Los progresistas
«Por mucho que el presidente y su entorno se empeñen en justificar sus vergonzantes concesiones, las demandas de los independentistas sólo amplían la brecha de la desigualdad»
Sánchez, Puigdemont uy Otegi. | Alejandra Svriz
Basta con echar un vistazo a las exigencias que hacen a cambio de sus votos y repasar su reciente trayectoria para desenmascararlos fácilmente. Los socios del futuro Gobierno de Pedro Sánchez son todo menos progresistas. Por mucho que el presidente en funciones y su entorno se empeñen en justificar sus vergonzantes concesiones como el precio a pagar por reeditar un gobierno progresista, las demandas de los independentistas sólo amplían la brecha de la desigualdad económica territorial, con una reforma de la financiación autonómica que incrementa los privilegios de las regiones más ricas, y pueden suponer un lastre adicional al crecimiento del conjunto del país.
Nada indica además que haya posibilidad de parar este declive. Detrás de los pactos alcanzados por Sánchez late la idea de que la democracia es igual a la izquierda y los nacionalismos. El bloque de la derecha ha de ser expulsado del arco mismo de la democracia. Se consolida así una perversa política de bloques que cierra definitivamente la puerta a los grandes consensos que necesitaría la economía para salir de la parálisis de las últimas dos décadas, acometer las reformas necesarias para evitar seguir perdiendo peso en la economía mundial y hacer frente al reto demográfico y al cambio climático.
Porque son otras las prioridades económicas. En los pactos alcanzados con Junts, Esquerra Republicana o el Partido Nacionalista Vasco no hay una sólo mención a los problemas que aquejan al conjunto de los españoles. Sus demandas giran en torno a la condonación parcial de la deuda de Cataluña con el Estado (ERC), cuyo coste sí asumiría el conjunto de los españoles, la cesión del 100% los impuestos (Junts), para eludir cualquier contribución a la solidaridad interterritorial o la ruptura con la caja única de la Seguridad Social (PNV) para asumir la gestión del pago de las pensiones y la recaudación de las cotizaciones sociales.
Las promesas del presidente en funciones a sus socios irán a cargo de unos presupuestos generales ya menguados por el creciente peso en el gasto de la factura de la deuda pública y el pago de las pensiones, que sumados suponen casi el 54% del gasto público. La evolución demográfica y el compromiso de actualizar las pensiones con el IPC junto con la subida de los intereses de los bonos y letras del Tesoro sólo incrementarán ese porcentaje. Habrá que ver de qué manera las partidas claves para el potencial de crecimiento de la economía y para la cohesión social, como la Educación y la I+D o la Sanidad pueden verse afectadas por estos pactos que suponen una transferencia de recursos y la pérdida de una parte de los ingresos del Estado. Pero, oye, ¡menos mal que Sánchez venía a parar a la derecha corrupta e insolidaria para seguir avanzando en la igualdad y la conquista de derechos sociales!
Su socio Junts se distingue por su amplio historial de corrupción, desde el cobro ilegal del 3% de comisión a cambio de contratos públicos durante los mandatos de Jordi Pujol al frente de CiU, hasta los múltiples casos de malversación en la etapa posterior, muchos de ellos relacionados con la financiación del Procés. Pero además es corresponsable (junto con ERC) de haber convertido a Cataluña en la autonomía más endeudada del país y de haber provocado la huida masiva de empresas, hasta 5.000, de su territorio por la inseguridad jurídica que introdujo todo el proceso hacia la declaración unilateral de independencia.
Las dudas sobre su solvencia dificultaron su financiación en los mercados internacionales al final de la crisis financiera de 2008-13. Recurrió entonces al Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), creado en 2012 por Mariano Rajoy con fondos del Estado para aliviar los aprietos financieros de algunas CCAA y permitir su financiación a tipos de interés bajos para asegurar el pago de los servicios públicos básicos, sueldos de los funcionarios y otras obligaciones financieras.
