Un falso «sudoku»

Cuando Zapatero se empeñó en cambiar el Sistema de Financiación Autonómica (SFA) de 2002, Pedro Solbes (Q.E.P.D) dijo que era un «sudoku», por la complejidad que tenía encajar los recursos para obtener un resultado que permitiese poner en marcha un nuevo sistema. Sin embargo, ese «sudoku» siempre fue falso. Lo fue porque nunca se pretendió diseñar un sistema claro, equitativo, riguroso, eficiente y solidario, sino que se intentó diseñar uno que le permitiese a Cataluña recibir más financiación.

Así, Zapatero negoció bilateralmente con Cataluña un sistema que beneficiase al entonces tripartito catalán, añadiendo algunas medidas para que se beneficiase también Andalucía -emplearon para ello el número de reconocimientos de dependencia, distribuyendo, así, la segunda parte de la aportación de la AGE como recursos adicionales del sistema-, entonces gobernada por el PSOE, e incorporando alguna medida que perjudicase a Madrid, ya que al ser una economía similar a Cataluña muchas de las ventajas del sistema de las que disfrutaría Cataluña también aplicarían a Madrid; para evitar eso, crearon un límite al fondo de competitividad que le resta a Madrid, injustamente, entre 450 y 800 millones de euros cada año, que, además, no van a parar a ninguna otra región.

Luego, Cataluña no quedó satisfecha, pero no porque no se hubiese diseñado a su gusto, sino porque se equivocaron en el diseño: lo hicieron pensando que la economía siempre iba a crecer y cuando entró en recesión se dieron cuenta de que los impuestos de las comunidades -propios o cedidos- son muy elásticos, de manera que en tiempos de crisis caen de una manera muy importante. Además, no supieron ser corresponsables fiscalmente, olvidando que las bajadas de impuestos atraen actividad, crean empleo y consiguen aumentar la recaudación, y se instalaron en el déficit y deuda permanentes.

Con ello, tuvieron que endeudarse, lanzaron hasta aquellos bonos conocidos como «patrióticos», que fueron un fiasco. En 2012, la deuda de Cataluña tenía la condición de bono basura y no podía emitir en los mercados, de manera que tuvo que recurrir al Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), creado por la AGE para tomar deuda en nombre de las comunidades, pero actuando, simplemente, como colocador, porque el deudor era la región. Por eso, hablar ahora de condonar el FLA es una aberración. Eso dañaría mucho a la economía española, porque daría a entender que en cualquier momento una administración pública española puede desentenderse de sus obligaciones de deuda contraídas. Mermaría, así, la capacidad de captar financiación en los mercados, la encarecería, ahuyentaría inversión productiva por inseguridad jurídica y destruiría actividad económica y empleo. No se puede condonar bajo ningún concepto, ni todo ni parte: ni un céntimo. Las deudas hay que pagarlas.

«Es inviable darle una especie de sistema foral a Cataluña, salvo que se quiera quebrar la solidaridad con el resto de regiones»

El FLA no forma parte del SFA, porque el fondo sólo es deuda, no ingresos no financieros, pero si le perdonase, además, se convertiría en una inyección diferida de fondos no financieros, distorsionando el sistema y desincentivando el trabajo bien hecho de las comunidades rigurosas y cumplidoras. Lo único que hay que negociar del FLA es cómo van refinanciando las autonomías que en él están esa deuda, para que sean ellas las que tengan que salir al mercado a tomarla, liberando al Tesoro, es decir, cuando vaya a vencer una deuda financiada a través del FLA, en lugar de refinanciarse desde el fondo, la región debe ser la que la refinancie ahora en el mercado, directamente, pero sin perdón alguno.

