El poder desencadenado y el Tribunal Constitucional
«Por eso todos tenemos que vigilar y denunciar los abusos del poder y la destrucción de sus límites, vengan de donde vengan»
Tribunal Constitucional. | Alejandra Svriz
La principal diferencia entre autocracias y democracias es la existencia de límites del poder. Hasta ChatGPT pone como primer elemento diferencial la separación de poderes (las elecciones aparecen en segundo lugar). Tampoco es nada nuevo: poco después de la revolución francesa Constant advertía que las tiranías de los monarcas absolutos hicieron pensar que el problema estaba en el ejercicio del poder por una sola persona, cuando estaba en el poder mismo: «El poder, siempre activo, siempre inquieto, derriba uno tras otro todos los diques que se le oponen y penetra en todas las parcelas de la esfera individual». Para evitarlo se diseñó el sistema de separación de poderes y la idea de los «checks and balances». Pero parece que no nos lo terminamos de creer, pues seguimos escuchando a políticos que niegan la legitimidad de los jueces (o del Rey) por no ser elegidos democráticamente, como si no entendieran su papel en el sistema.
En realidad, estas declaraciones no son más que otro golpe del poder en su incansable labor de zapa de los diques que lo contienen. Podríamos poner ejemplos de esas acciones respecto de la Justicia, la Fiscalía General o los organismos independientes. El último ha sido nombrar un Ministro como Presidente del Banco de España, con lo que se intenta controlar ese órgano y de paso se transmite el mensaje de que para acceder a los grandes cargos el camino es la conexión política.
Me centro en el Tribunal Constitucional porque el informe que hoy mismo presenta la Fundación Hay Derecho demuestra con datos como el poder está debilitando este dique fundamental. Fundamental porque la Constitución es el límite del poder legislativo, sin el cual podría aprobar leyes contra las minorías o los derechos fundamentales. La Constitución es el marco de consenso en el que todos podemos vivir -y por eso se aprueba y reforma por mayoría reforzada y procedimientos especiales-. Dentro de él caben distintas políticas, pero siempre han de respetar unos derechos y unos procedimientos que son garantía para todos. El Tribunal Constitucional es el que controla que ese marco no se excede por el legislador.
Pues bien, resulta que el informe comprueba una progresiva politización del Constitucional, que puede impedir su funcionamiento como freno al poder. El punto álgido se produjo con los últimos nombramientos por parte del PSOE en diciembre de 2022: Juan Carlos Campo, ministro de justicia hasta julio de 2021, y Laura Diez, Directora General del Ministerio de Presidencia hasta abril de 2022. El informe de Hay Derecho aporta más datos, que prueban que estos dos casos escandalosos son la culminación de un camino trágico para este órgano. Actualmente, 8 de los 12 magistrados (66%) han ostentado con anterioridad cargos públicos para los que fueron designados por los partidos políticos. La media hasta ahora era del 33%, y la tendencia al alza es exponencial a partir de 2016. No hay visos de cambio: el recientemente nombrado, Jose María Macías, era miembro del CGPJ designado por el PP. El informe también comprueba que el tiempo entre el ejercicio del cargo político y el nombramiento como magistrado es cada vez menor.
«Si no es un guardián objetivo de la Constitución, es como si no existiera ese marco aceptado por todos, y se corre el riesgo de que los contrarios al Gobierno consideren que su actuación no es legítima, por libres que hayan sido las elecciones»
Las consecuencias de esta invasión del Constitucional por los partidos también se pueden medir. Una de ellas es que los magistrados sencillamente no pueden ejercer su función: Juan Carlos Campo ha debido abstenerse en decenas de asuntos -solo el Auto 62/2023 le ha obligado a hacerlo en 19 asuntos-. Más grave aún es la creciente politización de las decisiones: mientras que en el año 2022 solo el 8% de las sentencias habían sido votadas por bloques formados por los designados por PP y PSOE, en 2023 han sido el 29% -en realidad, es del 100% en los asuntos políticamente sensibles-.
Pero el daño va mucho más allá. La situación afecta a la moral de los jueces, que ven como el acceso a los puestos más altos parece depender fundamentalmente de la conexión con el poder: puede desmoralizar al que no está dispuesto a ceder y amoralizar (corromper) al que se presta al juego y renuncia a su independencia. Más grave aún es el efecto sobre los ciudadanos, que pierden la confianza en que el Constitucional garantiza ese marco común. De la confianza en este tribunal depende la del propio sistema democrático: si no es un guardián objetivo de la Constitución, es como si no existiera ese marco aceptado por todos, y se corre el riesgo de que los contrarios al Gobierno consideren que su actuación no es legítima, por libres que hayan sido las elecciones.
Por eso todos tenemos que vigilar y denunciar los abusos del poder y la destrucción de sus límites, vengan de donde vengan, también -sobre todo- en democracia. Ya lo dijo también Constant: «El despotismo de la mayoría es quizás más temible que el de uno solo, porque no parece ser tal, y se disfraza con las apariencias de la opinión general y la voluntad del pueblo.»
