Retos económicos para el nuevo gobierno

El presidente Pedro Sánchez ha afirmado recientemente que «nuestra economía va como una moto». Desgraciadamente esa «moto» apenas corre y se encuentra entre las más retrasadas de los países de la Unión Europea.

La economía española no deja de perder posiciones en la carrera por el crecimiento y el bienestar de los ciudadanos. Si comparamos el PIB per cápita español frente a la media europea, la diferencia era de tan solo un 2,3% menor en 2003 y actualmente se ha ampliado hasta el 15%; la moto funciona con la marcha atrás puesta.

La economía española se derrumbó un -11,3% en el año 2020, la mayor caída de todos los países de la OCDE y ha sido el penúltimo país de la UE en recuperar el PIB precovid; conseguido este año 2023 durante el primer trimestre.

Debido a la fuerte caída, el gobierno ha podido presumir durante dos años de un aumento anual del PIB del 5,5%, que no ha sido más que un mero «efecto rebote».

El crecimiento para 2023 se desacelerará, estimándose en un 2,2% aproximadamente, con una previsión por parte de los principales organismos internacionales, OCDE, FMI, que en el año 2024 el aumento del PIB será aún menor. Estas cifras ponen de manifiesto el bajo potencial de crecimiento de nuestra economía.

El próximo Gobierno, resultante de las elecciones generales del próximo 23 de julio, se enfrentará a una economía plagada de problemas y restricciones. Los lastres fundamentales son estructurales, baja productividad y pérdida de competitividad internacional. Revertir la tendencia de la economía española requiere importantes reformas, las cuales exigen fortaleza política, convicciones y mirada de medio plazo.

Para mejorar la situación, el nuevo ejecutivo debe acometer cambios profundos en los mercados de bienes, servicios y mercado de trabajo fundamentalmente.

«Es imprescindible alargar la vida útil de las actuales centrales nucleares»

En política energética es necesario abaratar los costes para las empresas y garantizar el suministro. Mientras evolucionamos hacia una generación de energía más sostenible es imprescindible alargar la vida útil de las actuales centrales nucleares; estas producen algo más del 20% de la energía eléctrica generada en España, lo que supone una garantía de suministro para el funcionamiento del tejido industrial. El coste de producción es además muy barato, dado que la inversión ya se encuentra amortizada. Asimismo, se debe modificar el actual cálculo de las tarifas eléctricas, especialmente penalizadora para los ciudadanos

La política del agua es esencial para poner en valor al recurso, garantizar los suministros y apoyar la agricultura más rentable, la de regadío. Para ello hay que recuperar el Plan Hidrológico Nacional, con trasvases que comuniquen las principales cuencas hidrográficas. La pertinaz sequía, obliga por supuesto a garantizar su almacenamiento por lo que es necesario frenar la política de derribo de presas, que está desarrollando en los tres últimos años el actual Gobierno.

En política de empleo, resulta fundamental flexibilizar el mercado de trabajo, claramente penalizado por la inadecuada reforma de la vicepresidenta Yolanda Díaz. España tiene la tasa de paro más alta de Europa, un 12,7%, frente al 6% de media, lo que refleja la urgencia de afrontar este problema, cuya solución no viene a través de la incesante creación de empleo público. Además, hay que adecuar la formación a las necesidades del mercado de trabajo favoreciendo las prácticas en las empresas y la formación profesional. Para mejora mejorar la eficiencia de las empresas es necesario acabar con el elevado nivel de absentismo laboral, una lacra para la productividad de nuestro país.

En política fiscal, España es de los pocos países desarrollados que ha subido los impuestos y ha creado nuevas figuras tributarias para afrontar la crisis de la covid, desincentivando decisiones de trabajo, inversión, y ahorro. La actual política tributaria además de crear inseguridad jurídica penaliza el crecimiento.

«Es necesario un cambio radical en la política del gasto público para cumplir las reglas fiscales más estrictas que va a imponer la UE»

El nuevo Gobierno debe reducir los tipos de IRPF y de Sociedades y derogar los Impuestos de Patrimonio, Sucesiones, Grandes Fortunas, y los especiales sobre banca y las empresas eléctricas. Una reducción de tipos como ha sucedido en las Comunidades de Madrid y Andalucía impulsa la actividad económica y la propia recaudación tributaria para financiar los servicios públicos necesarios.

En cuanto a política fiscal y gasto público, la deuda pública ha aumentado en 300.000 millones de euros, desde 2018, situándose en un saldo de 1,5 billones de euros lo que representa el 113,7% del PIB, también el mayor aumento de la UE. Es necesario un cambio radical en la política del gasto público para cumplir las reglas fiscales más estrictas que va a imponer la Unión Europea. Necesitamos una política de gasto e inversiones públicas que favorezcan nuestro potencial de crecimiento y no perder recursos en subvenciones improductivas

El déficit público estructural se ha elevado al 4% del PIB, por lo que urge llevar a cabo una nueva reforma del Sistema Público de Pensiones y por tanto derogar su reciente reforma que penaliza e impulsa su desequilibrio estructural. En España hay más pensionistas que jóvenes en edad de votar, lo que supone un riesgo para las tentaciones electoralistas de corto plazo.

Hay que aprobar una nueva ley de vivienda que proteja la propiedad privada, favorezca el alquiler e impuse la inversión en el sector; por lo que además hay que derogar la ley actual que está generando inseguridad a los propietarios favoreciendo la okupación y además está reduciendo la oferta de viviendas de alquiler.

Sin duda son muchos más los retos de política económica, pero estos son algunos de los más importantes y urgentes. Si el nuevo gobierno se enfrenta adecuadamente aplicando estas medidas propuestas durante sus primeros 100 primeros días de gobierno, puede provocar que la «moto» de la economía española se pueda acelerar intensamente.