El Estado, cachito a cachito
«La subasta sigue, y seguirá siempre y cuando Pedro Sánchez lo necesite. Poco a poco, el presidente va normalizando lo que debería ser excepcional»
Ilustración de Alejandra Svriz.
Según la organización estadounidense Citizens Against Government Waste (Ciudadanos contra el malgasto del dinero público), el término pork barrel es la «financiación nacional de programas gubernamentales cuyos beneficios económicos se concentran en una zona concreta, pero cuyos costes se reparten entre todos los contribuyentes». La organización elaboró siete criterios según los cuales un gasto público puede calificarse de pork barrel: 1) Solicitado por una sola Cámara, 2) No es autorizado específicamente, 3) No se ha concedido competitivamente, 4) No lo ha prometido el presidente, 5) Supera con creces los presupuestos del año anterior 6) No es debatido en sesiones en el Congreso, 7) Sirve solo a un interés local o particular.
Parece una lista de las concesiones que está haciendo el Gobierno de Sánchez al independentismo. Solo falta un punto 8: «Se hace por siete votos para una investidura». En España la estrategia del pork barrel ha existido siempre. Y siempre ha habido una actitud generalizada de chantajismo, oportunismo, proyectos cuya motivación es la continuación en el poder del líder que los propone o regalos a sus socios. Pero el sanchismo ha sofisticado e institucionalizado esa idea. Ya no es una consecuencia no buscada sino el principal objetivo y motivación del político contemporáneo. Cuando se habla de la catalanización de la política española, se suele hacer referencia a la polarización, a la división en dos bloques, la histeria. Pero la catalanización es también la extensión de la lógica de que el político acude al Parlamento no para servir al bien común sino para traer a casa logros particulares, aunque sean a costa de lo colectivo.
Hoy los diputados tienen una concepción de la política exclusivamente extractivista: acuden a la Cámara de representación nacional para reivindicar o exigir o cumplir con sus intereses locales. De ahí surge la tendencia de crear partidos nacionalistas o regionalistas. No se crean por una vocación federalista, sino particularista: qué hay de lo mío. Un buen ejemplo fue una petición hace un par de años del entonces presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, que amenazó a Pedro Sánchez así: «Si en 15 días no aparece en el BOE la licitación del tren, no hay voto» Ese tipo de prácticas las hemos visto sobre desde partidos independentistas y nacionalistas. Y quizá la diferencia con el pasado es que hoy la única garantía de supervivencia, y el incentivo más lógico para el diputado contemporáneo, es la táctica del «qué hay de lo mío».
«A Junts la gobernabilidad de España le da absolutamente igual; es más, aspira a lo contrario, al despiece del Estado»
Lo hemos visto esta semana con las concesiones que ha dado el Gobierno a Junts para que aprobara varios decretos ley. Y da la sensación de que va a ser la tónica de la legislatura: cada nueva votación, una nueva concesión. Porque está claro que a Junts la gobernabilidad de España le da absolutamente igual; es más, aspira precisamente a lo contrario, al desgaje y despiece del Estado. En su intervención parlamentaria antes de la votación, la portavoz de Junts Míriam Nogueras dijo: «Nosotros estamos aquí por Cataluña, no por ustedes ni por el Reino» (la misma idea que expresó en 2020 la diputada de ERC Montserrat Bassa cuando dijo: «Me importa un comino la gobernabilidad de España»).
Esta sensación de que hay una subasta, que el Gobierno está de rebajas y va vendiendo cachito a cachito el Estado, tiene un efecto muy perverso. Transmite la idea de que no hay otra manera de hacer política y de que la única forma de obtener algo es mediante el chantaje. Y estamos viendo ya eso con respecto a las concesiones que ha dado el Gobierno a los independentistas. Sánchez ha pactado con Junts la transferencia de las competencias de inmigración a la Generalitat de Cataluña. Y un día después, el PNV se ha puesto celoso y ha pedido lo mismo. Y, a su vez, el Gobierno de Canarias, una comunidad especialmente preocupada por la inmigración, ha mostrado su preocupación ante esta propuesta, que va en contra de la idea de que la cuestión de la inmigración, sobre todo en un país que tiene fronteras exteriores de la UE de la debe abordar estatalmente y con la Unión Europea. (Otra cuestión importante es si esta cesión es realmente viable o si es un engaño del PSOE a Junts, que se ha querido dejar engañar para vender a su electorado una victoria en un tema soberano).
La subasta sigue, y seguirá siempre y cuando Sánchez lo necesite. Poco a poco, el presidente va normalizando lo que debería ser excepcional.
