La amnistía: olvidar el futuro
«La amnistía produce un grave terremoto en el ordenamiento jurídico al declarar que la realidad jurídica de facto no lo era»
Ilustración: Alejandra Svriz
Se pueden decir muchas cosas de Gabriel Rufián, el portavoz de Esquerra Republicana de Cataluña en el Congreso de los Diputados, pero hay que reconocer que va de frente. Decía el otro día en el debate de investidura que «una amnistía por los hechos del 1 de octubre debe sentar las bases para un nuevo 1 de octubre».
Ponía así Gabriel Rufián de manifiesto que la amnistía no es el objetivo final de los independentistas. Es obviamente un objetivo primordial de Carles Puigdemont, para que pueda volver a Cataluña y ser celebrado por los independentistas como un héroe que haya vencido al Estado opresor. Pero para ECR y el resto de Junts, la amnistía es un instrumento para poder celebrar de forma impune un nuevo referéndum de independencia.
Porque la amnistía no solo significa olvidar lo que ocurrió en 2017. La amnistía significa también que los mismos hechos delictivos no se podrán perseguir por la justicia en el futuro.
Los defensores de la potencial ley de amnistía –o como finalmente se llame– podrían argumentar que la misma acotaría de forma concreta los hechos delictivos que ocurrieron en 2017 en relación con el referéndum ilegal de independencia para evitar que se desbordara la impunidad de forma imprevista. Pero es muy difícil evitar que se beneficie de ella cualquiera que en ese periodo de tiempo haya incurrido en conductas delictivas, malversaciones o desórdenes públicos.
«Una vez la ley de amnistía haya declarado los hechos delictivos del 2017 impunes será difícil, prácticamente imposible, castigar los mismos hechos en el futuro»
Para entendernos: los que están redactando la ley tienen la gloriosa pero imposible tarea de limitar su ámbito de aplicación a los delitos de sus futuros socios de investidura, para que solo ellos queden beneficiados. El problema es que la amnistía es una de estas cajas de Pandora que, una vez abiertas, son difíciles de cerrar.
Y una vez la ley de amnistía haya declarado los hechos delictivos del 2017 impunes será difícil, prácticamente imposible, castigar los mismos hechos en el futuro. Porque la amnistía produce un grave terremoto en el ordenamiento jurídico al declarar que la realidad jurídica de facto no lo era. Revertir esto es complicado jurídica y políticamente: es casi inviable perseguir penalmente la celebración de un nuevo referéndum de independencia después de haber declarado precisamente que la celebración de tal referéndum no es un hecho delictivo.
Seremos por tanto testigos de la repetición de lo ocurrido con la llamada ley del solo sí es sí: los criminales se acogerán a la norma más favorable y argumentarán –una legítima expectativa– que un nuevo referéndum no puede ser castigado si el antiguo tampoco lo fue.
Atención: eso significa que, con la amnistía, los independentistas ya no necesitan el acuerdo con Pedro Sánchez para poder celebrar un referéndum de independencia de forma impune. Lo podrán hacer al amparo de la ley de amnistía. Sánchez lo sabe y por lo tanto se envolverá en la bandera de la nación y se exhibirá como el gran patriota que ha rechazado pactar un referéndum de independencia, cuando en realidad no lo necesita porque su ley de amnistía le hará el trabajo sucio. El de olvidar el futuro.
El futuro de toda una nación.
