No es Hungría ni Polonia: es España
«La lucha contra las derivas iliberales y autoritarias es general; no cabe que haya países como España con los que se haga la vista gorda»
Ilustración de Arancha Sánchez.
Cuando hablamos, por razones plenamente justificadas, de la deriva iliberal de algunos países de la Unión Europea, damos por hecho de manera automática que hablamos de los gobiernos de Hungría y Polonia.
Con toda la razón, insisto, nos referimos a ellos porque nos preocupa que no se garantice la independencia de los sistemas judiciales y de los tribunales, que se desprecie la separación de poderes, que se señale a los medios de comunicación que no se plieguen a las exigencias y necesidades del poder y que se cargue contra la oposición cuando ejerce sus tareas y cumple su papel.
En definitiva, nos preocupa, y mucho, que en un gobierno europeo se den actuaciones autoritarias y que haya formas de decidir y hacer las cosas que degradan la democracia y sus instituciones.
Ayer, en el discurso sobre el estado de la Unión Europea, la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, dijo que el estado de Derecho es «el pilar y el pegamento de nuestra Unión». Yo tuve oportunidad de aplaudir sus palabras en el pleno, pero también quise decirle a continuación que la UE tiene la mala costumbre de acertar en el diagnóstico de sus problemas, pero actuar demasiado tarde o sin la contundencia necesaria.
Y le dije algo más.
Le dije a la presidenta de la Comisión que hoy hay un gobierno europeo —en un país en el que está caducado y bloqueado el órgano de elección de los jueces, por problemas de control político— que nombra y cesa a dedo al Fiscal General para colocar en el puesto a uno de los ministros del gabinete, entre otras injerencias que no mencioné para no hacer demasiado larga mi intervención.
Ese gobierno no es el polaco ni el húngaro.
«Ayuda significa no transigir con derivas iliberales en ningún sitio dentro del espacio europeo, aunque eso estorbe o complique los planes personales»
Y le dije también que hay un gobierno europeo que aprueba rebajar penas por malversación y corrupción y que concede indultos a cambio de votos. Y que está negociando con un fugado de la justicia la impunidad de aquellos que atacaron el Estado de Derecho —y fueron condenados por ello— con tal de seguir manteniéndose en el poder.
Ese gobierno no es el húngaro ni el polaco.
Ese gobierno, aclaré a la presidenta Von Der Leyen, es el del país que ostenta la presidencia rotatoria del Consejo Europeo. Es el Gobierno de España.
Como no hay Estado de la Unión sin Estado de Derecho, pedí ayuda a la presidenta de la Comisión Europea. Ayuda significa enterarse bien de lo que está pasando en España. Ayuda significa igualdad de trato, significa no mirar para otro lado, no transigir con derivas iliberales en ningún sitio dentro del espacio europeo, aunque eso estorbe o complique los planes personales.
La lucha contra las derivas iliberales y autoritarias es general; no cabe que haya países con los que se haga la vista gorda, gobiernos con los que se transija al tiempo que se castiga a otros por situaciones similares.
La independencia judicial, la división de poderes, el respeto a la oposición, la tolerancia con las minorías y la consideración con los medios de comunicación que cumplen con su papel son parte fundamental de los valores europeos. La defensa de esos valores y de las instituciones democráticas es la brújula política y moral con la que nos guiamos para saber cuál es el estado de nuestra Unión Europea. El estado de nuestra democracia.
