Encontrar consuelo
«En lo estrictamente económico, los acuerdos reducirán inevitablemente el margen de maniobra del Gobierno para hacer políticas sociales»
Resultados de la investidura a Pedro Sánchez. | Alejandra Svriz
¿Cómo a nadie se le ocurrió antes la medida de gracia? Si parece que es la solución para casi todo. En el preámbulo de la proposición de ley se explica que la Amnistía servirá para «garantizar la convivencia dentro del Estado de derecho y generar un contexto social, político e institucional que fomente la estabilidad económica y el progreso cultural y social tanto de Cataluña como del conjunto de España». Ahí es nada. Habrá algunos votantes socialistas que consideren que esas promesas son un poco exageradas. Los habrá incluso que duden de que sirva para el reencuentro total entre Cataluña y el resto de España. No importa. Lo relevante es que ha servido para evitar un gobierno de la derecha que venía a recortar derechos. Lo que parecen ignorar o se resisten a ver es que los pactos de investidura de Pedro Sánchez con los independentistas van exactamente de eso: de recortar derechos.
En lo estrictamente económico, los acuerdos reducirán inevitablemente el margen de maniobra del Gobierno para hacer políticas sociales. Si nos centramos sólo en los 15.000 millones de euros del total de la deuda contraída con el Estado que Pedro Sánchez se ha comprometido a perdonar a Cataluña, el importe no es peccata minuta. Veamos, en los Presupuestos Generales de 2023 el gasto total anual asignado a Sanidad son 7.049,08 millones de euros; a Educación, 5.354,97 millones; y Cultura, 1.803,69 millones. Todas estas partidas claves para la cohesión social suman 14.070,74 millones de euros. Una cantidad que se queda todavía casi mil millones de euros por debajo de la quita acordada.
Y si, como se ha comprometido el Gobierno, la reducción del 20% de la deuda con el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) se va a extender a otras Comunidades Autónomas, el importe que perdonaría el Estado se elevaría a 45.000 millones de euros (el 3,3% del Producto Interior Bruto y casi el 10% del gasto público total presupuestado para 2023, que se eleva a 485.985,81 millones). Esos 45.000 millones representan por ejemplo más de dos veces el total que se destina anualmente al pago de las prestaciones por desempleo (21.278,02 millones), según recogen los presupuestos de 2023. O equivalen también a 17 veces los 2.600 millones asignados a becas y ayudas a estudiantes o casi once veces la partida consagrada al Ingreso Mínimo Vital (IMV) y prestaciones familiares (4.193,13 millones).
¿Cómo se financiará esa quita? Nadie lo ha dicho. ¿Tendrá el Reino de España que endeudarse más en los mercados internacionales cuando ya su deuda supera el 113% del PIB? ¿Se lo puede permitir cuando Europa está a punto de volver a la disciplina fiscal? ¿Asumirá el Gobierno esa derrama a costa de sacrificar otros gastos? ¿Qué partidas sufrirán? Si las pensiones son intocables (190.083 millones en 2023) y su peso en el presupuesto va en aumento por el compromiso del Gobierno de subirlas de acuerdo con el IPC (en 2024 esa revalorización costará unos 7.600 millones) y por la evolución demográfica, ¿dónde aplicarán los recortes? La partida destinada al pago del principal de la deuda y su servicio (31.216,54 millones) tampoco se puede tocar. Teniendo en cuenta que además en 2024 la Unión Europea se ha comprometido a reinstaurar unas reglas de disciplina fiscal similares al Pacto de Estabilidad abandonado durante la pandemia, que exigirá un plan de ajuste del déficit y la deuda, ¿cómo hacerles hueco ahora a los compromisos alcanzados con los socios independentistas?
«La fragmentación política que han provocado los acuerdos puede traer una indeseable inestabilidad social»
Preocupada por todas estas cuestiones, la agencia de calificación Moody´s advertía hace tres días del impacto negativo que estas concesiones pueden tener en la deuda soberana que emite el Tesoro de España y cuyo riesgo esta organización se encarga de valorar. Su calificación sirve de referencia para los mercados internacionales. Si cae la solvencia, los inversores exigirán tipos de interés más altos para seguir comprando nuestra deuda. En un contexto generalizado de tipos de interés más altos debido a la política restrictiva del Banco Central Europeo, que ya han encarecido el servicio de nuestra deuda, esta no sería una buena noticia. Moody’s advierte además sobre el riesgo moral (moral hazard) que supone que sean las autonomías más endeudadas las grandes beneficiadas de la condonación. Teme que de esta forma se siente un precedente que desincentive la necesidad de tener cierta prudencia fiscal y de contener el gasto autonómico. También señala que la fragmentación política que han provocado los acuerdos puede traer una indeseable inestabilidad social.
Además, el debilitamiento del crecimiento económico registrado en los últimos meses de este año y que todos los datos indican se prolongará al menos hasta mediados de 2024, tendrá un impacto negativo en las previsiones de ingresos y presionará al alza los gastos en las partidas sociales. A falta de haber podido aprobar unos presupuestos generales por encontrarse en funciones, la única guía es el plan presupuestario presentado por el Gobierno ante Bruselas el pasado mes de octubre, antes de asumir la quita de la deuda y otros compromisos ficales, como el traspaso del 100% de los impuestos a Cataluña o la recaudación de las cotizaciones sociales al País Vasco, ambos en el plazo de dos años. De momento la Comisión Europea ha rebajado la previsión de crecimiento para 2024 del 2% que recogía el Gobierno en ese plan al 1,7%. En esa misma línea se han pronunciado el Banco de España y la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF). Todo ello invitaría a ser prudentes fiscalmente. Y los compromisos que recogen los pactos no apuntan en esa dirección.
El margen de reparto del gasto público se verá inevitablemente afectado por esos acuerdos. Y la vigilancia de la Unión Europea limita la capacidad del Gobierno de aumentar su déficit y deuda para financiarlos. Cuando el Gobierno empiece a anunciar alguna medida impopular de recorte de gastos o la retirada de alguna subvención a los precios o anuncie aumentos del IVA y otros impuestos, acuérdense que todo ello, incluidas la fractura social y el enfrentamiento institucional que han provocado la amnistía y las concesiones al separatismo, era para que repitiera en el poder un gobierno progresista. Seguro que encontrarán consuelo en ello.
