Lo 'trans' en Madrid
«Nada de todas esas legítimas y discutibles reformas de la comunidad madrileña supone el apocalipsis de los derechos de las personas ‘trans’»
Ilustración de Alejandra Svriz.
«Comes como un Heliogábalo», me espetó mi padre en algún momento inconcreto de mi paso a la adolescencia, cuando dos huevos fritos para cenar eran solo el aperitivo. También entonces soportar mis intempestivos desplantes era una «horca caudina». En fin, cosas que se decían cuando la instrucción escolar en Historia Antigua permeaba hasta el acervo de los dichos.
Una buena amiga argentina, bien atenta a las curiosidades globales, me advierte de que un museo británico se propone tratar al emperador Heliogábalo (Sexto Vario Avito Basiano) como mujer trans, quizá la primera de la historia. Por lo que parece, el cronista de la historia de Roma Dion Casio cuenta que en cierta ocasión el propio Heliogábalo señaló a su interlocutor: «No me llames señor que soy una dama». Así como debemos ser sensibles hoy a los pronombres escogidos por las personas trans, así debemos serlo con respecto al pasado, ha declarado Keith Hoskins, del partido Liberales Demócratas y miembro del Consejo del Condado donde se ubica el museo.
Las personas trans son aquellas que se identifican «… con un género diferente o que expresan su identidad de género de manera diferente al género que le asignaron al nacer», pero también las que «describen su identidad en sus propias palabras». Así se definen en los artículos 1.2. de la Ley 2/2016 y 3.b) de la Ley 3/2016 ambas de la Comunidad de Madrid, las conocidas popularmente como leyes trans y que ahora están en proceso de ser modificadas por iniciativa del Partido Popular.
«Incólume permanece la prohibición de las terapias de conversión»
Sin embargo, aquellas definiciones tan estrambóticas se mantienen en las proposiciones presentadas. Y muchas otras cosas también. Incólume permanece la prohibición de las terapias de conversión —en el «sistema sanitario de la Comunidad de Madrid»— lo cual incluye a los adultos, que bien harán en preguntarse sobre el alcance de la libertad que abandera el actual Gobierno de la CAM. Prácticamente inalteradas se mantienen las medidas que, en el ámbito educativo, procuran evitar la discriminación y el hostigamiento hacia los menores trans. Ahí va un ejemplo del nuevo artículo 23 de la Ley 2/2016 que conviene citar in extenso: «La Comunidad de Madrid elaborará e implantará en todos los centros educativos un protocolo de atención a la transexualidad e intersexualidad, en el que se garantice…
a) El respeto a las manifestaciones de la condición sexual que se realicen en el ámbito educativo y el libre desarrollo de la personalidad del alumno conforme a su condición y situación.
b) El respeto a la intimidad de los alumnos que realicen tránsitos sociales.
c) La prevención de actitudes o comportamientos que impliquen prejuicios y discriminación por razón de orientación, condición o expresión sexual, en orden a una rápida detección y actuación ante situaciones discriminatorias y atentatorias contra la libertad y la dignidad personal…
e) El respeto a la imagen física del alumnado transexual, así como la libre elección de su indumentaria, sin menoscabo del debido respeto al resto de alumnos y las normas del centro educativo. Si en el centro existe la obligatoriedad de vestir uniforme diferenciado por sexos, se reconocerá el derecho del alumnado transexual a vestir aquel que le parezca más adecuado».
¿A ustedes les parece que con esta formulación cabe inferir que en la Comunidad de Madrid la infancia trans queda desprotegida o estigmatizada? La atención sanitaria a las personas trans, incluyendo los menores, mantiene el tratamiento hormonal y quirúrgico, aunque, en relación con aquellos se obliga a que, como paso previo al tratamiento hormonal, se cuente con el apoyo de los profesionales de la salud mental infanto-juvenil que previamente habrán tenido que informar favorablemente caso de que existiese comorbilidad. Les recuerdo que en varios países europeos esos tratamientos hormonales a preadolescentes sufren actualmente de una moratoria y su administración es mucho más estricta de lo que en esta reforma se propone. Y así cabría seguir a poco que uno se tomara la molestia de leer y comparar con algo de atención, honestidad y limpieza.
