Los últimos independientes
«Pronto se verá si Herrero se queda sola para fiscalizar la política económica del Gobierno. Una labor más necesaria que nunca dado el afán intervencionista»
El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos. | Europa Press
«La condición de independencia tiene una razón singular en aquellos organismos encargados del asesoramiento, seguimiento o evaluación de las políticas públicas, sean presupuestarias o de otro tipo. La independencia institucional es la mejor forma de garantizar que las valoraciones se hagan con criterios objetivos y técnicos, al margen de las opiniones y los intereses políticos de quienes están siendo evaluados». Lo decía Pablo Hernández de Cos ante la Comisión para la Auditoría de la Calidad Democrática a finales de diciembre de 2020. El gobernador del Banco de España, cuya independencia en el ejercicio de sus funciones ha provocado varios choques con ministros del Ejecutivo, será relevado en su puesto a mediados de 2024.
El Banco de España, junto con la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), encargada del cumplimiento efectivo por parte de las Administraciones Públicas del principio de estabilidad presupuestaria, que preside Cristina Herrero, cuyo cargo se renueva a principios de 2026, destacaron en la última legislatura por su independencia a la hora de ser críticos con las políticas económicas más ideológicas del Gobierno de Pedro Sánchez. Ambas instituciones han sabido alertar de los efectos negativos de la última reforma de las pensiones por descansar su financiación en el gasto público y en un aumento de las cotizaciones sociales y olvidarse así de la solidaridad intergeneracional, las subvenciones a los precios de los combustibles por quedarse las gasolineras con una parte de la ayuda, la deficitaria gestión del Ingreso Mínimo Vital (IMV) o el impacto desigual, con especial perjuicio en el empleo joven y/o menos cualificado, de las sucesivas subidas del Salario Mínimo Interprofesional (SMI). Por no hablar de las reiteradas llamadas a la necesidad de alcanzar grandes pactos de Estado para acordar las reformas necesarias que permitirían salir al país del estancamiento.
Pero la labor de evaluación de las políticas públicas y el análisis y la publicación de datos por parte del Servicio de Estudios de la institución es de gran importancia, especialmente tras el asalto al Instituto Nacional de Estadística (INE) en junio de 2022 con la dimisión por sorpresa de su presidente Juan Manuel Rodríguez Poo o el control del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) desde 2018 con el nombramiento de José Félix Tezanos. Que haya sospechas sobre la calidad de los datos y las estadísticas, tan importantes para el buen funcionamiento del Estado, no es una buena noticia para la democracia.
Era la primera vez que un presidente el INE era cesado sin mediar un cambio de gobierno y la Asociación de Estadísticos Superiores del Estado (AESE) hizo público un duro comunicado en el que lamentaban que el Gobierno cuestionara cifras tan relevantes como el IPC o el PIB que publica el instituto. «Esto podría ser interpretado por la sociedad como un ataque a la independencia del Instituto», advertían desde la AESE. Casualidad o no, desde que se produjo ese relevo, las cifras macroeconómicas han mejorado notablemente. En el caso de Tezanos, la lista de fiascos del experto demoscópico es larga. Las controversias en torno a sus encuestas, hechas a la medida de los intereses de la Moncloa, han dilapidado el prestigio no sólo de su titular sino, más preocupante, del organismo público.
La buena noticia es que la colonización del Banco de España no es en absoluto evidente. Aunque el Gobierno ponga a alguien dócil al frente. Si a Hernández de Cos no le sustituye la hoy subgobernadora de la entidad emisora, Margarita Delgado, una opción habitual en el pasado, y se decide colocar a José Luis Escrivá, tal y como se especula en el caso de que finalmente Nadia Calviño no sea nombrada presidenta del Banco Europeo de Inversiones y permanezca en su cargo de vicepresidenta económica, la Ley de Autonomía del Banco de España y sus obligaciones con el Banco Central Europeo (BCE), cuyas orientaciones e instrucciones debe seguir, limitan enormemente la capacidad del Ejecutivo para interferir en la independencia de la institución.
«La injerencia puede adoptar otras formas. Se ha visto en el caso de otros organismos independientes de supervisión»
Además de ser una entidad de derecho público con personalidad jurídica propia y plena capacidad pública y privada, el banco emisor es parte integrante del Sistema Europeo de Bancos Centrales (SEBC) y, como tal, está sometido a las disposiciones del Tratado de la Comunidad Europea y a los Estatutos del SEBC. Y como señalaba Hernández de Cos: «De acuerdo con lo previsto en el artículo 7 de la citada Ley de Autonomía, en el ejercicio de las funciones en las que el Banco de España participa como integrante del SEBC, ni el Gobierno, ni ningún otro órgano nacional o comunitario podrá dar instrucciones al Banco de España ni este podrá recabarlas o aceptarlas».
Es ciertamente un consuelo. Pero la injerencia puede adoptar otras formas. Se ha visto en el caso de otros organismos independientes de supervisión. Limitando su autonomía financiera, vaciando sus competencias, ocultando informes que comprometan las decisiones del Gobierno o nombrando consejeros afines sin una solvencia técnica probada. Véase el caso de la Comisión nacional del Mercado de Valores (CNMV), encargado de la supervisión e inspección de los mercados de valores, o de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC), responsable de la defensa de la competencia o a la regulación de determinados sectores, como la energía o las telecomunicaciones. Ambas instituciones, la segunda dirigida por Cani Fernández, cuya afinidad con Nadia Calviño es conocida, se lamentan por ejemplo de la falta de autonomía financiera y la ausencia de un control del gasto del personal más efectivo. Es una manera de ejercer el poder por parte del Gobierno.
Está también el Tribunal de Cuentas, responsable de la fiscalización de las cuentas y de la gestión económica del sector público. Presidido desde 2021 por Enriqueta Chicano, hace apenas una semana se ha sabido que Santos Cerdán, el negociador que logró el sí de Carles Puigdemont a la investidura de Sánchez, ocultó un informe de este organismo que denunciaba el sobregasto por valor de 417 millones de euros en acción exterior por parte de la Generalitat para ganarse apoyos internacionales al procés de cara a la celebración del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017. El organismo es también responsable de fiscalizar la adjudicación de los fondos europeos, cuya deficitaria ejecución preocupa a la Comisión Europea.
En el caso del Tribunal de Cuentas europeo, Sánchez ha logrado que hace poco más de una semana se nombrara a Alejandro Blanco Fernández como nuevo miembro en representación de España en sustitución de Baudilio Tomé Muguruza. Blanco Fernández, que ocupará su nuevo cargo en marzo de 2024 por seis años. Consejero hoy en la Representación Permanente de España ante la Unión Europea, fue también uno de los vocales presentes en el tribunal que juzgó la tesis que presentó Sánchez en la Universidad Camilo José Cela. Años después se demostró que tenía numerosas partes plagiadas. El Tratado exige que los Miembros ejerzan sus funciones con absoluta independencia y en interés general de la Unión Europea.
No parece fácil escapar a la voracidad colonizadora del Gobierno. A falta de saber de qué manera es capaz de sortear las limitaciones que afortunadamente impone la estructura legal del Banco de España, pronto se verá si Cristina Herrero, la responsable de la AIReF, se queda sola para fiscalizar la política económica del Gobierno de Sánchez. Una labor más necesaria que nunca dado el afán intervencionista y las políticas de carácter populista recogidas en el pacto firmado con Sumar. Así como los privilegios fiscales concedidos a los independentistas en detrimento de otras regiones y su impacto en el gasto público a cambio de su apoyo en la investidura.
