¿Qué fue de… el imperio de la ley?
«Nunca me habían dado la razón tan rápido; fue postular la deriva inquisitorial de la conversación pública, y al día siguiente ya figuraba en una lista negra»
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Hace diez días pedí en este mismo rincón la dimisión de Luis Rubiales por la indignidad de su conducta en la final del mundial. Pero como también critiqué la inercia ovina de la opinión pública, e hice una humilde llamada al respeto por los procedimientos, los monaguillos de guardia me incluyeron en la nómina de «defensores de Rubiales». Nunca me habían dado la razón en tan poco tiempo; fue postular la deriva inquisitorial de la conversación pública, y al día siguiente ya figuraba en una lista negra. QED. Y eso fue todo, porque, una vez más, mi insignificancia fue mi aliada. Al futbolista Dani Carvajal, sin embargo, le respondieron con una ira proporcional a su fama. Carvajal condenó la conducta de Rubiales pero cometió la osadía de… invocar la presunción de inocencia y subrayar que son los tribunales quienes esclarecerán lo ocurrido y determinarán la responsabilidad penal de Rubiales. Por supuesto, periodistas y políticos a dúo lo tildaron de ultraderechista. Y quizá lo sea (no lo conozco), pero no por esto.
Una democracia saludable no puede señalar a quienes reivindican hitos básicos del Estado de Derecho. Si quien reivindica la presunción de inocencia navega, como Carvajal, contra la corriente de opinión, algo falla en la corriente. ¿Tan difícil es distinguir entre la defensa de un acto y la defensa de los derechos de quien lo comete? Parece que sí, como demostró la reacción ante la filtración de los mensajes machistas vertidos en un chat de estudiantes de la Universidad de La Rioja.
«¿Tan difícil es distinguir entre la defensa de un acto y la defensa de los derechos de quien lo comete?»
En el chat había doscientos estudiantes de magisterio, luego existen varios motivos por los que escandalizarse. En primer lugar, hay doscientas personas estudiando el grado de magisterio en la Universidad de La Rioja. En segundo lugar, el proceso de selección es tan laxo que admite a personas capaces de escribir comentarios misóginos en un foro multitudinario y sorprenderse de las consecuencias. Dejando a un lado la estupidez de los muchachos, la sociedad hace bien en manifestarse contra el machismo, pero acto seguido debería cerrar filas en contra de la vulneración de su privacidad. La universidad les ha abierto expediente y ha desperdiciado una ocasión para dar una lección sobre libertad de expresión y derecho a la privacidad. Ser machista en privado puede parecernos repugnante, pero no es un delito.
Este patrullaje de la esfera privada contrasta con la magnanimidad hacia los delitos públicos. Una universidad expedienta a unos alumnos zafios mientras el Gobierno consuma la despenalización del procés. Pero el contraste es sólo aparente. Ambos responden a un mismo paradigma: el respeto a la ley es opcional y las garantías procesales discutibles. Esta arbitrariedad demuestra la debilidad del Estado de Derecho, que en su mejor versión es universal y previsible. Hace unas semanas, Janan Ganesh decía en el Financial Times que es difícil imaginar que un estado occidental deje de ser democrático a corto plazo, si por ello entendemos que dejen de celebrarse procesos electorales. Pero no es tan difícil, decía, imaginar democracias en las que el imperio de la ley sea una entelequia.
