¿Por qué y para qué pagamos impuestos?

La convulsiva vorágine en la que diariamente se mueve la política española impide que los españoles nos preguntemos y nos respondamos de modo tranquilo sobre cuestiones que afectan de manera esencial a nuestra vida en común, al modo de organización social en el que nos desenvolvemos. Y una de ellas es el fenómeno tributario. La vorágine es algo tan presente e intensa en el día a día que raro será que un ciudadano normal se pare a pensar detenidamente por qué han de existir los impuestos y para qué sirven. Y ante esta realidad, el elevado adoctrinamiento socializante que inunda y contamina a la sociedad provoca que la generalidad de los individuos considere los impuestos como algo molesto pero inevitable. Pues no es así, cuando menos no en la cuantía en la que se nos exigen.

Comenzando por lo obvio, es cierto que la inevitabilidad de los impuestos trae su origen en la existencia del Estado que los precisa para financiarse y financiar sus políticas. Salvo que se preconice la ausencia de Estado, posición socialmente marginal, ha de aceptarse la existencia del impuesto. Utilizando el mismo razonamiento, a más Estado, más impuestos. Y es aquí donde hay que empezar a cuestionar la dimensión del fenómeno. ¿Todos queremos que se nos detraiga tanto para financiar el dinosaurio en el que se ha convertido el Estado? Para responder debe valorarse si queremos que el Estado haga todo lo que hace y, en su caso, que lo haga tal y como lo hace. No es un juego de palabras, es el planteamiento racional necesario para respondernos a la pregunta que ha sido formulada. 

No hay manera más sencilla de desarrollar lo anterior que acudiendo a cualquier ejemplo concreto y entre los posibles, voy a elegir uno que nos es muy próximo a todos como es el caso de Radio Televisión Española. Lo es pues todos vemos la televisión y todos escuchamos la radio por lo que estamos en condiciones de poder opinar si queremos o no que con nuestros impuestos se pague el funcionamiento de RTVE. De entrada, se trata de un servicio que resulta suministrado sin problema alguno por el sector privado por lo que no estamos ante un supuesto en el que sea necesario la actuación del Estado.

Junto a ello nos encontramos con el consuetudinario problema de la ineficiencia del Estado en la provisión de bienes y servicios, circunstancia que en el caso considerado es objetivamente cierto y estadísticamente demostrable, es suficiente con detenerse en determinadas cifras. RTVE dispone de una plantilla de 6.500 empleados mientras que sus dos competidores más directos, Atresmedia y Mediaset, cuentan entre ambos con solo con 4.000. Para suministrar el mismo servicio, la empresa pública requiere de muchos más medios humanos que las privadas. Esta ineficiencia supone un coste en forma de la subvención estatal que recibe RTVE —del orden de 1.000 millones de euros por año— a la que debe añadirse sus pérdidas de explotación anuales.

«La pertinaz subjetividad de los informativos de TVE y de RNE, siempre a favor del Gobierno de turno, es incuestionable»

Podría argumentarse que por su carácter público RTVE ofrece un plus de objetividad en su faceta informativa que está ausente en sus competidoras privadas, pero no es cierto. La pertinaz subjetividad de los informativos de TVE y de Radio Nacional, siempre a favor del Gobierno de turno, es incuestionable. Y siendo cierto que el subjetivismo también está presente en los medios privados, no puede negarse que el consumidor puede elegir el que más le guste entre ellos. Aquellos que consideran que La Sexta es una fábrica de manipulación informativa pueden optar por no verla sin tener que asumir el coste de su existencia y mantenimiento. Lo mismo puede predicarse de los que opinen que la COPE tiene una orientación sesgada pues tampoco han de escucharla ni financiarla. Sin embargo, el coste de la ineficiencia económica y de la permanente manipulación de RTVE hemos de pagarla sí o sí. Y para eso nos cobran impuestos.

Personalmente lo tengo muy claro, claridad que en buena parte me viene de los años en los que como presidente de la SEPI me correspondió ejercer un cierto control de las cuentas económicas de RTVE. Lo diré sin recato: la mejor televisión y radio pública es la que no existe. Sin perder un ápice de pluralidad informativa, con su desaparición nos ahorraríamos bastante más de 1.000 millones de euros al año y seguiríamos teniendo una oferta de productos audiovisuales amplia y diversa. ¿Para qué necesitamos a RTVE?

Sin embargo, por aceptar sumisamente que el Estado sea tan grande como es nos toca pagar impuestos para financiar el engendro de RTVE que, además, es el paraíso de los sindicatos de la empresa pública. Paraíso en el que la dimensión del poder sindical es directamente proporcional a la diferencia de productividad entre el Estado y la empresa privada.

Valga RTVE como ejemplo. Pero existen muchos más y muchos de ellos tan sangrantes o más como el expuesto. Por eso estoy convencido que aquel día en el que los españoles sean adecuadamente conscientes del destino completo, real y detallado de lo que se financia con los impuestos que se les exigen se colocará la primera piedra de la revolución fiscal que se necesita. Mientras el valor dominante siga siendo el resultado del adoctrinamiento socialistoide que les hace creer que la sobreimposición que sufrimos es necesaria para mantener el bienestar social, seguiremos siendo un pueblo dominado por los nuevos señores feudales, esos que nos envían a los reestablecidos sheriffs de Nottingham para que nos vacíen los bolsillos.