Sánchez debe seguir pagando
«Con la necesidad del presidente de contar con los votos del prófugo y con la falta de escrúpulos de ambos, es posible la fijación y el pago de cualquier precio»
Ilustración de Alejandra Svriz.
La penúltima petición ¿exigencia? de Junts a Sánchez consiste en que el Gobierno sancione a aquellas empresas que habiendo salido de Cataluña no regresen a la región. La barbaridad es mayúscula porque ¿cuál sería el ilícito que debiera tipificarse para aplicar la sanción? ¿Haber utilizado la facultad empresarial de fijar su domicilio libremente? Eso supondría reducir la libertad de las empresas afectadas, por ende la libertad de empresa y por lo tanto la libertad, nada nuevo con este Gobierno.
A estas alturas del partido no puede sorprender en exceso que los de Puigdemont desbarren tanto y aunque tampoco sorprenda demasiado, sí resulta vergonzoso que desde el Gobierno no se haya señalado inmediatamente la barbaridad jurídica y económica de semejante petición. Nada ha dicho al respecto ese ministro de Economía que para serlo declaró que la condonación de deuda a la Generalitat reforzaría la credibilidad de la deuda del Reino de España, ¡ojo al dato! Tampoco se ha manifestado sobre el tema la vicepresidenta primera del Gobierno más allá de balbucear una infantil y asimétrica lección de lo que es una negociación pues, según ha intentado explicar, para ella negociar consiste en que unos pidan y otros den. Se ve que su escorado aprendizaje obedece a lo escorado de su praxis negociadora con los socios del Gobierno.
La realidad es que Sánchez debe pagar un precio si quiere que los de Puigdemont voten a favor de la convalidación de los tres decretos-leyes que propone hoy en el Congreso. De ahí que nadie del Gobierno se haya atrevido a enjuiciar la barbaridad solicitada por Junts porque con Sánchez, con su necesidad de contar con los votos del prófugo y con la falta de escrúpulos de ambos, es posible la fijación y el pago de cualquier precio.
Cierto es que el final de la negociación puede suponer que el precio fijado por Junts se sustituya por la aprobación de incentivos fiscales para las empresas que huidas ayer de Cataluña vuelvan mañana al redil catalán. Sería cambiar una barbaridad por otra que, además de ser técnicamente injustificable, resulta discriminatoria pues el perímetro de las empresas que podrían acogerse al incentivo estaría predeterminado de manera subjetiva, resultando positivamente discriminadas las empresas que participaron del éxodo y negativamente tanto las que no lo hicieron como las que ni siquiera podrían hacerlo por no residir antes en Cataluña. También se comenta en los medios como factible que para arrendar el voto de los de Junts María Jesús Montero ofrezca la cesión a Cataluña de algunos de los nuevos impuestos creados por el Gobierno de Sánchez —contra la banca, contra las energéticas, contra los «ricos»—. Otro disparate que supondría modificar el actual esquema de regímenes fiscales para junto a los dos existentes, el foral y el común, instaurar un tercero específico y exclusivo para Cataluña. En fin, cualquier cosa cabe esperar.
Y estamos solo en el comienzo de la legislatura. No es posible imaginar ahora el contenido y alcance del conjunto de los futuros precios que va a tener que pagar el Gobierno para sacar adelante las sucesivas votaciones que van a realizarse en el Congreso de los Diputados. Pero visto lo que se está cociendo, debemos estar preparados para sufrir que antes o después y mediante las múltiples negociaciones parlamentarias que en esta legislatura van a realizar sus huestes -unos dan, otros piden- vayan resultando alternativamente atropellados los principios de ética, de justicia, de rigor, de técnica y de igualdad.
«No es posible imaginar ahora el alcance de los precios que va a tener que pagar el Gobierno para sacar adelante las votaciones»
Lo cierto es que los catalanes debieran «hacérselo mirar» como ellos dicen porque sus dirigentes políticos llevan años dedicándose primero a «hacer país», modo encubierto de referirse a lo que estaban preparando, después a ejecutar «su procés», y últimamente a arrancarle a Sánchez la impunidad, indultos y/o amnistía, para los que delinquieron en la citada ejecución. Y entre hacer país, ejecutar el procés y arrancar la impunidad, se han olvidado de gestionar a Cataluña y a su economía. Así les va. Para observarlo, basta comparar sus principales ratios económicos con los correspondientes a la Comunidad de Madrid.
Ya es sabido que en 2017, la Comunidad de Madrid arrebató a Cataluña el liderazgo entre los PIB regionales, liderazgo que mantiene desde entonces. Es también significativo el diferente perfil que muestran las cuentas públicas de ambas regiones, pues el déficit público de la Generalitat —1,5% de su PIB— más que duplica el existente en la CAM —0,6%—. Algo semejante sucede con la deuda pública pues Cataluña debe 85.600 millones de euros —un 31% de su PIB— en tanto que la deuda de Madrid se limita a 36.300 millones de euros —un 13% de su PIB—. Y es significativo que el mayor déficit y la mayor deuda comparativos de Cataluña coexisten con una mayor exigencia impositiva a los catalanes que a los madrileños. Así sucede en el IRPF, en el Impuesto de Transmisiones y en el de Sucesiones y Donaciones, amén de que en Cataluña existen varios tributos propios y en Madrid ninguno. Para que luego digan los fiscofílicos que la reducción de impuestos no tiene efectos económicos positivos.
Pero la superioridad de Madrid sobre Cataluña no finaliza solo en los datos expuestos hasta ahora alcanzando también a otros indicadores de carácter social. A modo de ejemplo, el porcentaje de fallecimientos por habitante con motivo de la covid fue mayor en Cataluña que en Madrid. Otro sí digo, el envejecimiento —porcentaje de la población que representan los mayores de 64 años— entre los residentes catalanes también supera al existente en la comunidad madrileña. Con todos estos mimbres, económicos o no, unidos al apartheid lingüístico, no cabe extrañarse del éxodo de las antiguas empresas catalanas. La tropelía de intentar revertirlo mediante la imposición de sanciones a las que no opten por el arrepentimiento o de cubrir de incentivos fiscales solo a las que se arrepientan no resolverá el problema de fondo.
