Un Gobierno legal y lógico

Sobre la situación en que se halla la vida política española, o sea, sobre la formación de un Gobierno nominalmente de izquierdas, pero cuyo programa lo redactan y dirigen fuerzas separatistas, hay que decir, en primer lugar, que es un Gobierno posible: legal. 

Que sea inmoral o grotesco o que es posible gracias a las previas mentiras clamorosas del presidente y varios de sus ministros sobre temas de enorme calado como la amnistía, eso es harina de otro costal. A la hora de formar Gobierno estamos hablando de poder, que es la razón de ser de los partidos políticos: la conquista del poder ahora y aquí, no la estética, ni la ética, ni la coherencia.

En segundo lugar, hay que decir que a esta situación conduce la lógica de la Constitución y la dinámica consustancial al Estado de las Autonomías. Estas décadas habían confirmado la existencia en ella de un defecto de fábrica o pecado original. Tal tara, como en determinadas enfermedades, tiene una época larga de gestación que pasa desapercibida o enviando señales tenues, conllevables, y que sólo se manifiesta en su plena floración cuando ya es demasiado tarde para combatirlas, pues ha extendido sus metástasis a todo el organismo. 

«Lo peculiar de nuestra democracia es que esas terceras fuerzas políticas sean enemigas del Estado»

Otras democracias europeas tienen terceras fuerzas políticas que pueden decantar hacia un lado o el otro a los Gobiernos, según pactan con uno u otro de los dos grandes partidos. Son terceras fuerzas que matizan, que complejizan. Lo peculiar de nuestra democracia es que esas terceras fuerzas sean –declaradamente, no porque se lo impute nadie— enemigas del Estado cuyo proyecto político es trocearlo para, con sus restos, formar otros.

El partido político Ciudadanos nació para corregir esta anomalía, pero por exceso de ambición y por asunción de medidas erróneas, fundadas en sondeos sociológicos y estadísticas, se autodestruyó.

De manera que para formar el Gobierno de la nación ha habido que satisfacer, Gobierno tras Gobierno, a quienes niegan su existencia y quieren desmontar el Estado –algunos, incluso, habiéndose dedicado al asesinato sistemático de sus más destacados funcionarios y servidores, sin que ello sea óbice para que unos años después «hagan política» y «se reincorporen a la democracia»-.

Por absurdo o contradictorio que le parezca al sentido común, esto es en España legal, y así es como en el Congreso están perfectamente operativos numerosos diputados que ya el primer día, en la ceremonia de su juramento para acceder al cargo, prometían con apostillas que desmentían tácita o explícitamente, y con más o menos recochineo, su función como representantes de la soberanía nacional, y declaraban su deslealtad con la aquiescencia de la entonces presidenta de la Cámara, Meritxell Batet. 

«Para gobernar, González, Aznar, Zapatero y Rajoy cedieron parcelas sustanciales de poder estatal a fuerzas antiestatales»

De hecho, tenemos en Bruselas, en nuestra representación en la Comunidad Europea, a algunos eurodiputados que ni siquiera se molestaron en presentarse a cumplir con el obligado ritual. ¿Para qué cumplir con enojosos trámites, si el Estado es tan débil y tan poco respetado en Europa que ha sido incapaz de imponer su criterio a propósito de unos fugitivos de la justicia de peligrosidad constatada, ni mediante diplomacia ni mediante presiones?

Para poder gobernar, los señores Felipe González, Aznar, Zapatero y Rajoy cedieron, en nombre de la descentralización y del Estado de las Autonomías, parcelas sustanciales (y crecientes) de poder estatal a las fuerzas antiestatales. Lo que está haciendo ahora el señor Sánchez, y lo que es probable que haga en los próximos años, es acelerar esa dinámica de descomposición hasta extremos reveladores. No veo de qué sirve reprocharle lo que está en su naturaleza. ¿Por qué reprocharle a un luchador que procura obtener y conservar el poder lo que es una tara del sistema?

De manera que, aunque por motivos diferentes e incluso diametralmente opuestos a los motivos que les animan, alguna razón tienen los críticos que deslegitiman «el régimen del 78».