'Pressing' a Caixabank

El acuerdo firmado por PSOE y Junts, además de la amnistía y de un relato histórico falso, contempla un capítulo económico que ha puesto en guardia al mundo empresarial. Se ha contemplado avanzar en la entrega a Cataluña del 100% de la gestión tributaria y se considera esencial elaborar «un plan para facilitar y promover el regreso de las sedes sociales de las empresas que cambiaron su ubicación en los últimos años». Los políticos no deberían decidir entre bambalinas nada que afecte a sociedades como Caixabank, Catalana de Occidente, Banco de Sabadell, Freixenet, Abertis, Naturgy… Son entidades privadas y la presión política, la inseguridad jurídica, mella su estabilidad.  

Una noticia publicada el pasado fin de semana en La Vanguardia, asegurando que Junts ha propuesto que se «penalice a las entidades que tengan su sede social fuera de sus centros operativos», puso los pelos de punta a directivos y empresarios catalanes. Se contentó a los fieles espectadores del teatro indepe y la patronal Foment del Treball alabó el gesto, pero el desasosiego corrió por Barcelona. 

Aún más peligrosa parece la intención de Junts y ERC de cambiar la Ley de Cajas para traspasar la supervisión de las entidades financieras catalanas -en manos del Banco de España- a un organismo de la Generalitat.

Recuerdo una llamada que recibí en Lisboa en 2017. Era mi madre, una exbibliotecaria jubilada, catalanista con mucho seny. Solía telefonear por la noche, pero ese día llamó al mediodía. Quería saber qué pensaba yo de constituir una «cuenta corriente espejo» en Zaragoza. Estaba preocupada por la seguridad de los ahorros de toda su vida. Fue la primera vez que oí hablar de esas cuentas (réplicas exactas de las que los clientes tenían en Cataluña) que muchos ciudadanos abrieron «por si vienen mal dadas y el independentismo nos saca de la Unión Europea». Cuando ella falleció, en 2020, la cerré. Pensé que ya no iba a hacer falta.

«La independencia de la política y la profesionalidad de sus directivos salvó a La Caixa durante la crisis de 2008»

La Caixa lleva más de un siglo tratando con clientes como mi madre. Saben sus directivos y empleados que la confianza de la clase media es sagrada. A la primera duda sobre la solvencia, el ahorrador se planta en la oficina dispuesto a llevarse su dinero a otra parte. Trabajé en esa entidad durante 14 años. Por entonces -era el principio de los noventa- una pequeña caja catalana tuvo problemas al extenderse el rumor de que estaba al borde de la quiebra. Josep Vilarasau, director general de La Caixa, envió camionetas con el logo de la estrella de Miró a las oficinas de aquella entidad. Fue milagroso; las colas para retirar fondos se deshicieron. «Los clientes ven que les apoyamos y se tranquilizan», fue la explicación.

La independencia de la política y la profesionalidad de sus directivos salvó a La Caixa durante la crisis financiera e inmobiliaria de 2008. De las 300 cajas españolas que existían al comienzo del siglo XXI, sólo sobrevivieron 45, que acabaron siendo absorbidas, vendidas  o cerradas. La culpa fue de la politización. Las cajas públicas, bajo el mando de autonomías y municipios, se convirtieron en apéndices de los partidos. Los nuevos gestores olvidaron los criterios de la rentabilidad, dejaron de vigilar el riesgo de los préstamos y se lanzaron al negocio del ladrillo. 

El rescate concedido por la Unión Europea a España en 2009 para intentar impedir la quiebra del sector bancario se elevó a unos 64.000 millones de euros. Dos cajas acumulaban los mayores agujeros: CatalunyaCaixa (presidida por el socialista Narcís Serra), y Caja Madrid-Bankia (presidida por el popular Rodrigo Rato).  

El independentismo siempre ha creído que Cataluña es suya. Y, por tanto, que La Caixa y su potente Fundación Bancaria también lo son. Se equivocan. Nacida como Caja de Pensiones para la Vejez y de Ahorros, es una entidad privada desde que fue fundada en 1904 por Francesc Moragas y un grupo de notables. Nunca ha sido pública. Hoy, Caixabank es el segundo banco de España.   

El Estado cuenta con un 17% de la citada entidad, un porcentaje que procede de la inversión del FROB (Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria) en Bankia. Ese dato ha provocado que  algunos piensen que el nuevo Gobierno de Pedro Sánchez podría potenciar la vuelta de Caixabank a Cataluña. Pero es imposible, también impensable, hacerlo al margen de lo que dicte el consejo de administración, sus accionistas (600.000), los clientes (18 millones en distintas autonomías) y las reglas del mercado.

«Cualquier asalto político a las torres negras de la Diagonal provocaría el desastre»

El independentismo quiere controlar la Fundación Bancaria la Caixa -principal accionista de Caixabank, con un 32,2% del capital-. Sin embargo, cualquier asalto político a las torres negras de la Diagonal provocaría el desastre. Esa fundación, que preside el economista y banquero Isidro Fainé, invierte anualmente más de 500 millones en obra social. Su patrimonio es de alrededor de 26.000 millones de euros, invertido en distintas empresas y gestionado por el holding Criteria.

Desde 2017, más de 7.000 sociedades han sacado su sede social de Cataluña debido a la inseguridad jurídica creada por el proceso independentista. Los bancos fueron los primeros en salir: una proclamación de independencia unilateral amenazaba con dejarles fuera del marco regulador del Banco Central Europeo. Seis años después de aquel épico y fracasado 1-O, la autonomía sigue registrando más salidas que entradas de empresas.

El empresariado catalán no prevé volver a hacer mudanzas. Anda, en estos momentos, más preocupado por la inflación, los tipos de interés, los impuestos a la banca y a las energéticas, la tasa a las grandes fortunas o la subida del  IRPF a todo hijo de vecino que se gane bien la vida.

Zapatero, a tus zapatos. Políticos, a la política. Formen gobierno, pero sin presionar ni utilizar a las empresas privadas como armas arrojadizas. No son suyas. Abandonen el pressing político y fomenten la creación de empresarios y de empleo productivo.