Repartirse los roles

2024 será el año en el que los roles de las políticas monetaria y fiscal se reviertan. La favorable evolución de la inflación durante este año abre la puerta a una gradual relajación de los tipos de interés en los próximos meses. Siempre que no lo impida un shock externo de esos a los que nos tiene acostumbrados la historia reciente. En lo que se refiere a la política fiscal, el compromiso de retomar la senda de la disciplina para rebajar el déficit y la deuda públicas obliga a los gobiernos a restringir sus estímulos fiscales y retirar las medidas excepcionales tomadas para amortiguar los efectos de la inflación. Suavizar la política monetaria sin perder de vista la estabilidad de los precios y consolidar las cuentas públicas sin dañar el crecimiento serán los grandes desafíos del ejercicio que comienza.

¿Han ganado los bancos centrales la batalla contra la inflación? Si tenemos en cuenta que hace sólo catorce meses, en octubre de 2022, los precios en la eurozona se situaron en el 10,6% y en noviembre cayeron al 2,4%, uno podría concluir que sí. La evolución ha sido también muy positiva en España. En diciembre, el índice de precios al consumo (IPC) bajó a un 3,1%. Y lo que es más importante aún, la inflación subyacente (que excluye los factores más volátiles, como la energía y los alimentos no elaborados) descendió siete décimas hasta el 3,8%, la tasa más baja de los últimos 22 meses y la mitad del 7,6% que llegó a situarse el pasado mes de marzo.

A pesar de esta tendencia favorable de los precios, el Banco Central Europeo (BCE) se resiste a cantar victoria. La alemana Isabel Schnabel, miembro de su comité ejecutivo, se mostraba así de prudente: «Las cifras de inflación más recientes han hecho que un nuevo aumento de tipos sea bastante improbable». ¿Y qué hay de la bajada que todo el mundo, ya sean titulares de hipotecas, empresarios o Estados soberanos emisores de deuda, espera y desea? «Los mercados confían en que la inflación va a bajar rápidamente y, por los tanto, están descontando recortes de tipos tempranos y muy importantes el próximo año. Los bancos centrales son más cautelosos».

La cautela está justificada. Entre otras cosas, está por ver el efecto en los precios de la retirada gradual de las medidas fiscales excepcionales aprobadas por los gobiernos europeos a lo largo del último año y medio para amortiguar los efectos económicos y sociales de la crisis energética derivada de la invasión rusa de Ucrania. No es descartable que al hacerlo haya un rebote puntual de la inflación que acabe retrasando la ansiada relajación monetaria. En el caso de España, donde se han llegado a aprobar un total de siete paquetes que han supuesto un importante esfuerzo fiscal a cargo del déficit, el Gobierno anunció hace escasos días el levantamiento parcial de algunas de esas ayudas fiscales y bonificaciones y el mantenimiento de otras. 

«Suavizar la política monetaria sin perder de vista la estabilidad de los precios y consolidar las cuentas públicas sin dañar el crecimiento serán los grandes desafíos de 2024»

El importe de estas iniciativas oscila entre los 16.000 millones de euros que costó el plan de choque aprobado en marzo de 2022, a los cerca de 6.000 millones en que se cifra el último plan anunciado esta semana por el Ejecutivo. Fue la nueva vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, la encargada de hacerlo horas antes de convertirse en vicetodo. Montero asegura que el coste fiscal de la prolongación de algunas de estas medidas, como la extensión de las bonificaciones al transporte público y la supresión del IVA a los alimentos básicos, no es incompatible con el compromiso adquirido con Bruselas para reducir el déficit público al 3% del PIB en 2024. 

España ha cerrado su presidencia de turno de la Unión Europea con un acuerdo para reestablecer el pacto de estabilidad, que limita al 3% del PIB el déficit y al 60% la deuda, en suspensión desde marzo de 2020 para poder hacer frente a las consecuencias económicas de la pandemia. Con un déficit estructural (al margen del ciclo) que se resiste a bajar el 4% del PIB y una deuda que no ha parado de crecer y que en términos de PIB se sitúa en el 110%, conseguir esos objetivos no será tarea fácil. La adopción tarde o temprano de medidas impopulares parece inevitable.

Los presupuestos de 2024, que prepara el departamento de Montero, deberán ajustarse a las nuevas reglas fiscales europeas. Por parte de los gastos, hay varias partidas inamovibles (pensiones y servicio de la deuda) y compromisos alcanzados por parte del Gobierno con sus socios de investidura que dificultan el cumplimiento de ese objetivo. La actualización de las pensiones con el IPC ha elevado en 15.8000 millones de euros el gasto total con respecto a 2022 (más de un 10%). Por ser el mayor aumento anual de la historia que además triplica el ritmo de crecimiento registrado a lo largo de los últimos 15 años, Funcas lo identifica como el dato del año. La Fundación, referente en el ámbito de las previsiones económicas, advierte que en 2024 esta partida podría aumentar en otros 10.000 millones. Y la evolución demográfica sólo engordará esa factura.

La carga de la deuda no le va a la zaga. Los tipos del bono a 10 años español, que a mediados de 2019 se situaban por debajo del 0,5%, han llegado a subir por encima del 4% en 2023. La rentabilidad que demandan los inversores para financiar nuestro déficit se ha multiplicado por ocho. Como resultado, la factura del pago de intereses de nuestra deuda no para de subir. En octubre pasado el Gobierno reconoció que pagará casi 37.000 millones de euros en 2023, 9.600 millones más que en 2022 y muy por encima de los 28.000 millones que costaron las prestaciones por desempleo.

Y la otra gran incertidumbre es el precio final que supondrá extender la condonación de la deuda pactada con ERC a cambio de la investidura al resto de las CCAA en un porcentaje similar. Perdonar el 20% a Cataluña costará algo más de 15.000 millones a los contribuyentes. Aplicar esa quita al resto de los territorios podría elevar esa factura a 45.000 millones. 

El aumento de esos gastos no se verá compensado por un incremento de los ingresos. Más bien al contrario. El debilitamiento de la actividad económica en 2024 reducirá la recaudación fiscal. Frente al 2,4% que aumentará el PIB en 2024, el Banco de España estima que lo haga en un 1,4% este año.

Para encajar ese difícil rompecabezas, Pedro Sánchez ha depositado toda su confianza en el binomio que representan la vicepresidenta Montero y el nuevo ministro de Economía, Carlos Cuerpo. Aquí también se trata de repartirse los roles. Ella juega un papel más político. Capaz de entenderse con las fuerzas destituyentes que sostienen a Sánchez en el Gobierno, desde Junts a Sumar e incluso el escindido Podemos de Ione Belarra, su capacidad para negociar con ellos será clave para sacar los presupuestos adelante y por tanto asegurar la legislatura. Y un Carlos Cuerpo, de perfil técnico y más ortodoxo, que ha jugado un papel importante en la redacción de las nuevas reglas fiscales acordadas este mes en Bruselas. Destinado a hacer de contrapeso a las promesas populistas o de más carga ideológica que salgan del Gobierno para dotar de credibilidad las decisiones de política económica del Ejecutivo ante Europa. Veremos si funciona. 

Feliz Año Nuevo a todos.