El laberinto de la vivienda
«Para combatir esta tormenta perfecta necesitaríamos una clase política capaz de renunciar al dogmatismo ideológico y a los beneficios de la polarización»
Ilustración de Alejandra Svriz.
Que el acceso a la vivienda constituye un serio problema en buena parte del país —al menos en la parte del país que prospera— resulta evidente. Es tal la disociación entre su precio y los ingresos medios de la mayoría, estancada como está nuestra productividad desde hace décadas, que procurarse un lugar donde vivir exige cada vez mayor esfuerzo financiero a individuos y familias. Asunto distinto es que nos pongamos de acuerdo sobre las causas del fenómeno o podamos llegar a conclusiones parecidas acerca de lo que deba hacerse para mitigar sus efectos.
Ahí es donde la cosa se pone fea, ya que los manifestantes del pasado domingo parecían compartir una creencia que los datos empíricos no avalan: aquella según la cual el precio de la vivienda en alquiler —¿también en venta?— puede reducirse mediante el control público. Es una creencia cuya diseminación conviene al Gobierno, ya que le sería posible «resignificar» las movilizaciones como una crítica contra las comunidades autónomas —la mayoría gobernadas por el PP— que se niegan a aplicar tales controles pese a que la Ley de Vivienda les faculta para ello.
Todo indica, sin embargo, que solo un aumento formidable de la oferta permitiría moderar el precio de la vivienda, cuyo encarecimiento continuado —antes en Málaga que en Palencia— obedece a múltiples causas que convergen en una sola: la dramática reducción del stock disponible en relación con una demanda creciente. Las razones son bien conocidas: aumento de la población (inmigración mediante) y multiplicación del número de hogares; incremento del número de compradores extranjeros, ya sean jubilados o nómadas digitales en busca de buen clima; impacto de las licencias de alquiler vacacional y por tanto del turismo de masas; inexistencia de una oferta de vivienda pública digna de tal nombre; percepción cultural de la vivienda como un bien de inversión preferible a cualquier otro; imposición de una fiscalidad que encarece el producto y dificulta de paso la concesión de hipotecas; rigidez del planeamiento urbano y ralentización de los procedimientos de concesión de licencias; limitaciones legales y objeciones estético-culturales a la construcción en altura. ¡Casi nada!
Súmese a todo ello, en lo que al alquiler se refiere, una cierta desprotección jurídica del propietario que ayuda a explicar la retirada de viviendas del mercado o la exigencia de garantías adicionales a los potenciales inquilinos. Huelga decir que tampoco estos lo tienen fácil, ya que pueden verse fuera de casa con relativa facilidad cuando su contrato ha terminado y en la puerta se agolpan —chequera en mano— los candidatos a ocupar su lugar.
«Los bajos salarios y la escasa capacidad de ahorro se dan de bruces con las garantías hipotecarias demandadas»
Si quieren comprar, se encontrarán con que no pueden disponer del dinero necesario para pagar entrada e impuestos salvo que hayan heredado; los bajos salarios y la escasa capacidad de ahorro se dan de bruces con las garantías hipotecarias demandadas tras el estallido de la burbuja inmobiliaria. Pero no nos engañemos: por mucho que los manifestantes digan que la vivienda no es un bien de mercado, necesitamos un mercado de la vivienda; aunque no sea, ni mucho menos, lo único que necesitamos.
Para que los poderes públicos lograsen combatir a medio plazo y con algo de éxito esta tormenta perfecta, necesitaríamos una clase política capaz de renunciar al dogmatismo ideológico y a los beneficios electorales de la polarización; una que estuviera dispuesta a aplicar políticas públicas basadas en la mejor evidencia empírica y asumiese mancomunadamente los costes derivados de las medidas más impopulares. Bien puede decirse que es justo lo contrario de lo que tenemos. Y no es casualidad: ¿cómo podríamos tener una clase política distinta de aquella a la que hemos ido seleccionando con nuestro voto?
