La respuesta no puede ser el filibusterismo parlamentario

Según el Diccionario Panhispánico del Español Jurídico, el filibusterismo es una «modalidad de obstruccionismo parlamentario que toma su nombre de los piratas o bucaneros que utilizaban técnicas de impedimento de la navegación fluida; puede implicar manifestaciones muy diversas cuyo común denominador es la tergiversación de las técnicas parlamentarias para fines obstruccionistas, como por ejemplo usar la palabra abusivamente cuando no está tasada, solicitar quorum reiteradamente, presentar un número exorbitante y prolijo de enmiendas o de preguntas orales o solicitar reiteradamente la palabra por cuestión de orden o alusiones, etc». Es decir, toda una panoplia de «técnicas» tendentes a entorpecer deliberadamente el curso de los debates u obstruir el trabajo parlamentario.

Así, puede considerarse filibusterismo de primer grado, el «cierre del Parlamento» que el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso está denunciando en estos días y que achaca a la presidenta de la Cámara, señora Armengol, con el fin de evitar la constitución de las comisiones parlamentarias legislativas y, sobre todo, el control al Gobierno.

Por otra parte, se viene comentando que de producirse la investidura como presidente del Gobierno del señor Sánchez, el Grupo Parlamentario Popular en el Senado, cámara dónde dispone de mayoría, utilizaría la misma para ralentizar o empantanar iniciativas legislativas o de otra índole, que provengan del Gobierno y de los grupos que lo sustenten. De hecho, incluso se ha publicado alguna imaginativa propuesta para empantanar en el Senado la anunciada ley de amnistía.

«De presentarse la ley de amnistía, lo democrático es atacarla con todas las armas democráticas disponibles»

Creo que el filibusterismo parlamentario, profusamente aplicado en la anterior legislatura, no es la solución. Si nos atenemos a la ley de amnistía, de presentarse, lo democrático es dejar que siga su curso parlamentario y atacarla con todas las armas democráticas disponibles. Si se presenta vergonzosamente como una proposición de ley, para evitar la consulta a los órganos consultivos preceptivos, ello debe denunciarse desde el primer momento. Después, oponerse en sede parlamentaria, en tiempo y forma sobre su contenido, explicando y dejando constancia oral y escrita de las razones que avalan su inconstitucionalidad e impertinencia política. Y de llegar a aprobarse, impugnarla ante el Tribunal Constitucional, por inconstitucional y ante la Unión Europea, por intentar contra el principio de Estado de derecho. 

No se puede continuar con el filibusterismo que el Gobierno y los grupos que lo apoyaron realizaron en la anterior legislatura, degradando nuestra democracia.

De hecho, el Partido Popular ha sido el primero que se ha comprometido a no hacer lo mismo. El 23 de enero, de forma solemne, el presidente Feijóo puso su firma, públicamente, en su Plan de Calidad Institucional para la regeneración democrática, y escogió para ello el Oratorio de San Felipe Neri de Cádiz, lugar cargado de simbolismo, pues allí se promulgó la Constitución liberal de 1812.

Según el documento, el mismo «supone un contrato con nuestro país… (y las propuestas) las impulsará en su totalidad en los cien primeros días de la próxima legislatura».

Uno de los aspectos más apremiantes del objetivo denominado «derogar el sanchismo» es terminar cuanto antes con la funesta y antidemocrática forma de legislar a la que ha sido sometido el ordenamiento jurídico español en los últimos cinco años: abuso del decreto-ley y de la tramitación de urgencia; reformas de calado realizadas a través de proposiciones de ley o de enmiendas a las mismas de última hora que coartan la intervención de los grupos parlamentarios y con el único objetivo de evitar la participación pública y la intervención de los órganos consultivos; bloqueo y ralentización de los procedimientos a través de la sistemática ampliación de los plazos para enmiendas, etcétera.

Isaac Ibáñez García es abogado.