos públicos, junto al Banco de España, que aún cumplen con independencia su función de fiscalizar la acción del Gobierno, revelaba que el número de hogares que recibió esa renta no contributiva se mantuvo en 2022 prácticamente igual que un año antes, en 284.000 familias, un tercio de las que debían haberlo recibido. Como resultado de todo ello, sólo se ha ejecutado el 47% de los 1.900 millones de euros previstos para su financiación. Un balance bastante pobre para la medida social y políticamente más consensuada de todas las incluidas en el escudo social del que tanto saca pecho el Gobierno. Y la que sin duda es la más necesaria para de verdad evitar la exclusión social. ¿Ha fallado el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones que dirige el antaño tecnócrata riguroso y hoy aventado José Luis Escrivá? Yo diría que sí.
«El número de hogares que recibió el IMV se mantuvo en 2022 prácticamente igual que un año antes, en 284.000 familias, un tercio de las que debían haberlo recibido. Un balance bastante pobre»
Los ERTE. Es una figura que se incluyó en la reforma laboral de la ministra Fátima Báñez, titular de la cartera con Mariano Rajoy. Duramente criticada por parte de la oposición y de los sindicatos en su momento, rápidamente supo apropiársela la líder de grandes afinidades sindicales y titular del Ministerio de Trabajo con Pedro Sánchez, Yolanda Díaz, pese a sus dificultades para explicar la medida ante la prensa tras su aprobación en el Consejo de Ministros. Resultó ser una prestación que, en el peor momento del coronavirus, sirvió para evitar que el número de parados se elevase a la escalofriante cifra de siete millones. Hubo hasta 3,4 millones de personas incluidas en un ERTE. Que sortearon un despido, cobraron un sueldo y recuperaron su empleo cuando la economía logró salir del colapso. Y que fue en gran parte financiada por la acción solidaria de la Unión Europea (SURE), que acabó protegiendo a casi 42 millones de empleos en toda la UE con un fondo de 100.000 millones de euros.
El SMI ha subido en cuatro ocasiones en la legislatura de Pedro Sánchez. De 735 euros de 2019 hasta los 1.080 euros de la actualidad. Un incremento del 47% que, según los sindicatos ha beneficiado a 2,5 millones de trabajadores. Y que cumple con el compromiso de alcanzar el 60% del salario medio del país. Se trata de uno de los mayores aumentos del SMI en democracia. Y resulta difícil oponerse al mismo. Sería una excelente noticia en una economía en la que crece la productividad y que goza de una tasa de empleo elevada.
No es el caso de España, por desgracia. La productividad sólo ha crecido un 5% desde 2000 frente al 17% de Alemania o el casi 25% de Estados Unidos. Y con respecto a la tasa de empleo (y de paro), mejor no compararse con ninguna economía del mundo avanzado. Lean este estudio del BBVA para analizar las luces y las sombras de los efectos de la subida del salario mínimo. La medida ha tenido de hecho efectos negativos en el empleo juvenil y el poco cualificado, con desigual impacto en algunas comunidades autónomas. Un resultado bastante poco solidario, al fin y al cabo.
Pero el Ejecutivo ha preferido ignorar las advertencias de los expertos y del propio Banco de España al respecto. Nada que le obligara a reconocer que su decisión ha condenado a la exclusión del mercado de trabajo a jóvenes poco cualificados, que probablemente se vean abocados a buscar empleo en la economía sumergida. ¿Por qué no reconocer esos efectos y tomar medidas complementarias para corregirlos? La autoridad monetaria no rechaza las subidas del SMI, pero insiste en compensar sus efectos en los colectivos más vulnerables. ¿Por qué nadie en el Gobierno más progresista de la historia quiere verlo?
Y finalmente, las pensiones. Lo mejor de la semana ha sido el post en Twitter del presidente Sánchez con la progresión de la hucha de las pensiones, con un crecimiento estratosférico de 2023 a ¡2043!. Maravilloso legado sanchista. No importa si la reforma de las pensiones, una de las medidas estrella del Gobierno de coalición, ha sido cuestionada por los grandes expertos o reprobada por la por AIReF, el organismo que dirigía el propio Escrivá hasta convertirse en ministro, por considerar que esta no asegura la sostenibilidad del sistema. El plan del Gobierno para financiar las subidas de las pensiones con el IPC, que afecta a 9 millones de personas y potenciales votantes, no es suficiente para hacer frente a los compromisos de gasto y por lo tanto generará más déficit público.
Las pensiones representan el 42% del total del gasto en los presupuestos generales y la evolución demográfica sólo aumentará esa cifra. Una progresión que acabará comprometiendo otras partidas del gasto en los presupuestos generales, como Educación, I+D o Sanidad, todas ellas importantes para avanzar en la cohesión social cuya defensa el Gobierno de Sánchez se atribuye en exclusiva.
Uno de los mecanismos previstos para compensar el aumento del gasto que supone haberlas ligado a la inflación es el aumento de las cotizaciones sociales para todos los trabajadores en un país en el que este impuesto al trabajo está entre los más altos de las economías avanzadas. La decisión de añadir una cuota de solidaridad de la futura subida de las cotizaciones sociales a los sueldos más altos restará competitividad a la economía ahí donde la aportación de valor al mercado de trabajo es más crítica. Véase este estudio del Banco de España.
Del escudo social oiremos hablar en la campaña. Es una de las bazas electorales de Sánchez. ¿Oiremos hablar también de sus abolladuras?