Cierto: aunque con incongruencias internas aún salvables, se eliminan las referencias a la «identidad sexual o de género» en todo el articulado y se recupera lo «transexual»; se liquidan el Consejo LGTBI de la Comunidad de Madrid, un llamado «Centro de Documentación y Memoria Histórica LGTBI», y en general el monopolio concedido a asociaciones y colectivos a quienes se externalizan tareas y misiones propias de administraciones que tienen encomendado velar por el interés público y de todos los afectados y no solo de una parte del público y de una parte de los afectados; dejará de ser obligatorio que en las bibliotecas de ayuntamientos madrileños y de la CAM haya un fondo bibliográfico de temática LGTBI (¿debería haber también un fondo bibliográfico de temática religiosa?) y en la práctica deportiva se extreman las medidas para no menoscabar el deporte femenino y mantener los espacios de intimidad de mujeres y niñas.
«Jamás Irene Montero pudo responder con mínima solvencia a la concepción que mantenía sobre el sexo biológico, sobre el ‘ser mujer'»
En una formulación propia de la legislación simbólica que hubiera abrazado cualquier feminista de cualesquiera olas: «Se protegerá especialmente la práctica del deporte femenino, en todas sus categorías, preservando sus conquistas ganadas a lo largo de los años, su reconocimiento, mérito y galardones, en el ámbito local, regional, nacional e internacional, federado y de base». Cierto: se deroga la discriminación «por error», un expediente que puede generar abusos, así como la inversión de la carga de la prueba en los «procesos autonómicos», según reza la actual normativa. Cierto: la inversión de la carga de la prueba, es decir, que al «demandado» le corresponda refutar la discriminación alegada a partir de «indicios fundados» del presunto discriminado, se ha incorporado desde hace tiempo a nuestro derecho antidiscriminatorio, pero es una opción legítima la de eliminar esa mención cuando puede inducir a confusión e incertidumbre, como lo es también no arrogarse torticeramente competencias que no le corresponden a las comunidades autónomas en materia de identificación personal mediante el expediente de amparar procedimientos de modificación en la «documentación administrativa» propia. Un asunto este que la civilística española denunció desde el primer momento en que proliferaron las leyes autonómicas de lo trans.
Nada de todas esas legítimas y discutibles —esto es: objeto de posible discusión— reformas supone el apocalipsis de los derechos de las personas trans. ¿Acaso los trans en Asturias viven en tal apocalipsis toda vez que nunca en el Principado se llegó a promulgar ley trans alguna?
Les confieso mi percepción: durante estos años en los que se ha debatido tanto sobre la autodeterminación de género y el asunto trans en general, jamás he visto a las autoridades y representantes públicos que más ardientemente han hecho causa de muchos de los postulados del llamado colectivo LGTBI defender honestamente sus posiciones, es decir, entrar al debate con la pretensión de claudicar ante los mejores argumentos o, al menos, de reconocer la contradicción o la insostenibilidad de lo que se sostiene y mucho menos rectificar o conceder nada. Jamás Irene Montero pudo responder con mínima solvencia a la concepción que mantenía sobre el sexo biológico, sobre el «ser mujer». Y mira que importa a la hora de mantener, a la vez que se dice «es mujer quien así se siente», que la violencia de género es la violencia que se ejerce contra las mujeres «por el mero hecho de serlo». Hoy mismo se celebra el día internacional contra la violencia contra las mujeres bajo esa niebla conceptual. Y así podría seguir con la categoría de «ser no-binario» en flagrante combinación auto-refutatoria con la consideración de ser el sexo un «espectro», etcétera, etcétera.
Y desgraciadamente lo hemos vuelto a comprobar en el primer debate de tramitación de la ley cuando una ilustre representante del colectivo LGTBI y diputada llegó a afirmar que quien votara a favor de dicha tramitación y posterior reforma tendría sus manos manchadas de sangre.
Todo un exceso incluso para la señora Heliogábalo. Una horca caudina esta nuestra de estar atentos a los asuntos públicos en la España de estos días.