En esa etapa ERC, esa fuerza de izquierdas tan defensora de los derechos sociales, apoyó a la entonces CiU de Artur Mas para aprobar los más duros recortes sociales de todas las CCAA. ¿Se acuerdan cuando Mas tuvo que salir en helicóptero de un Parlamento catalán rodeado de miles de indignados por las políticas de austeridad? Era junio de 2011 y fue en ese momento cuando el Gobierno catalán vio la oportunidad para canalizar el malestar social que estaban provocando sus políticas. Y encontró al culpable de sus problemas: el resto de España nos roba. Este, y no la sentencia del TC en 2010 sobre el Estatut, fue un momento decisivo en la escalada del Procés. De forma que la agenda separatista tomó el relevo de la social y ERC apoyó los presupuestos restrictivos de CiU durante varios años más.
«Para dinamitar el Estado de Derecho han encontrado en Sánchez, dispuesto a llevar al borde del precipicio nuestro Estado de derecho a cambio de perpetuarse en el poder, su gran oportunidad»
Cataluña ocupa el tercer lugar en renta per cápita, por detrás de Madrid y País Vasco, pero es la autonomía que más dinero debe al FLA. La condonación de la deuda pactada por ERC con Sánchez (15.000 millones de euros) supone una quita del 20% de los 73.110 millones de euros que adeuda al Estado. Su líder, Oriol Junqueras, alardeaba al poco de firmar el pacto de que cada catalán se ahorraría 2.000 euros de deuda, cuyo origen está muy ligado al dinero malgastado en la aventura independentista. Y que ahora han de asumir el resto de los contribuyentes españoles. Es una decisión que amenaza con crear también un moral hazard por sentar un mal precedente: quien peor se administre y más se endeude, mejor será tratado. En definitiva, las autonomías financieramente más responsables pagan por los excesos de los otros. No es el mejor incentivo para administrarse bien.
Al mismo tiempo que pide la condonación de su deuda, Cataluña aspira, según lo que recoge el pacto con Junts, a administrar el 100% de sus impuestos que se pagan en su territorio en una suerte de autodeterminación fiscal. La pregunta es inevitable: ¿en qué consiste el reparto de riqueza que defiende este gobierno progresista? ¿Que Cataluña se quede con tus impuestos y que reparta el pago de su deuda entre todos los españoles?
En cuanto al PNV, empezando por su lema fundacional, Jaungoikoa eta lege zaharra, que quiere decir Dios y la Ley vieja, siguiendo por su sistema fiscal, el régimen foral, que se remonta al antiguo Reino de Navarra y de los territorios vascos, todo rezuma tradición y privilegios. Ahora Sánchez ha abierto una vía con el PNV para romper la caja única de las cotizaciones sociales. Y con ello la unidad y la solidaridad de las pensiones y la recaudación de las cotizaciones sociales. El acuerdo permitiría al Gobierno vasco recaudar cotizaciones y pagar pensiones, pero la normativa sobre las cuotas a pagar y las decisiones sobre las pensiones seguirían recayendo en el Gobierno central. Son muchos los expertos que dudan del encaje constitucional de la medida.
La legislatura promete ser agónica, sometida al chantaje permanente de los independentistas y una tensión institucional sin precedentes en nuestra democracia. Con sus pactos, Sánchez ha accedido, en definitiva, a poner en marcha una agenda de reformas y transferencias con una incidencia positiva en el bienestar social de las regiones más ricas del país, País Vasco y Cataluña, sin importarle los efectos en las otras autonomías, gobernadas en su mayoría por el PP y prescindibles para reeditar su Gobierno. Y en esa asimetría de privilegios y de derechos, en esa desigualdad, se basa ese proyecto sin cabida en nuestra Constitución que es del Estado confederal asimétrico, que defiende Sumar y que, a la vista de todas las cesiones hechas por Sánchez, no parece hacerle hoy ascos el PSOE.
Puede que este sea el primer sólido pilar, porque piedras ya ha habido varias en la anterior legislatura con la colonización de instituciones que deben hacer de contrapoder, para dinamitar los consensos del 78 y propiciar un cambio de régimen. Al fin y al cabo, esa es la idea de todos los socios del futuro Gobierno (salvo Coalición Canaria), tal y como escenificaron con su ausencia en la jura de la Constitución por parte de la heredera, la princesa de Asturias. Y para lograrlo han encontrado en Sánchez, dispuesto a llevar al borde del precipicio nuestro Estado de derecho a cambio de perpetuarse en el poder, su gran oportunidad.
