Sustitución lingüística
«La Generalitat considera la escuela como una herramienta de construcción nacional en vez de un instrumento para la mejor formación de los alumnos»
El presidente en funciones de la Generalitat, Pere Aragonès.
El gobierno en funciones de la Generalitat ha aprobado el decreto sobre el régimen lingüístico en el sistema educativo no universitario.
El decreto convierte en norma reglamentaria el sistema de imposición lingüística que, desde hace cuarenta años, se practica en Cataluña. Esa imposición había operado por medio de vías de hecho, órdenes e instrucciones que tenían como finalidad el arrinconamiento del castellano en la escuela. Se había evitado plasmar esa imposición en una norma de carácter general. Seguramente, porque se era consciente de que la exclusión del castellano como lengua de enseñanza y lengua de la institución educativa era contraria a la Constitución. Ahora parece que ya no se tiene miedo a mostrar claramente que se pretende ir más allá de lo que autoriza la doctrina del Tribunal Constitucional y el respeto a los derechos lingüísticos de los estudiantes.
Para entender la gravedad del contenido del decreto tenemos que partir de cuál es el diseño constitucional de la presencia de las lenguas en la escuela. De acuerdo con éste, en las Comunidades Autónomas con más de una lengua oficial, en primer lugar, ha de garantizarse que todos los alumnos dominen las lenguas oficiales al acabar la enseñanza obligatoria. En segundo término, todas las lenguas oficiales han de ser utilizadas en el aprendizaje de las diferentes materias. No es preciso que el peso de cada lengua sea el mismo; pero no cabe excluir como lengua vehicular a ninguna que sea oficial. Finalmente, la administración educativa ha de tener como lenguas de uso (de la institución, si se quiere) las oficiales, de manera que todas ellas sean usadas con normalidad.
Frente a lo anterior, el decreto de régimen lingüístico establece que es el catalán (y solo el catalán) la lengua oficial de la administración educativa (art. 16); de tal manera que será la lengua utilizada en la enseñanza (art. 4), en las comunicaciones del centro y dentro de la comunidad educativa, así como en la rotulación (art. 6). El castellano es una lengua que se aprende, pero ni es lengua oficial de la escuela ni es utilizada normalmente para la enseñanza de otras materias. En definitiva, se consagra la exclusión del castellano como lengua del sistema educativo.
No es nuevo el fondo, pero sí la forma. La claridad en la exclusión de la lengua oficial en toda España (Cataluña incluida) y mayoritaria entre los catalanes se produce, además, cuando han pasado pocos meses desde la aprobación en la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo del informe que cuestiona el sistema de inmersión obligatoria en catalán y exige el respeto de los derechos lingüísticos de los alumnos. El Gobierno de la Generalitat transmite un mensaje sin matices: no le importa ni la Constitución ni el Parlamento Europeo ni los derechos de los alumnos; pues la imposición del catalán pasa por encima de todo lo anterior.
«El nacionalismo no oculta que la escuela monolingüe en catalán es una herramienta que necesitan para compensar la mayor presencia del castellano en la sociedad»
Ante lo anterior, la pregunta que deberíamos hacernos es por qué esta contumacia en la exclusión del castellano. El español es la lengua materna de la mayoría de los alumnos. Su utilización en la enseñanza mejoraría los paupérrimos resultados del sistema educativo catalán, contribuiría a configurar una escuela más inclusiva y respondería, como hemos visto, a las exigencias constitucionales. ¿Por qué, pese a todo esto, se pretende mantener la escuela monolingüe en catalán?
La clave está en la importancia que tiene la lengua para la construcción nacionalista de Cataluña. El laborioso proceso que debería conducir desde Cataluña como región española hasta la nación catalana soberana tiene como base la lengua, con el objetivo de una Cataluña en la que se viva «plenamente en catalán»; esto es, en el que el catalán sea la única lengua conocida por todo el mundo, tal y como expresó abiertamente Gabriel Bibiloni en la Universidad Catalana de Verano hace unos años.
La escuela es un elemento esencial en ese plan. El nacionalismo no oculta que la escuela monolingüe en catalán es una herramienta que necesitan para compensar la mayor presencia del castellano en la sociedad; una mayor presencia que es lógica si tenemos en cuenta que más de la mitad de los catalanes tienen el castellano como lengua materna; mientras que tan solo un 35% son catalanohablantes de nacimiento. El objetivo es que cada vez más catalanes adopten el catalán como lengua de uso habitual, que la transmitan a sus hijos en detrimento de la lengua materna de los padres y que en los diferentes usos sociales el catalán desplace al resto de lenguas que se hablan en Cataluña, incluyendo aquí la que ahora es mayoritaria, el castellano.
Probablemente se me dirá que este es un plan condenado al fracaso; y seguramente es cierto. No hay indicios que este proceso de sustitución lingüística pueda tener como resultado que el catalán acabe ocupando la posición que ahora tiene el castellano en la sociedad catalana; pero por el camino, en su propósito de transformación de la realidad social, nos encontramos con una administración que excluye sistemáticamente al castellano y una escuela que, en vez de buscar lo que es mejor para los alumnos, da preferencia al objetivo de construcción nacional.
Me gustaría una escuela diferente. Me gustaría una escuela en la que se utilizaran con normalidad las dos lenguas mayoritarias de los catalanes, en la que los niños, como recomienda la UNESCO, aprendieran a leer y escribir en su lengua materna y fueran educados en el respeto y aprecio a todas las lenguas y, especialmente, a aquellas que son mayoritarias entre sus conciudadanos; que se acabara con la hostilidad hacia el español y en la que el objetivo fuera formar personas con amplias competencias en matemáticas, ciencias, idiomas, historia, música, geografía… una escuela que fuera reflejo de una sociedad en la que conviven diferentes lenguas y en las que el castellano no puede considerarse como una lengua extranjera o impropia, sino como lo que es: junto con el catalán, el vehículo de comunicación preferente de los que compartimos esta tierra.
Pero, claro, lo que yo defiendo es incompatible con el empecinamiento nacionalista. El debate entre lo que pido y lo que impone el decreto de régimen lingüístico en el sistema educativo no universitario es el más profundo que afecta a nuestra sociedad; porque es la confrontación entre quienes defienden (defendemos) la escuela como instrumento de formación para los estudiantes y de convivencia para el conjunto de la sociedad y quienes la conciben como herramienta de construcción nacionalista, de imposición y de exclusión.
