Usurpadores inconstitucionales
«El fin de la mayoría progresista de Pumpido no se agota en procurar amparo al Gobierno, sino que busca suplantar al Poder Judicial, corrigiendo sus sentencias»
Ilustración de Alejandra Svriz.
Hasta no hace demasiados años, yo era de las que sostenían que nada es blanco o negro en lo que al Derecho se refiere, sino que existen distintas tonalidades de gris, de ahí los debates entre juristas a la hora de interpretarlo y aplicarlo. Ahora todo es rojo. Rojo PSOE, concretamente. Desde el asalto y toma del Tribunal Constitucional por parte del sanchismo que se consumó en diciembre de 2022, cualquier español, ya sea lego o experto, puede anticipar el sentido del fallo de sus sentencias y la distribución de votos: siete a cuatro en favor de la interpretación más conveniente para la izquierda en general y el Gobierno de coalición en particular.
Todas las líneas rojas se han desvanecido en nuestro país. La sensación imperante en los corrillos y conversaciones entre los juristas no afectos al sanchismo es la de que todo vale, porque el término «inconstitucional» ha sido vaciado de contenido, desnaturalizado. Hasta tal punto llega la degradación que hoy ya podemos afirmar sin miedo a equivocarnos que el objetivo de la mayoría progresista de Pumpido no se agota en procurar amparo al Gobierno cuando sea menester, sino que lo que verdaderamente persiguen es suplantar al Poder Judicial, corrigiendo sus sentencias. Y esto es algo que, aunque constituye una auténtica usurpación de funciones no amparada por nuestra Carta Magna, me temo que ha llegado para quedarse, pues encaja perfectamente con el espíritu constructivista que inspira y guía a los magistrados progresistas del Tribunal de Garantías.
El uso alternativo del Derecho que tanto agrada a los postmarxistas se ha constitucionalizado en la sentencia que ampara al que fuera diputado de Podemos, Alberto Rodríguez, al que no sólo «absuelve» de la pena de prisión y de inhabilitación enmendando al Supremo, sino que lo hace estimándole la demanda por cuestiones distintas a las planteadas por el propio demandante en su escrito.
Efectivamente, mientras que el que fuera miembro de la formación morada planteó la desproporcionalidad de la pena impuesta por la pérdida de su condición de diputado en aplicación del art. 6 de la LOREG, la magistrada ponente declara desproporcionada la pena de prisión y la de inhabilitación especial para el sufragio pasivo impuesta por el Alto Tribunal, sustituyéndola por la de multa. Vamos, que para «reconstruir» la sentencia del Supremo, María Luisa Segoviano —que no es juez de carrera— no ha dudado en «reconstruir» también la demanda de amparo, estimándola así por motivos distintos a los que ésta plantea. Un dislate de proporciones bíblicas y de consecuencias tan incalculables como inasumibles.
«El progresismo constitucional ha asumido una suerte de patente de corso para transfigurar con sus resoluciones nuestra Carta Magna»
Miren, cuando yo estudié la licenciatura de Derecho, nos explicaban que el Tribunal Constitucional no forma parte del poder judicial (la mitad de sus miembros no provienen del mundo de la judicatura) y que ejercía un control externo respecto a las sentencias dictadas en última instancia por los tribunales, limitado a declarar las vulneraciones de derechos fundamentales solicitadas por los demandantes de amparo siempre que estos acreditaran previamente el interés constitucional de su petición. Esto quiere decir que el Constitucional no es una instancia casacional que pueda arrogarse funciones que sólo corresponden al órgano sentenciador, en el sentido de corregir o modificar aspectos del fallo. Todo eso que yo aprendí ha quedado en nada desde el momento en el que el progresismo constitucional ha asumido que goza de una suerte de patente de corso no sólo para transfigurar con sus resoluciones nuestra Carta Magna, sino también las sentencias emanadas de un poder judicial que, a diferencia del Constitucional, no ha renunciado a su misión de contrapoder.
Los siete de Pumpido no sólo han usurpado a los jueces la potestad exclusiva de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado, sino que también nos han arrebatado a los españoles la posibilidad de decidir qué queremos que sea España en el futuro a través de los correspondientes procesos de reforma constitucional. Mientras tanto, la sociedad asiste impasible. Por lo menos no gobierna la derecha (sic).
