España está secuestrada

La peligrosa deriva que lleva fraguándose en los últimos cinco años se ha acentuado a partir del 23 de julio con la gestión del resultado electoral que está dispuesto a realizar Pedro Sánchez. Lo que está sucediendo y previsiblemente va a suceder pudo anticiparse al observar el comportamiento de los líderes socialistas en la noche de las elecciones. Con unos datos que certificaban que la continuidad de Sánchez en La Moncloa solo iba a ser posible manteniendo todos los apoyos que ha tenido en la legislatura pasada y necesitando además del plácet del Puigdemont, la euforia inundaba las caras del presidente en funciones, su mujer, el secretario de organización del partido y la ministra de Hacienda. Esta última dando además unos saltitos de alegría poco decorosos. La imagen era harto descriptiva e indicaba que los citados se veían gobernando una vez más. Lo que quiere decir que estaban dispuestos a dar lo que se les pidiera, a ceder en lo que hiciera falta, que no iba a haber exigencia alguna que les impidiera mantener el poder. Y así está sucediendo. 

Que les exigen la amnistía para miles de funcionarios de la Generalitat que incumplieron la Ley de Contratos y utilizaron recursos públicos para fines ilegales o que hicieron pagos con dinero de todos careciendo de la justificación documental de su destino, pues se les concede. Por eso, es difícilmente entendible que el debate se centre en la constitucionalidad o inconstitucionalidad de su concesión. Sea una u otra cosa, que al final lo decidirán el poco cándido Conde-Pumpido y los demás socialistas que llenan el Tribunal Constitucional, lo indiscutible es que la amnistía sería un escándalo en toda regla, por injusta y por peligrosa. Injusta pues con ella se trataría de manera desigual a los malversadores según fueran catalanes separatistas o meros rufianes independientes. Peligrosa por sentar un precedente para futuros intentos secesionistas en los que vuelvan a utilizarse los recursos públicos de manera ilegal.

Que les exigen la condonación de la deuda que la Generalitat mantiene con el Estado —del orden de 70.000 millones de euros—, pues se les puede condonar. Ya ha manifestado Bolaños —el ministro que «tiene que subir»— que la propuesta es razonable. Que los de Puigdemont esgrimen que se deben añadir 20.000 millones más por el pretendido déficit de financiación que tiene Cataluña, pues también puede asumirse. Ergo, el coste del regalo que haríamos entre todos para que los de Junts hagan presidente a Sánchez asciende a 90.000 millones de euros. Poca broma, 2.000 euros por español. 

«Todo apunta a que solo una gran crisis económica, social o internacional, podría provocar que la España dopada se desenganchara de su adicción»

Que les exigen un referéndum o consulta para alimentar el espíritu secesionista, pues no lo duden que, de un modo u otro, con una denominación u otra, también se les concederá. Cinismo para disfrazar lo que en realidad se haga y juristas de cámara para defender su adecuación a la legalidad no le han faltado nunca a Sánchez y no le faltarán ahora. 

La valoración conjunta de lo expuesto viene a confirmar que España está secuestrada, que los secuestradores son una exigua minoría de españoles, todos radicales, y que el secuestro no puede acabar en ningún caso bien. No puede hacerlo porque Sánchez, el representante de los secuestrados, está en connivencia con los secuestradores. Y uno y otros están de acuerdo en mantener el secuestro con sucesivos pagos parciales, cada vez mayores, que engordan la cuenta de los segundos y sirven para mantener en el poder al primero.

El escenario descrito obliga a preguntarse por su posible reversión, por cuál o cuáles serán los hechos o circunstancias que podrían provocar la reacción de los secuestrados ante la connivencia entre su representante y los secuestradores. No es fácil la respuesta estando como están una buena parte de las víctimas del secuestro dopadas con los presupuestos del Estado, y dominadas por el Síndrome de Estocolmo. Ya es sabido que escapar de esta situación requiere disponer de tiempo para un tratamiento adecuado al afectado por el síndrome o bien someterle a una terapia de shock. La primera opción se antoja difícil pues las herramientas necesarias para llevarlo a cabo están en manos del connivente con los secuestradores. La segunda es inevitablemente traumática, pues todo shock incorpora un trauma. En el momento actual, todo apunta a que solo una gran crisis económica, social o internacional, podría provocar que la España dopada se desenganchara de su adicción. Qué pena.