Amnistía, diálogo y Comisión de Venecia

El dictamen de la Comisión de Venecia sobre la amnistía insiste en la necesidad de que se produzca un profundo diálogo entre las fuerzas políticas españolas a fin de encontrar la reconciliación. Es una afirmación relevante que, seguramente, será utilizada como arma arrojadiza en los próximos días y semanas. Por mi parte, creo que hay que tomársela muy en serio; pero para ello tenemos que ver qué sentido tiene y por qué se introduce en el dictamen.

Lo primero que habría que aclarar es que la Comisión de Venecia no entra en la constitucionalidad de la amnistía. Sí, ya he leído que la secretaria segunda del Congreso, Isaura Leal, del PSOE, ha declarado que el informe demuestra que la norma es constitucional; pero esto es, directamente mentira. La Comisión de Venecia no es órgano competente para hacer un control de constitucionalidad y dudo mucho que lo haya hecho en este caso.

Lo que sí dice la Comisión de Venecia es que, en caso de que la amnistía sea constitucional, en tanto que norma excepcional que es, tiene que responder a un fin legítimo y, como no podía ser de otra forma, la búsqueda de la reconciliación nacional podría considerarse como tal. De hecho, esta búsqueda de la reconciliación tras un grave conflicto es, quizás, la justificación más obvia para una medida como la amnistía. Ahora bien, este fin tiene que ser real, no meramente formal, y el dictamen da a entender en varios puntos que existen dudas sobre si la amnistía es una medida adecuada para conseguir ese fin. La profunda división que ha generado en la sociedad española sería un indicativo de que no parece que la ley vaya en la línea de conseguir la reconciliación, sino todo lo contrario.

«Si una medida como la amnistía se defiende como instrumento de reconciliación y se aprueba con un Congreso dividido casi a la mitad y con el veto del Senado, ¿de qué reconciliación estamos hablando?»

De ahí la reiterada llamada a la búsqueda de una mayoría amplia que apoye la amnistía. Si una medida como la amnistía se defiende como instrumento de reconciliación y se aprueba con un Congreso dividido casi a la mitad y con el veto del Senado, ¿de qué reconciliación estamos hablando?

Y es aquí donde entra la llamada al diálogo. No descarto que la propaganda gubernamental intente, sobre la base del informe, exigir al PP que apoye la ley para así conseguir esa mayoría amplia que reclama la Comisión de Venecia. Como es casi seguro que lo harán, resulta necesario recordar que la apertura al diálogo no implica la obligación de estar de acuerdo con el que pide diálogo. Es decir, bienvenido sea que las diferentes fuerzas políticas intercambien puntos de vista; pero hay que estar preparados para que tras ese intercambio ninguna de ellas haya podido convencer a la otra. Y en el caso de la amnistía, si esto sucede la consecuencia sería que la ley no podría salir adelante, al menos si se hace caso a la Comisión de Venecia, que pide amplias mayorías para la aprobación de una ley como ésta. Es el Partido Socialista quien debe esforzarse en encontrar esos apoyos amplios y, en caso de no conseguirlos, admitir que la ley de amnistía es una ley divisiva que no cumple con los requisitos que plantea la Comisión de Venecia.

Si yo fuera el PP (y resto de fuerzas políticas que no forman parte de la «mayoría de progreso») admitiría ese diálogo, y haría que girara, precisamente, sobre las recomendaciones de la Comisión de Venecia.

Así, en primer lugar, como no hay una previsión constitucional sobre la posibilidad de amnistía, lo primero que habría que pactar es una reforma constitucional que aclarara si las amnistías son posibles y, en caso de serlo, a través de qué procedimiento. En tanto no se produjera esa reforma que nos diera seguridad a todos no creo que fuera conveniente continuar con el diálogo sobre «esta» amnistía.

Tras resolver el tema constitucional, entrando ya en la concreta amnistía que nos ocupa, sería necesario detenerse en lo que indica también el informe de la Comisión de Venecia: los culpables han de asumir su responsabilidad y las víctimas han de ser escuchadas. Sería conveniente, tras resolver la regulación constitucional de la amnistía iniciar un proceso de reconciliación en el que fueran escuchados todos los afectados y en el que quienes van a ser amnistiados asuman su responsabilidad.

Superadas esas fases, podemos entrar en la regulación concreta; y aquí la Comisión de Venecia también aporta ideas interesantes. Así, insiste en que el ámbito temporal de la amnistía es excesivamente amplio y, además, no se determina adecuadamente el vínculo de conexión entre los hechos amnistiados y las consultas de los años 2014 y 2017. Además, y esto es especialmente relevante; el informe insiste en que las amnistías no pueden estar dirigidas a amparar a individuos concretos y la ampliación del ámbito temporal de aplicación de la amnistía aprobado en los últimos días, sin que exista justificación para ello, hace dudar de que aquí no estemos ante un caso de amnistía ad personam. Esto es una medida de gracia individual que pretende cubrirse fraudulentamente mediante una ley de amnistía.

La Comisión de Venecia no puede ir más allá de lo anterior, pero creo que no es ningún secreto para nadie que la ley que se está tramitando es un traje a medida para el señor Puigdemont. De hecho, quien la está redactando es el propio amnistiado. Por este lado, creo que tenemos un serio problema de legitimidad de la norma.

Pero aún hay más. En el dictamen se deja caer que la Comisión Europea ha indicado que no todos los delitos de terrorismo cubiertos por la Directiva 2017/141 están excluidos de la amnistía. Esto puede ser un problema grave, porque nos está indicando que, a juicio de la Comisión Europea la ley no es compatible con el Derecho de la UE. Quizás fuera necesario dialogar también sobre esto.

El Gobierno ya ha comenzado a lanzar el bulo de que la Comisión de Venecia ampara su texto e, incluso, que confirma su constitucionalidad. Cualquier cosa vale para la propaganda, efectivamente; pero lo cierto es que del informe lo que se desprende es que la ley carecerá de legitimidad si no es apoyada por una amplia mayoría; que presenta indicios de ser una norma pensada para resolver problemas concretos de personas individuales, que no se está tramitando por el cauce adecuado, que tiene límites temporales y materiales excesivamente amplios y que la Comisión Europea considera que vulnera la Directiva sobre delitos de terrorismo. Casi nada.

Eso sí, dice que las amnistías, en sí, no quiebran la separación de poderes. No podía esperarse otra cosa de un dictamen que aunque se ocupe de una ley española sentará una doctrina que ha de tener validez universal; pero esa compatibilidad de la figura de la amnistía con el Estado de derecho nada dice ni de su compatibilidad con la Constitución española ni con el Derecho de la Unión Europea y, en lo que se refiere a esta amnistía, las deficiencias que se advierten son de un enorme calado; aunque lo más relevante es que el dictamen deja claro que una ley de amnistía, si quiere ser legítima, debe tener un amplio apoyo social, no ser fuente, precisamente de división.

Y, finalmente, el dictamen también rechaza que los jueces puedan ser llamados al Congreso para que den explicaciones de sus sentencias. Esto último sí que atentaría contra la división de poderes.

Sé que hay que hacer el esfuerzo de leer los textos y seguir los argumentos, pero como sociedad tendríamos que decir un rotundo «no» a la propaganda y a la tergiversación.