Querellas que no valen nada

Corrían los años noventa. El tema Promesas que no valen nada, del grupo Los Piratas no sólo copaba los primeros puestos de las listas de éxitos musicales, sino que amenazaba ya con convertirse en un himno generacional. Si por casualidad no conoce el tema, le diré que se trata de un clásico del pop rock español que versa sobre la frustración que genera la palabra vacua e inútil, la decepción que se siente ante la promesa que nace con vocación de ser incumplida.

El estribillo de aquella canción repica en mi cabeza cada vez que me asomo a la prensa y leo que este o aquel partido político, o asociación afín, ha denunciado o se ha querellado contra el protagonista del penúltimo escándalo mediático. Ministros, fiscales, hermanos, cónyuges, amigos o conocidos que, con razones o sin ellas, aparecen como señalados en denuncias o querellas sin recorrido alguno, cuya utilidad nace y muere en el titular de prensa que consigue quien la interpone aun a sabiendas de que los titulares que provocará su inevitable archivo serán mucho más contraproducentes y dañinos.

La mayoría de estas querellas estériles pretenden hacer pasar por notitia criminis meros recortes de prensa ignorando la tan reiterada jurisprudencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo: «Con carácter general, una noticia por sí sola no legitima a ningún accionante popular para convertir el relato periodístico en un relato de hechos punibles desencadenantes del proceso penal. Los juicios de valor de quien pretende ejercer la acción popular no convierten la noticia en delito».

Otras no es que no aporten sustento probatorio alguno, sino que se dirigen contra actos que no integran el tipo penal. Por ejemplo, se ha publicado estos días que el Partido Popular y una fundación afín a Vox se han querellado contra el Fiscal General del Estado al considerar que el nombramiento de Dolores Delgado como Fiscal de Sala podría ser constitutivo de un delito de prevaricación, tras haber sido aquel anulado por la Sala Tercera del Supremo al considerar que había incurrido en desviación de poder al proponerla.

Es cierto que la frontera entre ese ilícito administrativo y la infracción penal es en ocasiones borrosa, hasta el punto de que no cabe descartar que al incurrirse en desviación de poder se pueda estar también cometiendo un delito. Pero también es cierto que la jurisprudencia penal exige que la resolución administrativa posea en sí misma un efecto ejecutivo, esto es, que decida sobre el fondo, algo que excluye los actos políticos del Gobierno, así como la gran mayoría de los actos de trámite del procedimiento administrativo. Y por más que García Ortiz no sea santo de mi devoción, afirmar que él acometió el nombramiento de Dolores Delgado sería mentir: Alvarone la propuso, pero quien la nombró fue el Consejo de Ministros. Y sin acto ejecutivo, no hay prevaricación.

«Una de las reformas que cabría acometer en el proceso de regeneración democrática vendría referida a la acción popular»

Por no hablar de que todos estos ilustres querellantes y/o denunciantes olvidan conscientemente que el Supremo no es un órgano instructor. La pregunta que Vd. se estará formulando llegados a este punto es: y si saben que no tienen recorrido ¿por qué lo hacen? Pues seguramente porque algún asesor de imagen o politólogo les habrá asegurado que, mediáticamente, les favorece aparecer ante la opinión pública como los promotores de una batalla judicial contra este Gobierno que todo lo corrompe mientras desmantela la democracia sintiéndose impune. Pero convertir los juzgados en una suerte de lanzadera mediática no sólo es contraproducente, sino tremendamente dañino en esta época de señalamiento judicial en que vivimos.

Porque cuando la querella contra el fiscal general se archive, el titular no ahondará en las razones del archivo, sino que plasmará en negrita que «el Supremo avala el nombramiento de Dolores Delgado como Fiscal de Sala» o similar. Y lo mismo sucederá con tantas otras denuncias o querellas. Algo que no podemos permitirnos en estos tiempos aciagos de lawfare y amnistía, porque abona la campaña de desencanto y desconfianza de los ciudadanos hacia la justicia.

Mucho me temo que reclamar prudencia y responsabilidad a nuestra clase política es poco menos que predicar en el desierto. Pero si algo tengo claro es que una de las múltiples reformas que cabría acometer en el proceso de regeneración democrática de nuestro país vendría referida a la acción popular, concretamente a limitar la legitimación para su ejercicio. Porque siendo incuestionable que se trata de un derecho fundamental reconocido constitucionalmente, también lo es que su ejercicio por partidos políticos y sindicatos está pervirtiendo su esencia, ya que lejos de buscar justicia, a través de ella persiguen la instrumentalización del proceso para fines que le son ajenos.