La Comisión de Venecia y la amnistía
«Mantener que el borrador de opinión de la Comisión de Venecia sobre la ley de amnistía apoya la tramitación de ésta es un puro ejercicio de manipulación. Al contrario, seguir las indicaciones de la Comisión obligaría a retirar la proposición de ley»
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el expresident catalán Carles Puigdemont. | Ilustración: Alejandra Svriz
Este viernes se filtró el contenido del borrador de informe de la Comisión de Venecia sobre la ley de amnistía que se está tramitando en las Cortes españolas.
La filtración no debería haberse producido; pero, siendo ya conocido el texto, es inevitable el debate sobre el mismo. Un debate que puede tener varias dimensiones, puesto que el informe, una vez aprobado, transciende el supuesto concreto que lo motivó y resultará relevante para el tratamiento de cualquier caso de amnistía que pueda darse en el mundo. En España, sin embargo, y como es lógico, nos detendremos más en aquello que se refiere específicamente a la proposición de ley de impunidad (más que de amnistía) que presentó en noviembre el grupo socialista. Y, más allá de los matices, en una pregunta concreta: ¿avala o no la Comisión de Venecia la actual propuesta?
La respuesta es sencilla: no; y ello por varias razones.
La más clara, porque el texto del dictamen dice que la vía de urgencia no es la adecuada para una ley de amnistía. Dado que la proposición se está tramitando como urgente, lo lógico sería, aunque nada más fuera por esto, retirar la proposición de ley y empezar de nuevo el procedimiento legislativo.
Y no empezarlo con una proposición de ley; sino con un proyecto de ley; porque en el borrador de informe también se dota de relevancia al hecho de que en la tramitación se produzca un debate lo más rico y amplio posible; teniendo en cuenta los diversos informes que han de acompañar a un proyecto de ley y que están ausentes en las proposiciones de ley.
Pero antes de iniciar de nuevo el procedimiento de tramitación de la ley, la Comisión de Venecia aconseja que se produzca una reforma constitucional a fin de clarificar la admisibilidad (o no) de la medida, dado el debate existente sobre este punto.
Así pues, del dictamen resulta que habría que reformar la Constitución y tramitar la ley por una vía diferente a la que se está siguiendo.
Lo anterior en cuanto a la forma; en lo que se refiere a la justificación de la amnistía, el dictamen no descarta que, en abstracto, la búsqueda de la reconciliación nacional y la restauración de la paz social puedan ser objetivos legítimos de una ley de amnistía; pero pone en duda que en concreto esta sea la situación que justifica esta concreta ley de amnistía, dado el profundo debate existente y la división que se ha producido en la sociedad. En definitiva, tal y como se ha venido repitiendo durante los últimos meses, una ley de amnistía solamente podría ser admisible -si la Constitución lo permitiera- en caso de un consenso social que ahora no existe.
«El dictamen no descarta que, en abstracto, la búsqueda de la reconciliación nacional y la restauración de la paz social puedan ser objetivos legítimos de una ley de amnistía; pero pone en duda que en concreto esta sea la situación que justifica esta concreta ley de amnistía»
Además de lo anterior, la Comisión recuerda que las amnistías tienen que hacerse de forma inclusiva, considerando a las víctimas y con una asunción de responsabilidad por parte de quienes se beneficiarían de la medida. Como es obvio, este aspecto está completamente ausente en el caso español, en el que el desprecio a las víctimas es absoluto y los que van a ser amnistiados, lejos de mostrar arrepentimiento, no dejan de repetir que volverán a hacerlo y que serán quienes defendieron el orden constitucional los que deberán rendir cuentas.
El borrador de opinión de la Comisión de Venecia también se ocupa de las comisiones creadas en el Congreso para fiscalizar a los jueces. En este punto recuerda la doctrina consolidada en la materia, que excluye que el poder legislativo pueda controlar el contenido de las decisiones judiciales.
Finalmente, el texto que se ha filtrado entra en consideraciones sobre la regulación concreta de la amnistía que no se corresponden con el texto que ahora tenemos, sino que parten de la propuesta original. Es por eso que no me ocuparé aquí de ello.
No creo que sea necesario, además, por lo que he señalado. Al no darse el contexto que justificaría la amnistía (consenso en la sociedad fruto de un planteamiento inclusivo que tenga en cuenta a las víctimas y parte de la asunción de responsabilidad por los delincuentes); sin que aún se haya aclarado la constitucionalidad de la medida, lo que aconsejaría, de acuerdo con la Comisión de Venecia, una reforma constitucional; y habiéndose optado por un trámite equivocado para aprobar la ley, el resumen del dictamen es que hay que dejar sin efecto lo que se ha hecho hasta ahora y volver a empezar.
Y eso que el borrador de opinión no entra -no puede entrar- en la constitucionalidad de la amnistía ni en su contradicción con el Derecho de la UE.
A la luz de lo anterior podría resultar sorprendente la reacción del Gobierno y de sus voceros, que pretenden que el borrador de dictamen apoya la ley que se está tramitando. Empleo el condicional porque a estas alturas esa estrategia de comunicación ya no puede ser atribuida a déficits en la comprensión lectora, sino al contrastado propósito de manipular que han mostrado quienes actualmente nos gobiernan.