Por otra parte, el sistema hay que reformarlo, pero para hacerlo más eficiente, transparente y equitativo. Una de las reformas que están pendientes es la de un nuevo Sistema de Financiación Autonómica (SFA), ya que el que rige en la actualidad debería haber sido reformado en diciembre de 2013, para que el nuevo entrase en vigor en enero de 2014. Es necesario ir hacia una reforma del sistema, una reforma que construyese un sistema claro, justo, transparente y calculable, que no discriminase a los españoles en función de parámetros o retorcimientos estadísticos, como sucede en el sistema actual, y que se basase, por tanto, en criterios ortodoxos.

Pues bien, desde mi punto de vista, urge la reforma del sistema y debe ir en la línea antes apuntada: no puede haber más sistemas opacos, que introduzcan parámetros de reparto en función de ponderaciones diseñadas para beneficiar a alguna región, ni castigos contra regiones, ni que constituya un desincentivo a bajar impuestos. Hay que acabar con todo eso e ir hacia un sistema claro, limpio, transparente, ortodoxo.

Por eso, en mi opinión, la reforma del sistema debe ser multilateral, no bilateral; debe ser claro y transparente y acabar con la incertidumbre; las necesidades de financiación deben calcularse con criterios justos y equitativos; debe actualizarse el criterio de reparto del IVA y de los Impuestos Especiales; debe premiar a las regiones que cumplan con los objetivos de estabilidad y de austeridad; debe preservar la solidaridad entre las comunidades, incorporando a dicha solidaridad, con el respeto de sus regímenes especiales, a las regiones forales; no debe fragmentarse el sistema en más regímenes -es inviable darle una especie de sistema foral a Cataluña, salvo que se quiera quebrar la solidaridad con el resto de regiones, pues Madrid en solitario no podría atender a la solidaridad de todas-; deben eliminarse las trampas establecidas para perjudicar a algunas regiones; debe modificarse el principio de Lealtad Institucional, para equilibrar la posición de Gobierno central y autonomías; y debe establecerse una colaboración mayor entre la AEAT y las comunidades para mejorar la lucha contra el fraude.

«Hay que hacer que las comunidades autónomas sean también corresponsables fiscalmente»

Todo ello, con una racionalización, austeridad y eficiencia en el gasto que permita garantizar la sostenibilidad de todo el sistema de prestación de servicios que cubre esta financiación autonómica. Hay que medir el gasto en base a su eficiencia, para premiar a los eficientes y hacer que quienes no lo son caminen hacia dicha eficiencia y acabar, así, con el incremento exponencial de un gasto que no nos podemos permitir y que pone en peligro la cobertura de los servicios esenciales que hay que prestar. Es imprescindible, por ello, un sistema de financiación autonómica transparente, justo y eficiente en el gasto.

Y dentro de esa eficiencia en el gasto, hay que hacer que las comunidades sean también corresponsables fiscalmente: no puede fiarse todo a una subida infinita de impuestos o a que los recursos del sistema crezcan garantizando el statu quo, sino que las regiones deben sentir que sus acciones tienen efectos y han de asumirlos.

Y junto a todo ello, debe establecerse un control férreo de las regiones para impedir que se desvíen de los objetivos marcados, de igual manera que se logró con los ayuntamientos. La Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera es una muy buena ley, pero por estrenar en los artículos de las medidas coercitivas correctoras en su mayor extensión. No debe pasarse absolutamente ninguna región y deben establecerse mecanismos ágiles de control en ejecución.

Con todo ello, quedaría conformado un buen sistema de financiación regional, que garantizase el cumplimiento de la estabilidad presupuestaria para ir avanzando en el objetivo de cerrar en superávit distintos ejercicios que permitiesen ir disminuyendo la deuda, cosa que debería suceder también, obviamente, más importante por el volumen que tiene, en la Administración General del Estado y la Seguridad Social.

Eso es lo que hay que hacer en lugar del disparate de perdonar deudas y de dar una especie de régimen foral a Cataluña, porque si esto último sucediese, entonces, federalismo fiscal para todas, no sólo para Cataluña, y que compitan, pero siendo conscientes de que no se podría mantener la solidaridad interregional tal y como se conoce hoy en día.