Autoamnistía
«La amnistía al ‘procesismo’ es también una amnistía al sanchismo y a todo lo que conlleva»
Ilustración de Alejandra Svriz.
Ningún sistema democrático es infalible. Aunque todos establecen mecanismos de defensa en forma de contrapesos para repeler los ataques de quienes pretenden el poder absoluto, siempre existe un punto débil. La vulnerabilidad del español radica en la eventual ausencia de escrúpulos de las personas en las que recae la responsabilidad de velar por el respeto a la Carta Magna y el cumplimiento de la legalidad vigente.
Efectivamente, nuestro ordenamiento jurídico se cimentó sobre el presupuesto de la lealtad institucional de los gobernantes. No contempla resortes para impedir un desmantelamiento constitucional promovido desde dentro y a través de cauces distintos a los previstos en la propia Constitución. No concibieron la posibilidad de que un presidente pudiera quererse más a sí mismo que a la igualdad y a la libertad de los ciudadanos que habitan en su propio país. En resumidas cuentas, no previeron a Pedro Sánchez.
El sanchismo y sus ramificaciones institucionales se han revelado como nuestro particular talón de Aquiles democrático. El advenimiento del gobierno de coalición puso en marcha un proceso de colonización de los contrapoderes inédito que culminó con el asalto al Tribunal Constitucional, con el objetivo manifiesto de crear un ecosistema jurídico e institucional óptimo para los intereses de Sánchez. Para el socialismo ya no existen ni las líneas rojas ni las promesas electorales incumplidas, sólo hay cambios de opinión.
Lo que antaño experimentamos con los indultos, la derogación de la sedición o la rebaja de la malversación a los procesistas, ahora lo revivimos a cuenta de la amnistía. Lo que antes no era ni constitucional ni posible, ahora lo es y sólo porque de ello depende la investidura de Sánchez. De esto va todo. Lo de garantizar la convivencia en Cataluña es una filfa que sólo los estómagos agradecidos son capaces de digerir.
Conscientes de la inconsistencia de esta justificación, los mamporreros académicos y mediáticos del socialismo llevan semanas con el ventilador de la demagogia activado, esgrimiendo argumentos que denotan el más absoluto de los desprecios por la inteligencia de sus lectores y oyentes. Si empezaron planteando que todo lo que no está prohibido expresamente por la Constitución debe de estar permitido, ahora han llegado ya a la siguiente meta volante: cualquier cosa aprobada por la mayoría del Congreso debe considerarse constitucional (así lo afirmó el exmagistrado Martín Pallín en la televisión pública).
«La amnistía constatará la impunidad de la élite política, a la que le bastaría una mayoría parlamentaria para sustraerse de la legalidad»
Lo cierto es que la amnistía no es más que el aperitivo de la España multinivel a la que apela Sánchez, pues ésta no se circunscribirá únicamente a los privilegios fiscales de algunos territorios, sino que se extenderá a las prebendas de nuestra clase dirigente, eximida de penar por sus delitos y responder de sus actos.
Efectivamente, la amnistía constatará la impunidad de la élite política, a la que le bastaría una mayoría parlamentaria para sustraerse de la legalidad. En los trescientos y pico mil votos del partido de Puigdemont, la izquierda ha hallado el pretexto perfecto para institucionalizar la casta, ya no sólo en Cataluña, sino también en el resto de España.
Porque amnistiando a los políticos involucrados en el referéndum de independencia, Sánchez también se amnistía indirectamente a sí mismo y a la política de acuerdos del socialismo con delincuentes condenados y con prófugos de la justicia española. La amnistía es mucho más que perdón, ya que conlleva el olvido.
Y ese olvido no abarcará únicamente los delitos del independentismo, también la concesión de los indultos, la derogación de la sedición, la rebaja de la malversación, o incluso el compromiso de Pedro de dar cumplimiento íntegro de la sentencia del procés. Nada de eso tendrá la entidad institucional que ahora tiene, pues estaría referido a hechos carentes de trascendencia legal. El gobierno progresista jamás habría pactado la investidura con sediciosos, ni la vicepresidenta Yolanda Díaz se habría reunido en Bruselas con un fugado. Todo formará parte de la más absoluta normalidad democrática. La amnistía al procesismo es también una amnistía al sanchismo y a todo lo que conlleva.
Pero no se preocupe, estimado lector, que no le aburro más con estos temas farragosos, de exclusivo interés para los leguleyos. Invierta usted su valioso tiempo en las indignadas tertulias enfocadas en analizar y desgranar los detalles del pico de Rubiales a una jugadora de la selección. Al fin y a la postre, Irene Montero necesita seguir alimentando el escándalo, pues a él ha fiado sus posibilidades de repetir al frente del Ministerio de Igualdad. Qué país de pandereta.
